“Las democracias modernas, todas,
tienen redes de auditores de sociedad
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civil que cubren al sistema Judicial;
a jueces, fiscales, policías, donde auditan
al sistema de administración de justicia penal”
Edgardo Buscaglia.
Observando, leyendo y reflexionando sobre todo lo que pasa en este México nuestro, me quedé pensando en lo que ha dado como resultado el estado social y económico tan complejo en el cual nos encontramos.
¿Corrupción e impunidad son la causa? ¿Pero, por qué hemos llegado a esto?
El modelo democrático que se ha seguido en buena parte de las naciones del mundo moderno y que hemos pretendido seguir, escribe Lorenzo Meyer, ha sido una aspiración, lo mismo que el totalitarismo, pero que en los hechos se han presentado de diferentes formas.
En México, desde el siglo pasado, los partidos políticos se han convertido en élites que han fundamentado su quehacer a través de la demagogia, conservando el poder a través de generaciones y como lo hemos visto en las últimas elecciones, no importando las instituciones ni la aplicación de las leyes, lo que les interesa es retener el poder a costa de lo que sea.
Así como en lo educativo, también se puede realizar evaluación de todos los procesos sociales, puesto que es una condición indispensable para avanzar en el desarrollo. En la búsqueda de un indicador que permita evaluar nuestro sistema democrático, encontré que el indicador universal por excelencia para evaluar los procesos democráticos es el de la rendición de cuentas (accountability) un proceso a través del cual los responsables de la gestión de los fondos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de las acciones y de los recursos puestos a su disposición. Si utilizamos ese indicador, podremos señalar que en este momento, tanto a nivel nacional como en el estatal estamos estancados en muchas cosas, pero especialmente en la rendición de cuentas.
Las acciones de las personas instaladas en el poder muestran que la rendición de cuentas es solamente parte de un discurso, está legislada, pero no nos permiten y no hacemos uso de ella, cuando podría ser parte de la solución para salir de esta situación cada vez más compleja y preocupante.
Exigir rendición de cuentas al presidente, a los funcionarios públicos de todos los niveles, a los gobernadores, a los diputados y senadores estatales y federales tanto en funciones como en pasadas gestiones es necesario si pretendemos seguir en la búsqueda del ideal democrático.
Ejemplos son muchos: Lleva ya varios meses el atraso del nombramiento del fiscal anticorrupción, a través del Senado de la República. Si realmente interesara a los políticos y gobernantes implementar la rendición de cuentas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, desde hace tiempo se hubiera hecho, ante la cantidad de procesos de simulación vinculado a la corrupción e impunidad en las esferas públicas. Preocupa entonces que esta propuesta que se ha pensado como un mecanismo de gestión y aprendizaje, se pueda convertir fácilmente en un mecanismo de castigo y control.
Aquí en Puebla, hombres críticos al sistema quedaron fuera de la comisión que elegirá a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que desde mi punto de vista, abona a una única visión de los grupos de poder instalados en nuestro Estado. La participación de Fernando Fernández Font por mencionar un ejemplo, rector de la Universidad Iberoamericana, hubiera dado una muestra de transparencia y fomento a la rendición de cuentas por sus posturas críticas y de defensa de los derechos humanos.
Están los casos de los gobernantes extraditados que se ha convertido en un espectáculo mediático más que de rendición de cuentas; lo que sucede en PEMEX; de los desaparecidos como los 43 de Ayotzinapa; la impunidad de varios líderes sindicales; de los periodistas desaparecidos y/ asesinados; de los implicados en el “huachicol” en varios estados y en Puebla; de las represiones a maestros, estudiantes, indígenas; el espionaje recién denunciado; el caso tan publicitado del sexenio marinista; las pasadas elecciones en el estado de México y Coahuila; el despojo de recursos naturales en las comunidades rurales e indígenas; contratos de obra pública amañados; instituciones manipuladas por el poder; publicidad anticipada de campañas políticas etc.
Ya he escrito que seguimos ante la toma de decisiones de manera unilateral, ejercida básicamente por estos grupos de poder que siguen a toda costa tratando de mantenerse -el PAN con sus divisiones y enfrentamientos, el PRD con sus alianzas y divisiones, el PRI con sus grupos y seguidores etc.- sin tomar en cuenta las necesidades y las propuestas ciudadanas y con presupuestos millonarios que despilfarran sin un proceso de rendición de cuentas.
Así entonces, la impunidad sigue presente en todos los niveles y los estratos sociales y que ha permitido que la corrupción se instale en todos los ámbitos de la vida pública, una vida pública además permeada de discursos sobre la justicia, pero que poco o nada se hace para cumplirla. Grave y complicado que cada vez más actores puedan burlar a la justicia, aunque especialmente los poderosos sigan impunes.
Para que inicie un real proceso de rendición de cuentas, se requiere que los gobiernos reconozcan a las personas como sujetos de derechos, interlocutores válidos e importantes y toca a la sociedad civil impulsar para que esto se haga realidad ante la urgencia de contrarrestar el abuso del poder, impulsando la rendición de cuentas a través de mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica de las instituciones; el camino será largo y sinuoso, lleno de piedras y de obstáculos, pero estamos llegando al momento en el que ya no tenemos muchas alternativas.