Libertad a los presos políticos en el régimen autoritario del siglo XX, donde prevaleció la hegemonía del PRI, fue una de las demandas centrales de las movilizaciones de estudiantes, organizaciones obreras, campesinas, ferrocarrileros, magisterio y demás formas de organización que reivindicaban la libertad de conciencia.
La irrupción de organizaciones guerrilleras urbanas y rurales se legitimaban socialmente por la represión imperante ante la ausencia de mecanismos de participación y la cancelación de libertades políticas.
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La guerra del estado contra estas expresiones instauró una política de infiltración, provocaciones, encarcelamiento, desapariciones forzadas, asesinatos y aparición de cárceles clandestinas, se le ha denominado “ la guerra sucia”. Desde el poder gubernamental una estrategia de contención fue impulsada: la “apertura democrática”; “reformas políticas” y especialmente reconocimiento a fuerzas organizadas para “institucionalmente” competir por el poder político a partir de la instauración de un sistema de partidos plural.
En Puebla, la represión fue selectiva en su esencia, asesinatos de dirigentes estudiantiles, campesinos y de líderes de organizaciones campesinas y populares. La BUAP se vistió de luto, las organizaciones sociales enfrentaron una política de exterminio, prácticas fascistas aparecieron, la iglesia fomentó el anticomunismo desde el arzobispado. La estabilidad política se estableció en una relación de conciliación y reconocimiento a los actores políticos y fuerzas que representaban.
Los gobernadores después de Gonzalo Bautista, procuraron “mano dura con guante blanco”, periodo que institucionalizo una “estabilidad con amenazas y prebendas”.
El siglo XXI, se caracteriza por la alternancia política, los gobiernos divididos, coaliciones electorales, respeto a la pluralidad, donde los “nuevos políticos profesionales” emergen por su pragmatismo racional con una herencia autoritaria.
Rafael Moreno Valle, en puebla es el prototipo de esta nueva estirpe. En su periodo gubernamental, para hacer posible una hegemonía basada en el culto a su personalidad, desató una política de sumisión, cooptación y exterminio contra fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas.
El saldo es mas de 300 perseguidos, procesados y presos políticos, su brazo ejecutor el Poder Legislativo, Judicial y la nueva Fiscalía de Procuración de Justicia, son la “santa inquisición” del “niño huachicol”.
Rafael Moreno Valle, mantiene dentro de sus objetivos la desaparición de la Organización Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, la cual contra toda la fuerza del estado sobrevive con dignidad, ni se rinde ni se vende.
Antonio Gali Fayad, heredero, apologista y pregón de Rafael Moreno Valle Rosas, a pesar de sus dotes histriónicas y de “servicio a la gente”, carga una loza sepulturera por omisión y comisión contra los perseguidos, procesados y presos políticos. Las negociaciones por el Secretario de Gobierno son dilatorias, ambiguas, con un agregado, son “delincuentes” en el marco del Estado de Derecho.
Siglo XX y XXI, PRI - PAN, tienen la misma “carga genética” mentirosos, engañosos, autoritarios y patrimonialistas. Su transfuguismo y reconversión permite en la picaresca política ubicarlos como: “pitufos tricolores o priistas empanizados”
Ante notario público, Antonio Gali Fayad, debería, como es su práctica simulada, firmar su convicción, de que mientras sea gobernador, la disidencia, oposición y líderes sociales, solo tienen un destino, voluntad a ciegas y absoluta al poder de Rafael Moreno Valle, caso contrario seguirán siendo tratados como delincuentes. Triste y lamentable función como gobernador.
En sus 100 días de gobierno, que el “ Niño Dios Huachicolero” lo lleve a las alturas y que las llamas no lo achicharen.
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