Frente a los anticipados nombramientos de Fiscal General que pretendieron realizar en Quintana Roo y Veracruz los gobernadores salientes Roberto Borge y Javier Duarte, para blindarse legaloidemente, los panistas se rasgaron las vestiduras y sus gritos hicieron eco en la presidencia de la república, al grado tal que de inmediato se interpuso una controversia constitucional por la PGR. Lo cual denota que es fácil, como condición humana, ver la paja en el ojo ajeno sin distinguir la viga en el propio.
En efecto como es sabido en Puebla, el “honorable” Congreso del estado aprobó la propuesta del nombramiento a Víctor Carranca Bourget para permanecer en el cargo de Fiscal General hasta el año 2022, es decir, por siete años más, hecho este que propicia una flagrante violación a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción. Sobre este particular tema panistas, priistas, perredistas y morenos prácticamente permanecieron callados, es decir respetando su voto dado en el congreso local.
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En recientes días algunos medios de comunicación dieron cuenta de otro posible madruguete que representa blindaje al actual gobernador del estado, se trató de la terna enviada por el secretario general de gobierno Diodoro Carrasco Altamirano, para nombrar magistrado en el Tribunal Superior de Justicia; en dicha terna había personajes que se sorprendieron de haber sido incluidos, puesto que la carrera judicial es propiamente inexistente al seno del tercer poder, ello por la sumisión que este siempre ha guardado para con el ejecutivo y los grupos que han asumido control. El dedo divino fue puesto en Gabriel Marcos Moreno, personaje que como Roberto el “Bobby Grajales”, ninguna experiencia tiene para administrar justicia, empero si su espectro político le permitió una fugaz inclusión en la jugosa nómina del tribunal superior de justicia.
El congreso del estado evidentemente que estará presto a la señal de casa Puebla, desde donde en esta ocasión se retiró la citada propuesta de Gabriel Marcos Moreno, quien debe estar sabedor que el futuro gobernador ya había considerado de entre cercanos personajes el nombramiento de por lo menos tres futuros magistrados, debido a que un personaje de la mitología del poder judicial le filtró una lista de posibles bajas por jubilación al interior del Tribunal. Dicho en otras palabras, José Antonio Gali Fayad, aunque poquito pero sabe del tema, es decir, conoce las intenciones y pretensiones de muchos actuales magistrados, por ello no resultó casual el madruguete orquestado desde la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, sin embargo esto no implica que el aún gobernador Rafael Moreno Valle, imponga antes de irse, si es que en verdad se va, a por lo menos un magistrado.
Pero reza al interior del grupo conformado por algunos exmagistrados el viejo adagio “no tiene la culpa el indio, si no aquel que lo hace compadre”, pero ¿quién dentro del poder judicial no se le tiende de tapete al gobernante en turno?, más ahora sabedores que desde la fiscalía general se ordena el quehacer de dicho tribunal. Por tanto, la permanencia de Víctor Carranca Bourget, verdaderamente representa un blindaje al gobernador Moreno Valle y es claro que el silencio panista es delatador, viendo como ya he dicho, únicamente la paja en el ojo ajeno.
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