Me sorprendieron verdaderamente las declaraciones que hace unos días emitiera el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, ello por cuanto a que los poblanos tendrán que esperar entre cinco y diez años, para que el nuevo sistema de justicia denominado penal adversarial se consolide en la entidad.
De acuerdo con estas manifestaciones se evidencia una verdadera pugna con el contenido del artículo 17 Constitucional, en relación a que la justicia que se administre por tribunales previamente establecidos debe ser pronta y expedita, es decir en los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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En un contrasentido a los principios que rigen dicho procedimiento la justicia que actualmente se administra es equidistante al punto de la mediocridad e improvisación, porque simplemente los recursos proporcionados por la federación desde el 2008, no fueron destinados a su fin, que fue precisamente el de la profesionalización de quienes se encargarían de la impartición y administración de justicia en la entidad.
La situación es crítica y al respecto me remito a los comentarios recibidos por el autor de estas líneas de parte de un comandante de la policía ministerial en uno de los tantos distritos judiciales del estado. El citado agente policiaco dentro de sus escasos conocimientos legales me planteaba que la sociedad no sabe cómo presentar una denuncia y menos aún ante quién debe hacerlo y que tal situación ha generado que en algunas comunidades los ciudadanos opten por pretender hacerse justicia por su propia mano, que incluso ha tenido que intervenir en dos intentos de linchamiento.
El comandante a quien denominaré Beltrones, me señaló con precisión que se encuentran rebasados, que el número de elementos por comandancia es minino y que cuando tienen conocimiento de la presencia del crimen organizado optan por no intervenir, pero que además, como no se encuentran capacitados, cuando concurren a diligencias en juicios orales la autoridad judicial los pone en ridículo, agregando que las personas que les han impartido cursos en el Instituto de Formación Profesional (dirigido por la nuera del fiscal general), carecen de conocimientos pedagógicos, porque sostiene el comandante Beltrones, “es gente que desconoce la práctica” y dentro de la plenitud de su desconocimiento agrega; “los cursos los deben impartir los jueces que son sabelotodo, porque ni los agentes del ministerio público saben qué hacer en muchos casos”.
Por supuesto que contrario a lo que refiere el magistrado Roberto Flores Toledano, la sociedad no puede esperar hasta diez años para que se consolide el sistema penal adversarial y es urgente que al respecto se tomen las medidas conducentes, pues aun cuando los tribunales de la federación en este circuito han sido benévolas y pacientes con la ignorancia, tal circunstancia también confronta a los tribunales de legalidad con la propia sociedad. En el edificio central de la Fiscalía General, los espacios se hacen cada vez más pequeños ante el flujo social y ello ha llevado a la construcción incluso de nuevos espacios improvisados.
En pasillos del Tribunal Superior de Justicia se escucha algunos servidores públicos referir que los togados que aun desahogan procedimientos tradicionales fueron los premiados ya que “se la llevan tranquilos”, ya que además, sólo van a sus distritos dos o tres veces por semana pues es una farsa que los estén vigilando con cámaras de video. El Poder judicial en el estado aunado a las deficiencias en la implementación del denominado nuevo sistema de justicia penal, enfrenta rezago y corrupción porque el mecanismo sancionador de jueces y secretarios es arcaico y se ejecuta negociando plazas y privilegiando grupos; corregir estos esquemas, se ha visto, es imposible, puesto que en el tercer poder de la entidad, ni son todos los que están, ni están todos los que son.
De tal suerte que barriendo las escaleras con jubilaciones de magistrados, sólo se logró establecer un nuevo tribunal plagado de intereses en el que lejos de depurar viejas prácticas, se trajo a escena personal con sofisticado conocimiento para quebrantar la norma y en este sentido quizá termine diciendo que tiene razón el magistrado Toledano… ¡habrá que esperar quizá diez años!.
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