Puebla y México viven una situación de emergencia inédita. Oficialmente, este año es el más violento desde que se tiene registro. Decir que este es el año más violento jamás registrado no es cualquier cosa, es la muestra de que la estrategia contra el crimen organizado, iniciada desde 2006, no ha funcionado para mejorar la vida de los ciudadanos. Peor aún, el Estado de derecho y la seguridad de miles de mexicanos se han deteriorado de manera dramática. Mientras los poblanos y mexicanos sufrimos cada vez mayor delincuencia, los gobiernos federal y local tienen como prioridad las elecciones del próximo año.
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En Puebla ya estamos viviendo día a día las consecuencias de la política de seguridad del gobernador y del Presidente: la política de no hacer nada y querer resolver todo con publicidad. Los resultados están a la vista. Mientras en octubre de 2014 hubo 1,425 homicidios dolosos a nivel nacional, el mes pasado hubo 2,764 homicidios registrados; es decir, un crecimiento de casi 100%. En Puebla, la situación no es mejor. Para finales de septiembre, sin sumar octubre, en nuestro estado fueron asesinadas intencionalmente 718 personas. Sólo para poner la cifra en perspectiva, el año más violento que se tenía registrado había sido hasta ahora 2012, con 647 asesinatos. Esto quiere decir que también para Puebla 2017 será el año más sangriento que se tenga registro.
El dramático aumento de la violencia debería de haber encendido ya las alarmas en el gobierno del estado. Otros casos de violencia han puesto a nuestra entidad en el centro de la prensa nacional: cuando no es un nuevo feminicidio es un ajuste de cuentas entre huachicoleros, o un nuevo linchamiento. No son sólo los homicidios, por ejemplo, en octubre de 2014 se reportaron 51 robos de vehículos con violencia. Ahora, durante el mes pasado se registraron 378 vehículos robados con violencia en Puebla. Si se comparan ambos meses los robos aumentaron más de siete veces.
Junto con la delincuencia, crece el temor y el justificado enojo de la ciudadanía. Las personas tienen miedo porque el gobierno ya no es capaz de garantizar la vida de sus ciudadanos. Existe un creciente malestar, porque las autoridades han sido incapaces de garantizar justicia a las víctimas. Para ilustrar este enojo, el martes en el municipio de Libres cerca de 100 habitantes quemaron la comandancia municipal para exigir que la policía les entregara a un presunto delincuente para lincharlo.
Todos sabemos que la solución al crimen organizado no será de un día para otro y que es un problema muy complejo. Nadie pide lo imposible. No obstante, estos gobiernos, tanto local como nacional, han tenido cinco años para modificar y proponer una nueva estrategia para enfrentarlo. A cinco años, no tenemos ni seguridad, ni una mejor policía y mucho menos justicia. Hoy, la verdad es que no se ve la luz al final del túnel, sino que parece que nos adentramos más en la oscuridad. Una plataforma de gobierno responsable y sensata para Puebla deberá hacer una reforma de fondo de las policías, luchar contra la corrupción que permite que reine la impunidad y devolver la dignidad no sólo a las víctimas, sino a los poblanos. XXX TWITTER: @MBarbosaMX