Un nuevo escándalo estalló por los paraísos fiscales en donde políticos y empresarios están involucrados, entre los cuales se encuentran empresas directamente vinculadas con el anterior gobierno estatal de Puebla. Una circunstancia en la que se debe llegar al fondo y deslindar responsabilidades. El pasado lunes 6 de noviembre, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se comprometió a investigar a los involucrados en el llamado Paradise Papers. ¿Qué harán las autoridades hacendarias? ¿Actuarán o no contra los evasores fiscales?
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Hace unos días, investigaciones periodísticas revelaron un nuevo escándalo relacionado con la existencia de paraísos fiscales en donde empresas multinacionales, millonarios y políticos de varias partes alrededor del mundo, entre ellos empresarios y políticos mexicanos, escoden verdaderas fortunas.
En la amplia documentación se exhibe a un nuevo conjunto de paraísos fiscales como Trinidad y Tobago, Aruba, las Islas Cook, la Isla de Man, Bermudas, Bahamas, las Islas Caimán, Samoa y las Islas Vírgenes Británicas –entre otras- como los destinos que sociedades llamadas offshore han utilizado para eludir el pago de impuestos o elaborar bienes fiscales y ocultar propiedades. Por lo menos 62 ciudadanos mexicanos son mencionados en la investigación.
De acuerdo a investigaciones periodísticas, el banco de inversión Evercore México Capital Partners y la empresa de consultoría Protego Asesores, se fusionaron en una entidad llamada GliscoPartners. Los tres directivos de Evercore México, Alfredo Castellanos Heuer, Carlos Schwartzman Lombrozo y Ricardo José Enríquez Frola, incorporaron en Barbados la sociedad GliscoPartners Inc.
De acuerdo a la investigación, tanto Protego Asesores como Evercore México Capital Partners, lograron hacer de las deudas estatales un lucrativo negocio. Protego fue creada en 1996 por Pedro Aspe Armella, quien se desempeñó como Secretario de Hacienda en la administración de Carlos Salinas, mientras que la empresa Evercore participó, entre otras cosas, en la renegociación de las deudas de gobiernos de los estados, dejando a salvo a los gobernadores salientes, entre ellos, Rafael Moreno Valle.
En 2012, de acuerdo a estas investigaciones, el ahora aspirante a la Presidencia de la República, Rafael Moreno Valle, cedió a Evercore, radicada en la Isla Barbados, la administración de los ingresos del Impuesto Sobre Nómina y los de la Asistencia Pública y creó un fideicomiso de 50 años de duración para ocultar la deuda en el Gobierno del Estado de Puebla, en el que entregó 3 mil 210 millones de pesos anuales a Evercore, con el supuesto fin de hacer rendir mejor el Impuesto Sobre la Renta.
El monto, formas y modalidades de la deuda de nuestro estado constituye el gran hoyo negro de las finanzas públicas poblanas. Se trata del mayor y más elocuente ejemplo de opacidad y de manejo discrecional del endeudamiento público que existe en nuestro país, por lo tanto, resulta indispensable que el SAT haga cumplir la ley e investigue a fondo los vínculos de estas empresas con el anterior gobierno Estatal y con los demás involucrados, para que se deslinden responsabilidades.
Pedro Aspe pasó de ser uno de los principales articuladores del proyecto neoliberal en México, a un alquimista de las maniobras financieras para ocultar fortunas y evadir impuestos.