El presidente Peña Nieto y su gobierno anunciaron que la reconstrucción costará $39 mil millones de pesos; $16 mil 500 millones para vivienda, $13 mil 650 millones para escuelas, $ mil 225 millones para inmuebles históricos y $ mil millones para hospitales del IMSS.
Por su parte los gobernadores de los estados afectados, también han indicado ya, algunos cálculos de lo que costará la reconstrucción de las ciudades y pueblos enclavados en su propio territorio. Han iniciado la danza de los millones, tan propicia para que la clase política afile sus colmillos para devorar cuanto esté a su alcance. La desconfianza de la sociedad es total.
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A todos preocupa que buena parte de esos recursos, no vayan a llegar a los sufridos damnificados y es que es difícil pensar que quienes se han robado durante años o décadas millones y millones de pesos, no lo hagan ahora.
Los estudios sobre corrupción que organismos internacionales han hecho, calculan que a México le cuesta alrededor del 10% del PIB la corrupción gubernamental; así que, si el PIB del año pasado fue de 1’ 045,998 millones de dólares, el 10% son 104 mil 600 millones de dólares que fue lo que nos costó la corrupción el año pasado – a diferencia de los terremotos – esta sangría es de cada año.
Creo que hay razones suficientes para no tenerle confianza a la casta política.
La semana pasada el periódico Reforma recordaba tres de los latrocinios que hemos sufrido recientemente, con cualquiera de ellos podría pagarse la reconstrucción completa de los terremotos, a saber:
-- Deuda que Cesar Duarte (prófugo), exgobernador de Chihuahua dejó a los chihuahuenses: $49 mil millones de pesos.
-- Deuda que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila endilgó a los coahuilenses: $37 mil millones de pesos (actualmente libre, protegido del gobierno y disfrutando de su fortuna mal habida)
-- Desfalco de Javier Duarte a Veracruz, exgobernador del mismo: $35 mil millones de pesos (detenido en Guatemala y extraditado a México gracias a una fuerte presión social y a que su sucesor, es su enemigo político y fue candidato de otro partido.
Como podemos ver con cualquiera de estos montos productos de fechorías se podría pagar la reconstrucción provocada por los terremotos.
Urge por tanto la vigilancia de la sociedad civil. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, puede integrar una COMISIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL para que junto con el gobierno vigilen de manera transparente los recursos para la reconstrucción y otro tanto habrá de hacerse en cada uno de los estados afectados por los terremotos.
Urge a toda la sociedad civil organizada, ejercer una gran presión a los gobiernos federal y estatales para transparentar los recursos; nada de pedir “moches”, ni comisiones, nada de tráfico de influencias, nada de desaparecer los recursos por los caminos burocráticos, nada de encarecer los materiales, ni falsas facturas, ni gastos inventados, etc. etc.
Concluyo. El problema de la corrupción en México, no es un problema más, ES EL PROBLEMA. El último reporte de la “Global Competitiveness Report 2017-2018” concluye que, los motivos por los que México no mejora su competitividad son:
-- 1) Corrupción
-- 2) Inseguridad
-- 3) Burocracia ineficiente
-- 4) Altos impuestos
-- 5) Leyes fiscales complejas
¿Así o más claro? Vergonzosamente economías mucho más pequeñas que la nuestra de América Latina nos superan en competitividad, como Chile, Panamá y Costa Rica.
“SOCIEDAD CIVIL, MANOS A LA OBRA”