Entre las malas noticias con las que termina este año, como la de haber sido el más violento desde que se lleva un registro de esto y una nueva devaluación del peso frente al dólar, la promulgación de la Ley de Seguridad Interior también es una mala noticia para nuestro país, el gobierno actual ha perdido toda sensatez en el ejercicio de la autoridad y se ha olvidado que quien ejerce el poder cuida el interés general.
Con la promulgación de esta ley, el presidente Peña Nieto se distancia cada vez más de la realidad y de los mexicanos, desafía y rivaliza con la opinión pública nacional y extranjera. Por momentos parece que todos los argumentos reiteradamente expuestos por representantes de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, organizaciones defensoras de estos derechos, activistas, periodistas y académicos, están escritos en un idioma que el gobierno federal no entiende, o mejor dicho, lo entiende, pero simplemente los ignora.
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¿A quién obedece Peña Nieto cuando impulsa esta ley? Obedece al gobierno de Estados Unidos que quiere que el continente americano se militarice, pero también obedece a la oligarquía mexicana que quiere a un Ejército sin controles políticos reales, y lo quiere así por el irremediable cambio de régimen que ocurrirá en nuestro México en el 2018.
El presidente Enrique Peña Nieto carece de una visión de Estado y los integrantes de su gobierno no son estadistas. Este gobierno no escuchó a la sociedad, a intelectuales, académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos del país y de otras naciones del mundo.
El Presidente de la República utiliza un lenguaje tramposo cuando pide a la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, pues el máximo tribunal podrá hacer dicha revisión sólo si algún interesado con legitimidad ejerce esa acción de control, no de oficio.
Ya veremos al inicio del 2018 si desde el poder se disuade a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover esta acción de inconstitucionalidad o se ejerce presión a los legisladores para que no se compongan un tercio de cada una de las Cámaras federales para poder hacerlo también.
Desde la sociedad, desde el Congreso, desde todos los frentes posibles, tenemos que seguir expresándonos en contra de esta ley, su aplicación es riesgosísima para el orden constitucional, violenta los derechos humanos, militariza al país y atenta contra la paz social. XXX TWITTER: @MBarbosaMX