“Para que inicie un real proceso de rendición de cuentas, se requiere que los gobiernos reconozcan a las personas como sujetos de derechos, interlocutores válidos e importantes. Toca a la sociedad civil impulsar estas acciones, ante la urgencia de contrarrestar el abuso del poder.” Estas fueron mis palabras al terminar mi artículo de la semana pasada, antes de conocer lo que sucedió por el hundimiento en la estructura del recién inaugurado paso exprés de Cuernavaca y también de saber que tal vez se esté negociando la gubernatura de Coahuila.
Dos casos emblemáticos de la ausencia de rendición de cuentas, ante la impunidad y la corrupción que sigue creciendo en este país.
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En el primero, nadie reconoce la responsabilidad que les corresponde, mientras los funcionarios de los diversos niveles de autoridad se lavan las manos. Ruiz Esparza ha minimizado los hechos a pesar de las muertes, refiriéndose a una indemnización así como un monto para los familiares de las víctimas. Sigue siendo enfático sobre una denuncia penal a quien resulte responsable por las posibles negligencias sobre el hundimiento, sobre quien caerá, como siempre se expresa, todo el peso de la ley
Hace tres meses solamente, se anunció esta obra como todas las obras en México, como una gran y único proyecto de ingeniería. Ya empezaron las destituciones y el presidente ha anunciado que habrá más supervisores y funcionarios destituidos, pero: ¿realmente serán castigados los verdaderos responsables? ¿Quiénes son los que licitan las obras y las entregan a quienes consideran las mejores empresas? ¿Quiénes reciben su tajada en cada obra?
Además, el propio gobernador de Morelos ahora sí informó que desde el 2 de junio pasado se habían solicitado a la delegación de la SCT identificar zonas de riesgo y problemáticas y que los vecinos que viven en la periferia de este paso presentaron un oficio el 3 de julio, pero la delegación se tardó 6 días en atenderlo. Es decir, la burocracia prevalece antes que las peticiones ciudadanas.
En el segundo caso, a raíz de la publicación de dos columnas de periodistas el miércoles pasado , en el Universal y el Excélsior respectivamente, en donde Loret de Mola escribe que a cambio de que no se haga más ruido en el estado de México, el PRI negociará con el PAN para dejarles Coahuila. Por su parte Garfias, en el Excelsior, escribió que existen negociaciones cerradas del PRI con el PAN sobre el resultado de las elecciones en Coahuila.
Estas publicaciones pudieran ser vistas solamente como el punto de vista de cada columnista, pero resulta un tanto confuso que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral ( INE) esté utilizando criterios diferentes para la fiscalización de los gastos de campaña en las elecciones para gobernador del Estado de México y el de Coahuila y que esto pueda tener como consecuencia el resultado de las elecciones de Coahuila. Se ha mencionado la anulación de la elección por el rebase del tope de gastos de campaña de los candidatos del PRI y del PAN.
Hay que señalar que existen inconsistencias en los procesos, mientras en Coahuila se toma en cuenta como gasto de campaña la definición del pago a representantes de casilla, en el estado de México no se considera parte del gasto: ¿Que no hay criterios específicos para considerar los gastos que se tomen en cuenta para tope de gastos de campaña en todas las elecciones?
Así las cosas, todo a modo, en beneficio de los círculos de poder y nada que tenga que ver con los intereses y necesidades ciudadanos. Es ya un cinismo desbordante la red de complicidades que se van tejiendo en cualquier ámbito de la vida pública y que perjudica notablemente nuestra aspiración de vivir en una sociedad democrática.
Se juzga lo que pasa en Venezuela, pero desgraciadamente, nuestro país no es de ninguna manera, un ejemplo de democracia.