Para nadie es un secreto que la autoridad municipal tiene el deseo de emprender acciones serias para el reordenamiento comercial del Centro Histórico. Para nadie tampoco ha sido un secreto que los últimos años ha existido una “tolerancia” en favor de los vendedores llamados informales o no establecidos formalmente, aunque a final de cuentas se han adueñado de varias calles.
El problema es que la autoridad municipal ha estado sujeta a los intereses, deseos y operaciones del Gobierno del Estado. Y ahí es donde está el verdadero problema.
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Los responsables de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas tienen ciertas “formas” de operar, la sutileza es una asignatura pendiente y por lo visto también la investigación.
El reordenamiento comercial del Centro Histórico (CH) debe responder a una planeación con inteligencia, a una estrategia con inteligencia, a una operación basada en la información, el conocimiento, la razón.
Los hechos del pasado viernes, de todos conocidos, donde 6 personas resultaron lesionadas de bala, corresponden no a una estrategia para resolver el problema de fondo, más bien están enmarcados en el deseo del gobernador de buscar la atención de los reflectores nacionales para aumentar el grado de conocimiento sobre su persona.
Ese deseo de presentarse como el político que sabe cómo hacer las cosas, fue el origen de la operación contra la piratería, planeada inicialmente a una hora cuando los vendedores no estaban ubicados.
Los hechos fueron violentados porque no hubo diferenciación entre mercancía pirata y la que no lo era. Más aún, los líderes de algunos grupos estaban en concordancia con la autoridad municipal desde hace algunos años. Se sintieron traicionados, engañados.
Frenar la piratería tiene varios caminos. La autoridad debe saber de dónde viene, cómo es introducida a la ciudad, dónde se guarda, quién la vende, y no sólo quién la comercializa y en qué calles.
Resulta sospechoso, que la Policía Auxiliar haya sido responsable de una buena parte de la operación, cuando no tiene la capacidad técnica, de conocimientos, para un asunto de ese tamaño.
Resulta sospechoso que el gobierno supo y pudo detener a los camiones que transportaban propaganda política de Blanca Alcalá hace unos meses y no para detener a los tráileres donde se introduce la piratería.
Todos saben que la orden salió de Casa Puebla. Todos se dan cuenta de que la tropezada operación dejó expuesto al Presidente Municipal, a los ciudadanos de a pie, a los comerciantes establecidos, expuso también la imagen de Puebla como ciudad segura y apta para el turismo, los turistas estuvieron en peligro y la prensa nacional e internacional dio cuenta de ello.
Más vale que las autoridades en funciones, y el gobernador electo, tomen medidas en esta materia.
Porque hasta ahora, lo hecho ha sido en aras de demostrarle al país que Rafael sí puede, que sí sabe gobernar… Ojalá lo hiciera con inteligencia y que no se repita otro hecho mal operado, como el de Chalchihuapan, que costó una vida, y el del viernes que pudo haber terminado en una tragedia.
O por lo menos así me lo parece.
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