En México, el Congreso de la Unión adicionó el 8 de febrero de 2012 un sexto párrafo al artículo 4° para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con lo que se obliga al Estado a promulgar una nueva legislación en la materia.
En ese sentido, el Estado asume la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar su cumplimiento en forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y asequible con participación de la ciudadanía (1).
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar. En tanto que el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 exhorta a: “Reducir a la mitad la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.
¡En Puebla esto no se cumple ni se respeta!
Mediante una maquinación política y económica se privatizó el servicio que brindaba SOAPAP para beneficiar a una empresa que no licitó en la fase regular de contratación.
De forma ilegal se entregaron –en una primera fase- los 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla a manos de un particular, afectando a 475 mil usuarios (98 por ciento del total registrado en Puebla). Todo esto a cambio de mil 726 millones de pesos cuyo destino se desconoce.
Esa acción dolosa y abusiva afecta a municipios como la capital poblana, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, entre otros y pretenden ampliarlo al resto de la entidad.
En Puebla, a partir de que el servicio de agua potable se privatizó a través de la empresa Concesiones Integrales, algunos usuarios han documentado que el cobro del servicio se disparó hasta más de 300%.
No obstante que sólo la mitad de los poblanos reciben agua 24 horas del día, mientras el resto de la población tiene servicio cuatro horas a la semana.
A pesar de ello, la empresa tiene la facultad de embargar propiedades a los consumidores morosos, ya que los adeudos por el servicio del agua pueden considerarse créditos fiscales.
Con estas acciones se violenta el derecho humano de acceso al agua, las facultades de la nación sobre la explotación y utilización del hídrico e invade facultades de la propiedad originaria de la nación sobre las aguas territoriales y que la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 7, que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos es una prioridad y asunto de seguridad nacional.
De igual manera, se violenta la facultad de los municipios en la materia, subordinándoles indebidamente a la administración estatal. El agua es un derecho humano, su privatización es anticonstitucional, los presidentes municipales deben defender su autonomía.
Es evidente la cantidad de violaciones a diversas disposiciones legales, es por esta razón que desde la Cámara de Diputados presentaré un exhorto para que no se continúe con el proceso de privatización del servicio del agua potable y se revise de manera exhaustiva el procedimiento mediante el cual se otorgó la facultad de administrar un servicio que es plena responsabilidad del estado garantizar, a manos privadas.
El agua le pertenece a los poblanos y ahora nos las venden a un costo elevado que afecta los bolsillos de la población. Debemos generar esperanza a los poblanos con condiciones de bienestar y de apoyo a la economía familiar.
Rescatemos Puebla…
Nota: (1) MALINALI DOMÍNGUEZ MARES, JORGE ALBERTO ARRIAGA MEDINA. Junio, 2015. Derecho Humano al Agua. Impluvium. Núm. 4. p. 2.