Por mandato de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Estado mexicano está obligado a suministrar cuantiosas cantidades de dinero público a las mafias políticas que operan tras las máscaras del PRI, PAN, PRD, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), PVEM, Panal, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y PT con la finalidad de asegurar su participación en los procesos electorales de carácter federal.
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Sin embargo, esa inyección financiera no es la única que se aplica a los partidos que simultáneamente tienen secuestrada y como rehén la vida política del país. A nivel local, reciben otras inmorales transfusiones de dinero provenientes de fondos públicos asignados a los 31 estados de la república y la Ciudad de México.
De esta manera, a pesar de la pésima fama pública que ha ganado ─a pulso─ la clase política mexicana es peor que la mala fama de los órganos policíacos, el Estado, obligado por esa ley electoral que premeditada y amañadamente se diseñó, para proveer a los partidos políticos de crecientes fondos públicos para fines electorales, entregará a esos órganos 6 mil 788 millones de pesos, extraídos del bolsillo de los ciudadanos que puntualmente cumplimos nuestra obligación de pagar impuestos al fisco.
Eso no es todo. Existen otras prebendas que, en forma indirecta, impactan favorablemente las finanzas de todos los partidos políticos porque no le ocasiona ninguna erogación y cuyo costo es imperceptible para la sociedad. La propaganda electoral que las empresas radiodifusoras y televisoras están obligadas de divulgar gratuitamente.
Otra forma de allegar recursos económicos a los partidos políticos en los procesos electorales, consiste en la entrega de pantallas, computadoras, despensas, artículos electrodomésticos, tinacos y materiales de construcción, que les hacen gobiernos afines para apuntalar candidaturas a puestos de elección popular, como ocurrió, recientemente, en el proceso electoral del estado de México, donde a base de múltiples operaciones de compra-venta de votos, resultó electo el priista Alfredo del Mazo como gobernador de esa entidad federativa.
Los sobornos que en millones de dólares suelen otorgar empresas constructoras ─como la brasileña Odebrecht─ a determinados gobernantes para obtener la asignación de obras públicas, representan una novedosa forma de respaldar candidaturas presidenciales. Como trascendió que ocurrió en Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Panamá, Guatemala, Argentina, Ecuador, República Dominicana y México.
Sólo el presidente Peña Nieto ha permanecido en silencio respecto a los 4 millones de dólares, que al decir de funcionarios de la constructora Odebrecht, fueron entregados para apoyar financieramente su campaña electoral.
Para atemperar el escándalo que ese presunto soborno ocasionó en México, la oficina de Enrique Peña Nieto se apresuró a eliminar de la página Web de la presidencia de la república, la fotografía de la entrevista que tuvieron en la residencia presidencial de Los Pinos el director general de Odebrecht, Marcelo Odebrecht y el presidente Peña Nieto, el 31 de octubre de 2013, donde el empresario brasileño expresó al presidente mexicano su interés de trabajar en México.
Tres meses y medio después de esa entrevista con el presidente Peña Nieto, es decir, el 15 de febrero de 2014, la empresa propiedad de Marcelo Odebrecht sospechosamente obtuvo un contrato de obra pública en Pemex.
Atiborrar de dinero de la hacienda pública, aunque sea por mandato de ley, a una partidocracia inepta, rapaz, insaciable y corrupta, resulta un agravio para millones de mexicanos que carecen de seguridad social y para quienes teniéndola la reciben de mala calidad a través del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.
De igual manera se agrede a los cientos de miles de madres y padres de familia que se ven obligados a enviar a sus hijos a escuelas públicas que carecen de los elementos necesarios para impartir una educación pública de calidad y a los millones de mexicanos que reciben servicios públicos deficientes e insuficientes.
Esa dádiva, de 6 mil 788 millones de pesos, concedida a 9 camarillas que no se cansan de medrar con el quehacer político y que, en sentido opuesto, no reporta ningún beneficio a los millones de mexicanos que trabajan a cambio de magros salarios que les impiden satisfacer razonablemente las necesidades elementales de sus familias en materia alimentaria, de vestido, educación, salud y vivienda, debe reducirse a su mínima expresión.
No hacerlo implica correr el riesgo, a corto o largo plazo, de provocar estallidos de inconformidad colectiva que pueden quebrantar la fragilidad de la paz pública que existe en el país.
Para reducir las voluminosas aportaciones de dinero público que se otorga a los partidos se requiere modificar la ley federal electoral, tarea que se presume difícil de llevar a cabo porque los legisladores ─provenientes de todos los partidos políticos─ que cuando fueron candidatos se beneficiaron con esas contribuciones financieras que ahora difícilmente estarán dispuestos a legislar para disminuirlas. Toda vez que esa disminución afectaría los intereses económicos de sus respectivas parcelas de poder.
Siendo así las cosas, corresponde a Enrique Peña Nieto, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo Federal, presentar una propuesta de modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir, a un nivel ético y razonable, las entregas de dinero público que, en materia electoral, se hacen llegar a los partidos políticos.
Hacer y materializar este propósito, ayudaría a Peña Nieto, al finalizar su mandato, a restaurar el bajo nivel de aceptación que tienen en su condición de presidente de la república.
A propósito del socavonazo de Cuernavaca
La mañana de ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, acudió a las instalaciones del Senado de la República para participar en una reunión de trabajo, en donde de indiscutible responsable político del siniestro ocurrido el 12 de julio, en el fallido Paso Express de Cuernavaca, pasó a exhibir las miserias argumentativas de los senadores Fernando Mayans del PRD, David Monreal Ávila del PT y de Jesús Priego del PRI y de los diputados federales, Rocío Nahle y Vidal Llerenas de Morena y Minerva Hernández del PAN.