Nuestro estado fue severamente golpeado por el sismo del pasado de 19 de septiembre. El dolor que embarga a las familias por la pérdida de sus seres queridos, el sufrimiento de los damnificados a causa de la destrucción o el daño irreparable de viviendas, escuelas y hospitales, hacen urgente la conformación de un Plan Integral para la reconstrucción de Puebla. Dicho Plan debe integrar por lo menos las siguientes líneas de acción.
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En primer lugar, la adopción de acciones eficaces de austeridad en el gasto gubernamental. Esto significa orientar los recursos de las partidas del gasto estatal correspondientes a comunicación social, publicidad, viáticos, asesorías, servicio de copias e impresiones, congresos, convenciones y demás gastos superfluos, a los trabajos de reconstrucción y reparación de la integridad personal y patrimonial de los afectados. El dispendio gubernamental, de por sí inmoral e inaceptable, resulta aún más indignante en medio de la tragedia que padecen cientos de familias poblanas.
En segundo lugar, la recuperación total de las viviendas destruidas o dañadas irreparablemente, lo que implica el diseño, ejecución y conclusión de un plan de recuperación de vivienda y construcción de vivienda social, y en especial a constituir un fondo solidario a través del cual los ciudadanos puedan tener acceso a recursos, facilidades administrativas y créditos sociales para la recuperación de su vivienda.
En tercer lugar, la reconstrucción democrática, con la participación amplia de los damnificados y la sociedad civil mediante la conformación de comités técnicos y comités de vigilancia social, donde académicos, organizaciones de la sociedad civil y expertos dictaminen cuáles son las demoliciones, reparaciones y recuperaciones de vivienda necesarias y vigilen el ejercicio de todos los recursos para tal finalidad.
En cuarto lugar, el seguimiento y atención integral a las víctimas, para lo cual debe integrarse un padrón de todos los afectados, incluyendo a quienes perdieron su patrimonio, quienes están regresando a sus empleos sin condiciones de seguridad, o perdieron su trabajo, desplazados temporales dentro de los municipios afectados, personas en situación de vulnerabilidad como adultos mayores y gente con discapacidad. También se debe dar seguimiento puntual a los casos de cada afectado hasta que se resuelva su situación y se reintegre su patrimonio y vivienda.
En quinto lugar, tolerancia cero a la corrupción. La reconstrucción y atención a los damnificados es y debe ser una prioridad para el gobierno estatal. Los recursos destinados a la misma deben ser manejados de manera honesta, transparente, sin sesgos partidistas y ser vigilados escrupulosamente para que se destinen estrictamente a los objetivos de reconstrucción y atención a los damnificados. Lo anterior conlleva a que todo acto de corrupción o de desvío de recursos se sancione ejemplarmente y conforme a la ley.
Asimismo, se deben publicar las bases de datos con la información de las constructoras e inmobiliarias, los Directores Responsables de Obra, servidores públicos encargados de autorizar licencias, permisos y usos de suelo, a efecto de que se determinen las responsabilidades legales a que haya lugar. Debe publicarse, el Atlas de Riesgos del estado de Puebla.
En sexto lugar, evaluar y revisar la infraestructura en los municipios afectados, así como las normas de construcción respectivas. Esto implica realizar una revisión profunda de la infraestructura de todas las escuelas y edificios públicos de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, y obligar a los dueños de las escuelas privadas a hacer lo mismo. También se debe someter al Comité Consultivo Técnico y a expertos internacionales la revisión de toda la infraestructura.
De igual modo, debe revisarse y actualizarse toda la normatividad de construcción del estado de Puebla, utilizando la información del reciente sismo, hacerla más estricta, adoptando las mejores prácticas internacionales para prevenir la pérdida de vidas y las pérdidas económicas en eventos futuros ante la magnitud de fenómenos sísmicos.
En séptimo lugar, apoyos fiscales y certeza jurídica para los damnificados: el gobierno de Puebla, junto con los Ayuntamientos de los municipios afectados, deben emitir un programa para la condonación extraordinaria de impuestos para las personas y empresas afectadas por el sismo, por lo que resta del 2017 y hasta en tanto no se regularice la situación de los afectados.
Esto incluye también la firma de un Convenio entre el gobierno estatal y el Colegio de Notarios del estado de Puebla para otorgar facilidades sobre los servicios notariales para todos los afectados.
Y finalmente en octavo lugar, promoción eficaz de una cultura de protección civil. Para esto, debe establecerse un programa de protección civil, junto con el gobierno federal, para la atención inmediata a desastres naturales, donde todos los funcionarios tengan una responsabilidad en caso de emergencia y haya cobertura de las distintas colonias, pueblos y comunidades de todos los municipios del estado de Puebla. XXX TWITTER: @MBarbosaMX