La semana pasada se cumplió una década de la guerra, iniciada en el gobierno pasado, contra el narcotráfico. Los saldos del horror y terror ampliamente documentados, no son necesariamente derivados de una conflagración bélica, de confrontación de dos o más fuerzas en disputa. Fue la respuesta reactiva, de todo el poder del Estado para rescatar, imponer, prefigurar, reordenar el control social en amplias franjas del territorio nacional ocupadas por las organizaciones delincuenciales que impusieron su poder criminal, económico e incluso político, gracias a la omisión, negligencia, corrupción y contubernio criminal de agentes institucionales.
La decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles provoca hoy dudas. El mapa delincuencial en el país es amplio. Los índices delictivos, atenuados en el segundo y tercer año del actual gobierno, recuperaron su tendencia a la alza. El tejido social se deterioró. La acción delincuencial vuelve a ser la principal amenaza para los mexicanos.
Más artículos del autor
Hoy día la ola delictiva es imparable en el territorio nacional. No es, no ha sido, ni será suficiente la acción castrense. La decisión de continuidad reactiva entre un gobierno y otro en el mediano plazo ha sido de sumatoria negativa. ¿Qué lleva a continuar dicha estrategia?
Una razón se encuentra en los dividendos políticos. La decisión fue usada mediáticamente por el PRI para mostrar que el PAN no supo gobernar. Ahora la oposición le critica al PRI la falta de resultados en el combate a la delincuencia. Y hoy el PRI, especialmente la presidencia asocia su tan desgastada imagen al impacto mediático que difuminan las fuerzas castrenses. El cálculo de las elites es sobre costos y beneficios políticos no es de vidas humanas o deterioro de los Derechos Humanos y del orden social. Es sustantiva la rentabilidad política y de poder.
La otra razón es de índole económica: es más barato y rentable involucrar reactivamente al Ejército y a la Marina en el combate a la delincuencia organizada.
Invertir en un diseño de prevención del fenómeno delictivo que contemple, además, frenos institucionales a la depredación neoliberal, es largo y costoso. Sería obligado modificar o atenuar el modelo. Aunque en el “Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI”, reconocen que el problema de fondo es estructural - pobreza, falta de oportunidades en la educación, desempleo- no darán pasos en sentido inverso.
Las estrategias de combate a la delincuencia organizada tendrían que contemplar el valor indiscutible de la participación social. El alcance delictivo es local, regional. Su desarrollo ha dependido del grado de dispersión en entornos locales. No tiene una estructura nacional, no le interesa construirla. Son fuertes en los entornos locales. La emergencia de la indignación social en todo el territorio nacional ha contenido a las organizaciones delincuenciales; salvo donde las relaciones sociales fueron aplastadas, como en el norte del país.
Ahí donde ha emergido la participación social para cuidarse y responder la delincuencia ha disminuido.
¿Por qué no contemplan formas de participación social? La respuesta es altamente significativa: institucionalizar la participación de la comunidad supondría poner en evidencia la incapacidad de actores políticos y gubernamentales para gobernar.
Por ello se empecinan en caminar por el mismo rumbo aunque dañen los cimientos estructurales del Estado mexicano. Es inocultable el desgaste. La sociedad mexicana confía cada vez menos en las instituciones. Y Si la sociedad no confía, la elite solo ve el camino castrense para rescatar la confianza, recuperar credibilidad.
Ello explica por qué la iniciativa de ley presentada por el PRI focaliza, orienta, enfatiza la definición de “seguridad interior” (el cuidado de la permanencia y viabilidad de las instituciones) y defina una suerte de reconstrucción “poli militar” de la legitimidad institucional, precisamente provocada por la participación del Ejército y la Marina contra el trasiego de drogas ilícitas.
La decisión de llevar a las fuerzas armadas, como si fuera una cargada de guerra, desgastó los débiles filtros anti corrupción y de control de Derechos humanos. Los escándalos y señalamientos, además, se extendieron a todas las esferas gubernamentales. En esta estrategia no solo dañaron el tejido social, afectaron sustancialmente a todas las instituciones, muchas de ellas devinieron en paraísos de corrupción irrefrenable e incontrolable.
Por ello en la iniciativa en cuestión se señala que los asuntos de corrupción de los funcionarios son asuntos de seguridad interior. De ser aprobada la iniciativa, serán vigilados, perseguidos y apresados por las fuerzas militares, bajo la coordinación de la Secretaria de gobernación. Para la masa media es altamente plausible, sin embargo el tema de la seguridad interna es de mayor complejidad. Por ejemplo, en un sistema de controles tan poroso como el mexicano, y tan experto éste en manejar con maestría los desfases y ambigüedades legales, la acción militar de combate a la corrupción gubernamental muy pronto puede convertirse en un recurso de presión política para conseguir lealtades desviando su sentido ético justiciero.
De todas maneras, en la persecución, la escucha, incluso en la ejecución de órdenes de aprensión contra funcionarios de alto nivel, las fuerzas armadas han participado en mayor o menor medida, ¿cuál es la variación? ¿Le ha preocupado al Estado mexicano la legalidad de sus acciones? En realidad al legislar sobre seguridad interna se persigue incrementar la capacidad de negociación del presidente de la república hacia las entrañas del sistema político mexicano. Si el Estado se ha hecho débil en su interior por la guerra de los diez años, se requiere construir instrumentos para enfrentar y resolver disfunciones administrativas, confrontaciones entre elites, amenazas rupturistas, indisciplinas castrenses.
En pocas palabras: consenso político y orden administrativo a costa de lo que sea. Incluso de la amenaza que potencialmente representará para toda la clase política mexicana, para los funcionarios de los distintos niveles, para los miembros y mandos de todas las corporaciones policiacas, municipales, estatales y federales (incluso miembros del ejército y la marina). Es la vigilancia, escucha, persecución y detención ejecutada por fuerzas castrenses, insisto, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación.
Se abre un compás de espera. La iniciativa aún no se discute y ya generó malestar en la opinión pública porque no es viable desembocar en un diseño que, gracias a dicha iniciativa, al estilo de la KGB soviética, el Estado mexicano se considere enemigo de sí mismo.
Es un experimento contra natura. El remedio es peor que la enfermedad. La perspectiva tendría que orientarse hacia la definición de un pacto político social incluyente que permita, con realismo contextual, iniciar la re-construcción de instituciones de seguridad democráticas.
gnares301@hotmail.com