Conocida es la propuesta del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador de modificar la “reforma educativa” emprendida por el Presidente en funciones Enrique Peña Nieto. Una reforma emprendida en este sexenio que está a punto de concluir y que se inscribe en el paquete de las llamadas reformas estructurales.
El viernes 31 de agosto le tocó a Puebla ser el escenario del tercer Foro de Consulta Participativa en materia educativa. La sede: la arena en ciudad universitaria de la BUAP; presidiendo el acto el próximo Secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma; el gobernador del Estado de Puebla, Antonio Gali; el anfitrión, el rector Alfonso Esparza, así como otros invitados como el Presidente municipal Luis Banck y el próximo delegado federal.
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Muchos fueron los asistentes. Muchos los estudiantes de preparatorias de la BUAP que incluso tuvieron que ceder su lugar a maestros participantes. Muchas las voces que se escucharon, unas vitoreadas y otras abucheadas -por cierto, nada distinto de lo que presenciamos en el Congreso de la Unión con nuestros diputados y senadores en la apertura de Sesión Ordinaria.
El ejercicio que tuvo lugar en este foro de consulta estatal fue con la intención de avanzar en un Acuerdo Nacional por la Educación y en un diálogo donde participen maestros, estudiantes, padres de familia y expertos en el tema. Una fue la constante, SÍ a la evaluación NO a las acciones punitivas hacia los maestros.
En el nivel de educación media y superior se hizo hincapié -recordando y puntualizando-, que la educación es integral y es la que conduce a la libertad. La constante, señalar el absurdo por el que tienen que pasar los profesores investigadores al pasar por un sinfín de criterios, formatos, llenados de datos, informes, dejando en esto tiempo valiosísimo para la labor de nuestros académicos e investigadores (cuerpos académicos, becas al desempeño, Sistema Nacional de Investigadores, Sistema Investigadores de la BUAP, entre otros). La propuesta: contar con una sola plataforma donde esté toda la información que requieren distintas instituciones del rubro educativo. Y no perder tiempo llenando papeles, documentos, carpetas.
De todo esto, no podemos olvidar que fue producto de una política pública orquestada desde la SEP federal y donde su implementación llevó a la individualización, al egoísmo, a la compartimentalización del conocimiento, a la “papelitis” que nada tienen que ver con la calidad educativa. Las becas al desempeño académico, presentadas para avanzar en la implementación de la Carrera Docente, fue un fracaso en materia educativa y también hay que decirlo, en materia laboral. Desde hace más de dos décadas fue claro el objetivo: desmantelar las movilizaciones surgidas por un sindicalismo independiente en las universidades públicas. Cuyos dirigentes después convergen en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) junto con los telefonistas, los pilotos y sobrecargos, así como diversas corrientes de sindicatos de electricistas y del SUTIN.
Compañeros como los Olivos Cuellar, Nicolás y Leonardo (q.e.p.d), el propio Agustín Rodríguez y tantos otros que, aprovechando la reforma política de los ochenta, pudieron incursionar desde el PMS-PSUM-PRD, en las curules del Congreso de la Unión.
Ahí fue donde muchas cosas empezaron a quedar fuera de los Contrato Colectivo de los trabajadores universitarios. Las becas, por ejemplo, no fueron consideradas como parte del salario base e incluso pende siempre sobre los académicos la espada de Damocles al tener una carga impositiva que grave estos ingresos, o incluso el propio aguinaldo. Esto fue una política pública que esperamos –y tenemos la esperanza- de que cambie.
Debe quedar claro que la calidad académica pasa por la seguridad laboral. No pueden estar los maestros con la incertidumbre de poder optar por su definitividad, al no existir plazas porque en su momento fueron congeladas por la SEP, negando un derecho al existir la materia de trabajo.
Ante esto, se debe fortalecer la Carrera Docente, privilegiando la labor educativa; respetando y asegurando los derechos laborales de quienes se han comprometido por una educación que permita la movilidad de los sectores sociales más desprotegidos.
Coadyuvar en elevar la calidad educativa de nuestros centros de educación superior, siempre ha sido tarea de los universitarios. Es hora de brindarles a sus trabajadores académicos, la oportunidad de tener certidumbre laboral y salarios dignos, así como la revitalización de la Academia. Es hora de privilegiar la labor educativa y no el papeleo administrativo a que nos han llevado las autoridades federales sin ningún cuestionamiento. Es hora de que las universidades jueguen el papel protagónico que les corresponde en su responsabilidad por incidir en el abatimiento de los índices de pobreza y marginación en que se encuentra nuestro país, tras décadas de abandono e irresponsabilidad.