Así como el presidente Miguel de la Madrid, evidentemente somnoliento, reaccionó tardíamente ante los efectos del sismo del 19 de septiembre de 1985, el presidente Enrique Peña tardó cuatro días en despertar para enterarse tardíamente de las manifestaciones de inconformidad social ocasionadas por el primer mega gasolinazo de 2017.
Peña Nieto todavía disfrutaba sus vacaciones de fin de año en Mazatlán, cuando el país se estremecía por la indignación que produjo en millones de mexicanos su decisión de aumentar el precio de las gasolinas. Encarecimiento que lógicamente elevó la temperatura del enojo social que desde hace bastante tiempo existe contra su gobierno. Mientras en muchas ciudades la gente enardecida salía a la calle para manifestar su inconformidad por la disposición gubernamental, el presidente de la república, tranquilamente encerrado en su burbuja de confort, jugaba golf y se asoleaba en la playa, como si nada malo ocurriera en México.
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Fue hasta el 4 de enero, cuando la inconformidad social y los saqueos estaban en uno de sus niveles críticos que Peña Nieto despertó, para decir, al final del evento donde dio a conocer la reincorporación de Luis Videgaray, al gabinete presidencial, que “compartía” (en vez de decir que comprendía) la molestia y el enojo provocados por el encarecimiento de las gasolinas. Justificó el traumático encarecimiento al advertir que se trató de una medida dolorosa pero inevitable. Desde luego que no logró acallar el descontento popular provocado por el gasolinazo.
Al día siguiente, 5 de enero, cuando las manifestaciones de inconformidad crecían y los saqueos se multiplicaban en muchas ciudades del país, Peña atribuyó a “causas externas” los incrementos de precios en las gasolinas y acusó a Felipe Calderón de quemar con los subsidios “casi un billón de pesos.” De no haberse ajustado los precios, advirtió el presidente, se habrían gastado 200 mil millones de pesos para mantenerlos en los niveles que tuvieron hasta el 31 de diciembre de 2016.
Unas horas después, el 6 de enero, visiblemente molesto por las demostraciones del enojo social, Peña aprovechó la ceremonia donde se conmemoró el Día de la Enfermera para señalar que ve “a los partidos (políticos) y a algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar (políticamente) esta coyuntura”, arremetiendo contra quienes lo critican ─y se inconforman─ por el gasolinazo. Enfatizando que “no entienden o no quieren entender” el motivo que lo impulsó a tomar la decisión que encareció los precios de las gasolinas.
El lunes 9 de enero, casi en la clandestinidad, el presidente Peña encabezó una reunión en la residencia de Los Pinos, a la que asistieron algunos representantes de agrupaciones empresariales, sindicales y del sector campesino, que fueron convocados para firmar ─fast track─ un documento denominado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que se dijo servirá para evitar incrementos injustificados de precios con motivo del ajuste de precios de las gasolinas y el diésel.
El referido acuerdo, nada tiene que ver con una estrategia coherente para la conservación de los precios. Sobre todo cuando no existe control de ellos en alimentos básicos.
Se trata de un bodrio ambiguo y con vaguedades, que toca temas que nada tiene que ver con una política pública de precios, como Fomentar las inversiones y el empleo, mediante la expedición de “Un Decreto que fomente la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero”. Preservar la estabilidad económica, garantizando “un creciente superávit primario, reduciendo el endeudamiento del Gobierno Federal” y Preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, fortaleciendo “el Estado de Derecho para combatir la corrupción y aumentar la transparencia.”
Si esas vaguedades no fueran motivo suficiente para poner en duda que el acuerdo ─que Peña Nieto, con el poder de la banda presidencial, impuso a quienes lo suscribieron sin someterlo a un elemental escrutinio─ cumpla con propósito de “evitar alzas injustificadas de precios”, basta recordar que la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró ese documento “improvisado, incompleto e insuficiente”. Toda vez que la presidencia de la república lo entregó dos horas antes de ser firmarlo en Los Pinos.
Rodeado de la comodidad y seguridad que ofrece la casa presidencial a su huésped y alejado de la estridencia que producen las manifestaciones multitudinarias y de los gritos de protesta por el gasolinazo, el presidente Peña, a través de un video, preguntó a los inconformes ¿ustedes qué hubieran hecho?
En una mesa del café La Habana un periodista que la videograbación dijo: ¡yo no hubiera hecho las pendejadas que hizo usted!
De inmediato recordé aquella coloquial frase que pronunció en la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador del Partido del Trabajo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el 2 de diciembre de 2014 ─en ocasión del escándalo que estalló por la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec─ al señalar que hay dos cosas que el presidente Peña Nieto no puede ocultar: “lo pendejo y ratero”.
Dentro del singular contexto de ese inédito marco filosófico, utilizado por el diputado Huerta Ladrón de Guevara para definir dos características personales del presidente Enrique Peña Nieto, yo le diría que no habría hecho ninguna de las tonterías que hizo él.
Con suficiente antelación y suficientes datos, yo habría acudido al Congreso de la Unión para dar a conocer a los senadores y diputados, con veracidad y precisión, las cifras relativas a los volúmenes de gasolinas y diésel que se han producido en México en los diez años recientes.
También haría del conocimiento de los legisladores, los volúmenes de consumo ─diario, mensual y semanal─ durante ese mismo lapso, para que conocieran realmente la magnitud de los déficits de los carburantes que el gobierno federal ha tenido necesidad de importar para satisfacer la demanda de esos combustibles, en términos razonables.
En seguida demostraría, con facturas en mano, los volúmenes y costo de las importaciones efectuadas durante ese tiempo.
Una vez conocidas esas cifras, los integrantes del Congreso de la Unión conocerían, con certeza y veracidad, el monto de los subsidios que el gobierno de Peña Nieto cuantifica en 200 mil millones de pesos, sin presentar ninguna prueba documental que avale su dicho.
A continuación analizaría con ellos la forma de retirarlos sobre la base de afectar lo menos posible el poder adquisitivo de la población.
Todo lo anterior lo daría a conocer ampliamente y con antelación a la opinión pública.
Dado este paso, convocaría, sin distinción ni exclusiones de ninguna índole, a la totalidad de representantes de los sectores productivos del país ─empresarios de la industria y el comercio, sindicatos, productores agropecuarios y transportistas─ y a las organizaciones de la sociedad civil, para darles a conocer y discutir, en detalle, la problemática financiera de los combustibles y acordar conjuntamente la eliminación de los subsidios, de ser el caso.
Finalmente, invitaría a todos los representantes de los sectores productivo a firmar un pacto en el que, haciendo un ejercicio de solidaridad social, se comprometan a incrementar los precios únicamente en los porcentaje que el alza de las gasolinas impacten los productos que comercializan.
Debido a que el presidente Enrique Peña Nieto actuó de manera contraria a como aconseja el sentido común, tendrá que pagar las consecuencias políticas de su error.
Por lo pronto el nivel de desaprobación de su gobierno ascendió a 86% y el de aceptación se desplomó al 12%.
Este elevado grado de desaprobación indica que el PRI perderá la presidencia de la república en las elecciones de 2018 y que las posibilidades de triunfo de López Obrador van en ascenso, porque todo lo que hace mal Peña Nieto, beneficia automáticamente al eterno candidato presidencial.
Hace un par de días, sin comprender aún el impacto que el gasolinazo tendrá en la economía familiar de millones de mexicanos, Peña Nieto, al referirse a las reformas estructurales, dijo que éstas “nos dejan ver un horizonte para el país mucho más alentador, promisorio y de mayor oportunidad”.