En lo que va del presente sexenio, uno de los esfuerzos de mayor significado de la sociedad mexicana ha sido la creación de un dispositivo institucional de carácter multi agencial para combatir las graves e impunes manifestaciones de corrupción en el orden político y social.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno para prevenir y combatir la corrupción. Su espectro es amplio: crea leyes secundarias para hacerlo operativo, crea la figura de Fiscal Anticorrupción, introduce mecanismos de participación ciudadana.
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Hay que dar el justo reconocimiento: el SNA es efecto de la iniciativa de personajes, asociaciones, académicos destacados. Todos, como la sociedad en su conjunto, hartos de la impunidad por el saqueo escandaloso de los recursos públicos, el lacerante tráfico de influencias, la mala y cara obra pública, las extorsiones, la opacidad y discrecionalidad de la gestión gubernamental en todos los niveles así como de la conducta de botín de todos ellos, en parte gracias a la impunidad que hoy otorga el fuero.
Es ya un lugar común, las alternancias federal y estatales, en vez de promover sistemas de información y rendición de cuentas, consolidaron los espacios de discrecionalidad en el uso y abuso de los recursos públicos. Al desparecer el epicentro presidencial, las esferas estatales, municipales, los otros dos poderes e incluso las dependencias del propio gobierno federal, vivieron un verdadero aquelarre de la hacienda pública, no solo por lo que respecta a costos inflados de la obra pública y al gozo del famoso “moche” o “diezmo”, los representantes o integrantes de gabinete o incluso funcionarios menores de los municipios, se volvieron ingenieros civiles, arquitectos, las empresas constructoras florecieron como por arte de magia.
16 años después de la alternancia federal, la corrupción sentó sus reales en todas dependencias, extendiéndose como una especie de flagelo a toda la sociedad.
No bastó la reforma que creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2002.
Significativa porque puso en la agenda nacional democrática, el derecho a la información y a la rendición de cuentas, sin embargo insuficiente para contener el monstruo en que se convirtió buena parte de los recursos públicos.
El SNA comprende para su operación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Incluye reformas a los siguiente ordenamientos: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de La Procuraduría General de la República, Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Así mismo crea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción. En igual perspectiva fortalece la Secretaría de la Función Pública otorgándole mayores atribuciones para la prevención y combate a la corrupción. El modelo contempla la figura de Fiscal Anticorrupción. Se persigue que el SNA sea presidido por los ciudadanos y coordine a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
La participación ciudadana se institucionaliza a través de un Comité Coordinador encabezado por un ciudadano. Incluye un Comité de Participación Ciudadana (5 personas), seleccionado por académicos reconocidos.
El sistema anticorrupción incluye medidas de prevención, control y sanción a través de códigos de Ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación. Utilizará la Plataforma Digital Nacional, que contiene información del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses; el Sistema Nacional de servidores públicos y particulares sancionados; el Sistema Nacional de Fiscalización entre otros.
La iniciativa hecha legislación, trasciende los ámbitos de moralidad para abordar el problema en el caso mexicano. Es preponderante el criterio de funcionalidad, capacidad de castigo y participación ciudadana.
No es sencillo el reto, se trata de desmontar de la cosa pública sus efectos más perversos. La agenda avanza, el tres de tres se circunscribe a las tendencias anticorrupción. El siguiente paso es la supresión del Fuero Constitucional.
Son grandes las expectativas. Sin embargo hay que tener mucha cautela. En el principio, como está ocurriendo con el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la cuña gubernamental, al menos durante lo que resta del presente sexenio, puede alterar el sentido original. No sería extraño.
Veremos si la participación ciudadana es capaz de mostrar independencia. De no ser así estaría ante nosotros una inútil entelequia compleja. Ni más ni menos.