Una de las iniciativas que abordará casi de inmediato el Congreso de la Unión con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la titularidad del Poder Ejecutivo será un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no solamente para la creación de las secretarías de Seguridad Pública y de Bienestar, antes de Desarrollo Social, sino también para reorganizar de fondo la estructura que deberá tener ahora como elementos esenciales -y en sincronía- la eficiencia y la austeridad.
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El uno y el otro de los valores serán intrínsecos. Ante esta intención, hay voces que alertan sobre el posible despido de miles de trabajadores o la disminución drástica e injustificada de los salarios de la burocracia. Sin embargo, se trata de un falso debate.
En realidad, la mayoría del millón 700 mil empleados del gobierno federal no verán afectados sus ingresos, pero sí se requerirá eficiencia. La intención es recortar los lujos, los gastos innecesarios y las nóminas desorbitadas de la élite, no los ingresos de la mayoría.
“Vamos a bajar los sueldos de los de arriba para subir los sueldos de los de abajo”, ha dejado muy claro Andrés Manuel López Obrador.
En la nueva estructura gubernamental no habrá más duplicidad de funciones, aparatos administrativos enteros y con una obesa nómina que hacía lo mismo que otros.
Se pondrá también fin a los compadrazgos y al nepotismo, como ejes para combatir la corrupción.
La reducción de salarios y la reorganización del aparato administrativo federal será con base en iniciativas que serán analizadas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
En particular, se deberá trabajar sobre la ley reglamentaria para aplicar en los tres Poderes de la Unión, el Artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.
En este caso en particular, ahora seguramente San Lázaro será la Cámara de Origen, en donde tendrá un participación importante el diputado federal electo por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez Álvarez, quien promovió esta reforma cuando fue senador.
Esa iniciativa se aprobó originalmente en la Cámara Alta, pero luego en la de Diputados los intereses de los grupos parlamentarios entonces dominantes la enviaron a la congeladora.
Reitero: eficiencia y austeridad no deben ser valores enfrentados, sino paralelos y en sincronía; para ello se realizarán las adecuaciones pertinentes al andamiaje jurídico de la Administración Pública Federal en las dos cámaras del Congreso de la Unión.
La queja justificada de que el aparato gubernamental es caro y obeso demanda un análisis profundo y serio, para saber cómo, en qué proporción -por los altos ingresos de la llamada “burocracia dorada”-, en qué rubros y con qué niveles de justicia social se están gastando los alrededor de 27 millones de pesos por hora, equivalente a 20 mil millones de pesos al mes, solamente en el pago de sueldos y compensaciones. No más gobiernos ricos, con pueblos pobres.