Las políticas públicas de cualquier país, en la actualidad, requieren del visto bueno de los ciudadanos si se pretende que cumplan con la totalidad de los objetivos establecidos. A diferencia del pasado, cuando los gobiernos eran los únicos que decidían qué hacer con tanto presupuesto, hoy los ciudadanos tienen un papel más activo.
Desde que en las décadas recientes la visión de ciudad se convirtió en un tema que involucra a todos quienes las habitan, los planes urbanos han sufrido modificaciones orientadas a considerar en un papel preponderante la comodidad y seguridad de los pobladores, por encima de intereses particulares o de grupo, que durante mucho tiempo fueron los verdaderos detonantes de las obras que se realizaban.
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Con la nueva ola de concienciación de las autoridades, motivada por un mayor interés de las organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, científicos y especialistas en la materia, agrupamientos internacionales y la sociedad en general, las leyes de cada país han cambiado para incluir la participación ciudadana como un derecho y una obligación.
No obstante las reglamentaciones han tratado de abarcar este punto de vista por medio de la creación de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado que establece a los consejos estatal y municipales de participación ciudadana en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, es indispensable generar otro tipo de mecanismos que complementen su labor y la vuelvan más efectiva.
Sin duda, el procedimiento más adecuado para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho es la consulta, no sólo en los planes o programas de desarrollo urbano, sino también en la realización de obras de urbanización y edificación, al entender que estas pueden afectar el hábitat de los ciudadanos poblanos.
Fue así como esta semana propuse ante el Congreso del Estado que para hacer efectivo lo anterior, el Ejecutivo del Estado en coordinación con los ayuntamientos, promuevan la participación ciudadana y vecinal, al convertir en realidad la consulta pública.
Es preciso reconocer a la participación ciudadana como un derecho y deber ciudadano de informarse y conocer de las disposiciones de planeación urbana y uso del suelo.
Al continuar con los temas urbanos ambientales, durante la sesión de este miércoles también presenté un exhorto para que los ayuntamientos urbanos del estado, en el uso de sus facultades y en la mediad de sus posibilidades, implementen el programa “Adopta un Parque”.
Esta estrategia tiene como finalidad la rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes municipales, de modo que las personas físicas o jurídicas que acepten voluntariamente adherirse al programa, orienten su participación a las acciones de creación de áreas verdes, a su restauración, forestación y reforestación, mantenimiento, cuidado y conservación, incluyendo las que se localizan en los bienes de uso común.
Por supuesto, este programa contempla incentivos que beneficien a las personas que voluntariamente acepten adherirse, como puede ser el descuento en el pago del Impuesto Predial.
Queda claro que la participación de todos para generar las condiciones de vida que deseamos en nuestra ciudad es de gran relevancia en el proceso de planeación de políticas públicas locales, pues únicamente así veremos el cambio de paradigmas y el beneficio concreto para la sociedad.