La reforma educativa, la evaluación y su visión utilitaria (primera parte).
La cacareada “madre de todas las reformas estructurales”, la educativa, se ha convertido en el signo de la reproducción de una política económica que ha pauperizado a la mayor parte de la población en el país y ha creado una disolución evidente de la cohesión y el lazo social en México. Las acciones que ha emprendido el gobierno federal a cargo de Enrique Peña Nieto, y aplicadas por el secretario de educación pública, Aurelio Nuño Mayer, han creado mayores afectaciones a la educación que los logros prometidos. Asimismo, la evaluación, tanto de docente como de estudiantes, se ha convertido en un camuflaje camaleónico que, de tanto repetir las condiciones en las que se encuentra la educación del país, ya no dice nada. Además, de ser todo un dispositivo conjunto entre las distintas instancias involucradas para legitimar las acciones del gobierno federal de ir eliminando obligaciones que le corresponde al Estado cumplir.
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La calidad educativa que, supuestamente, busca el gobierno federal y las instituciones involucradas en la reforma educativa, tales como la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), no sólo es una simulación, sino actúan bajo un precepto internacional de disminución de gasto social y privatización de la educación. Obviamente, dicha privatización no se dará como venta, sino como co-participación de la sociedad civil y el gobierno, totalmente al estilo del programa público Solidaridad, impulsado por Carlos Salinas de Gortari en los años 90, del siglo pasado.
Del mismo modo, la ambigüedad en el artículo 3º constitucional, referida al concepto de calidad, parte de una visión eficientista neoliberal más que histórica. A diferencia de los preceptos de laicidad (producto de las pugnas durante el siglo XIX y XX), publicidad (con fundamento en la configuración del Estado mexicano, su función y reproducción ideológica, en la configuración de la nación) y gratuidad (al reconocerse como una obligación y un derecho fundamental de un Estado democrático y tras la lucha trabajadora y estudiantil por mantenerlo), la calidad sólo corresponde al vínculo economicista entre necesidades empresariales y del mercado y la producción de empleados y trabajadores funcionales a dicho sistema. El concepto de calidad educativa del discurso gubernamental más que buscar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, el fomento del amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, atender los problemas del país, aprovechar los recursos nacionales defender la independencia política y económica, produce todo lo contrario.
La calidad que busca la “reforma educativa” no es más que la “pertinencia” de la producción de mano de obra calificada útil a las necesidades del mercado. Se busca, desde hace algunos años, bajo el concepto de competencias, que la formación de los estudiantes este dirigida a “participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico”, más no la formación de una conciencia crítica, analítica, reflexiva, creativa y participativa de los ciudadanos, o sea, en desarrollar lo establecido en el artículo 3º constitucional.
La calidad de la reforma educativa es, no sólo limitada, sino dirigida y administrada a la formación de personas que resuelvan problemas, no de personas que sepan cómo hacerlo o se pregunten la raíz del mismo. La constitución del modelo educativo desde la reforma de la educación secundaria (2006), la reforma a la educación primaria (2009), el Acuerdo 592, la modificación al artículo 3º constitucional (2013), la modificación de Ley General de Educación, la promulgación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente y, muy tarde, el nuevo Modelo Educativo (2016), no son más que muestras de la tendencia neoliberal en la educación del país y el ejemplo del abandono del Estado de una verdadera educación vinculada a la libertad y la justicia social y económica.
La reforma educativa busca crear ciudadanías de primera, segunda y tercera calidad. La evaluación de la educación, en este momento, más que evidenciar las carencias y las violaciones al derecho humano de la educación, se ha aliado a los intereses mezquinos del Estado y los empresarios, mostrando datos estadísticos, pero sin llevar a flote tanto los vínculos políticos como las verdaderas estructuras metodológicas que hay detrás de los exámenes a gran escala dirigidos a docentes y estudiantes.
El modelo de la reforma educativa y de la evaluación ha adquirido una suerte de perro-gato (como diría Norberto Bobbio). Ambas son como un perro que persigue su propia cola, ya que las limitaciones de las pruebas a gran escala radica en que deben medir lo que dictan los programas de estudio, mismos que cuentan con una visión parcial e ideologizada por la economía de mercado, instituciones ajenas al fenómeno educativo (como el caso de Mexicanos Primero, por quienes se tiene una evaluación “censal de centros escolares en Planea) y mandatos de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Picaporte
Ojalá que el gobierno mexicano no regale cajones para lustrar zapatos a los niños y niñas del país, como lo hizo con las tablets. Esperemos que la indignante acción del alcalde de San Luis, Petén, Guatemala, Jesús Claros Arriaza, no se convierta en la nueva copia de política o programa público hecho por el gobierno mexicano.