Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad. Según el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de personas desaparecidas y no localizadas en México ascendía entonces a 30 mil 499 casos, de los cuales, 29 mil 485 correspondían al fuero común y mil 14 al fuero federal; al cierre de octubre de 2017, se registró un total de más de 33 mil casos de personas reportadas como desaparecidas o extraviadas en el fuero común, y mil 145 en el fuero federal, lo que equivale a un total de más de 34 mil casos.
Más artículos del autor
Ante la presión de diversos organismos internacionales, el Congreso de la Unión expidió a finales de 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en enero de este año.
De acuerdo con los mismos datos del RNPED, en la administración de Enrique Peña Nieto se ha reportado la desaparición de una persona cada 2 horas. El 69% se concentró en cinco entidades: Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Nuevo León.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Puebla ocupa el décimo lugar entre las entidades con más casos de desapariciones forzadas, con mil 80 casos.
Integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) y del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS), señalaron que durante 2016 se documentaron 385 desapariciones forzadas en Puebla, la mayoría de habitantes de zonas marginadas.
El FNLS dijo que en Puebla hay 16 mil 124 casos de desaparición, sin embargo, de acuerdo al INEGI, únicamente el 7.74% de los hechos delictivos cometidos en la entidad se encuentran en averiguación previa.
Resulta urgente dar una respuesta oportuna a la impunidad que padece nuestro estado. Este lamentable fenómeno ha ido en aumento debido a la creciente corrupción, además de que las policías de investigación criminal no cuentan ni con la capacitación suficiente ni con los elementos necesarios para llevar a cabo su labor.
La investigación de los delitos debe llevarse a cabo de manera científica, lo que implica contar con las suficientes unidades periciales o forenses dotadas con todo el equipamiento.
Las áreas de procuración y administración de justicia llevan a cabo su trabajo de manera ineficiente, ya que, por un lado, las investigaciones a su cargo carecen de todo profesionalismo. Los últimos gobiernos poblanos no se ocuparon de proporcionar a los policías de investigación y ministerios públicos, la capacitación para actuar dentro del marco que se estableció con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que atiende a las reformas constitucionales que fueron aprobadas desde el año 2008 y que, para ese efecto, las entidades federativas contaron con un periodo de 8 años para poderse adaptar, lo que en Puebla no sucedió, de ahí que se siga con la simulación de un nuevo sistema, que funciona mal y con los vicios de antaño.