La corrupción no se produce en las instituciones gubernamentales ni en las instancias legislativas, como muchas personas piensan. Se incuba y desarrolla en el seno de las familias que, consciente o inconscientemente, están reñidas con los buenos hábitos y la legalidad.
Se trata de un corrosivo fenómeno social que surge, imperceptiblemente, en el seno familiar. En el momento mismo que los padres, asumiendo actitudes proteccionistas, bajo cualquier circunstancia o motivo, justifican que sus hijos, por enfermedades momentáneas o pereza, no cumplan con su obligación de acudir a la escuela o falten a su trabajo cuando inician su vida laboral.
Más artículos del autor
El problema de la corrupción continúa avanzando cada vez que alguno de los integrantes de los millones de familias que pueblan la nación mexicana, adquiere productos piratas, como discos musicales, películas, videojuegos, libros, programas de cómputo, ropa, zapatos, cosméticos, perfumes, lociones, relojes, cigarros y vinos, entre otras cosas.
Otro paso adelante que da ese mal que corroe las entrañas del país, se produce cuando personas que desean agilizar lentos trámites burocráticos en las oficinas gubernamentales ofrecen y entregan dinero, aun antes que les sea pedido por servidores públicos deshonestos.
Lo mismo sucede cuando algún conductor de vehículo automotor, que comete una infracción de tránsito proporciona una mordida para evitar una sanción. Esta faceta de la corrupción la estimulan las autoridades gubernamentales que establecen multas de montos excesivos, ocasionando que los infractores, con el propósito de ahorrar tiempo y dinero paguen sobornos de menor cantidad.
El empleado ─público y privado─ que no realiza las tareas que tiene obligación de efectuar o que no cumple íntegramente con su jornada laboral, también incurre en actos de corrupción.
Cuando personas que durante alguna etapa de su vida transitaron por este camino, llegan a ocupar cargos públicos, como presidente de la república, gobernador, presidente municipal, senador, diputado, juez, agente del Ministerio Público y magistrado, entre otros, enloquecen y no ocultan su deseo de apoderarse ilícitamente de cualquier cantidad ─grande o pequeña─ de fondos públicos.
En muchos casos y con el afán de mejorar su posición social y económica, mediante la ley del menor tiempo y menor esfuerzo, ha hecho que infinidad de servidores públicos propensos a cometer actos de corrupción, aprovechen la posición política que les ha sido confiada transitoriamente, para recurrir al desvío y apropiación de fondos públicos, al cobro de comisiones o cuotas en las adquisiciones gubernamentales, a recibir sobornos para asignar obras públicas y a emitir decisiones ministeriales a modo y en determinado sentido.
Fue durante el sexenio (1946-1952) del presidente Miguel Alemán Valdés cuando la corrupción gubernamental se institucionalizó en el país. Las numerosas obras de infraestructura que fueron construidas durante su mandato, impulsaron este nocivo fenómeno social que ahora ha alcanzado una dimensión gigantesca.
Con Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la república, su Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), puesto en marcha al día siguiente de su toma de posesión ─con la evidente intención de legitimar su cuestionado triunfo electoral en las elecciones de 1988─ actuó como impulsor de la corrupción gubernamental por la forma discrecional como se manejaron los 51 mil 818 millones de pesos, que ─según versión gubernamental de ese tiempo─ fueron asignados a ese programa con la finalidad de abatir la pobreza.
Durante el lapso de la administración sexenal salinista, la pobreza de los pobres no disminuyó, salvo la pobreza de algunos de los servidores públicos que tuvieron la encomienda de realizar obras públicas en zonas de mayor marginación social.
Hoy, la corrupción gubernamental, constituye uno de los grandes problemas que afectan el desarrollo económico del país. Los otros problemas son la impunidad que actúa como detonador de la corrupción, la ingobernabilidad, la mala calidad de la educación pública, el empleo mal remunerado y la creciente inseguridad pública.
Los recientes y escandalosos saqueos multimillonarios de las finanzas públicas cometidos por Emilio Padrés, Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge, estando, respectivamente, al frente de los gobiernos de Sonora, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, contribuyeron a elevar el enorme desprestigio que arrastra la clase gubernamental. Habida cuenta que por indiferencia ─o ineptitud─ de la Procuraduría General de la República, esos individuos que de la corrupción hicieron su modus vivendi gozan de libertad como si fueran personas honestas.
Debido al crecimiento alcanzado por la corrupción durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, una vez que sea designado su titular ─que debe ser autónomo y no dependiente del poder Ejecutivo Federal─ ,le espera un descomunal trabajo para combatir y abatir, con buenos resultados, ese flagelo que agobia al país.
No debe haber más contemplaciones contra ningún servidor público corrupto. Replicar la nefasta inacción y omisiones de ese costoso e inútil elefante blanco llamado Secretaría de la Función Pública no debe repetirse.
¡México no lo merece ni lo aguantaría!