Derivado de las consecuencias mediáticas, originadas por los sangrientos acontecimientos ocurridos el domingo 19 de junio, en Nochistlán, Oaxaca (durante el desalojo de una carretera bloqueada por elementos de la CNTE), el presidente Peña Nieto dispuso que el secretario de Gobernación, Miguel A. Osorio Chong, anunciara el día de ayer, 21 de junio, que el “Gobierno de la República reitera su disposición a dialogar, en el marco de sus atribuciones y con absoluto respeto a la ley, con integrantes de la SNTE-CNTE… con el objetivo de escuchar los planteamientos y razonamientos de dicha organización.”
Está reunión, coloca a la defensiva al gobierno de Peña Nieto, porque se efectuará (el día de hoy) sin que los profesores afiliados a la CNTE suspendan los bloqueos de carreteras y el paro magisterial que tiene sin clases a los alumnos de educación básica de Oaxaca desde hace más de un mes y sin que acepten, también, realizar su trabajo dentro de los lineamientos establecidos en las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Docente, como pretendió, durante varios meses, el secretario de Educación Pública, Arturo Nuño.
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La determinación de Peña Nieto para que el secretario de Gobernación, Osorio, se reúna con representantes de la CNTE, sin que esa organización gremial cumpla previamente las 3 condiciones antes señaladas, constituye un triunfo político para la CNTE. Triunfo que le vuelve a dar vida, fuerza y vigencia.
En contra partida, para el Presidente de la República representa una derrota que lo acorrala.
La victoria de la CNTE, salpica a López Obrador porque éste, en varias ocasiones, le ha manifestado su apoyo y ha demandado que el gobierno de Peña Nieto tenga un acercamiento con la disidencia magisterial.
En dirección opuesta, al anunciar el secretario de Gobernación, Osorio Chong, que por disposición del gobierno federal (entiéndase Enrique Peña Nieto) se reunirá con representantes de la CNTE (de menor jerarquía que Rubén Núñez y Francisco Villalobos, quienes se encuentran encarcelados), la posición del secretario de Educación Pública, Arturo Nuño, se debilitó automáticamente porque esa reunión se efectuará sin que se hayan cumplido ninguna de las condiciones expuestas por el exjefe de la oficina presidencial.
Debilidad que, en un rasgo de pundonor, obliga a Nuño a renunciar al importante cargo público que ocupa, debido a que su permanencia en él es ya insostenible.
De ocurrir esa renuncia, Nuño Meyer sería el primer damnificado de la CNTE dentro del actual círculo gobernante.
Cinco semanas antes de los sucesos de Nochistlán, la opinión pública corroboró que el Presidente de la República se encuentra viviendo el peor momento de su administración gubernamental.
Así lo revela la encuesta cuatrimestral más reciente, efectuada por el periódico Reforma con la finalidad de conocer el nivel de aceptación que tiene entre sus gobernados el titular del poder Ejecutivo Federal.
El resultado de ese sondeo de opinión pública, indica que el presidente tiene en su haber, el porcentaje más bajo (30%) que hayan alcanzado ─desde que se estableció esta medición en 1995─ los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Un grupo de líderes de opinión, que fueron consultados por ese diario capitalino, calificó con 3.7 puntos (en base a una escala de uno a diez puntos) el desempeño de Peña Nieto durante el primer cuatrimestre de 2016. Por su parte, el segmento de la población civil encuestado, evalúo el trabajo realizado por el presidente, en ese período, con una calificación de 4.4 puntos.
Colocado en esa desfavorable situación para su administración gubernamental, el presidente Enrique Peña, empieza, ahora, a cosechar los conflictos sociales que a lo largo de sus tres primeros años de gobierno sembró con su pusilaminidad.
Pusilaminidad que quebrantó el Estado de Derecho y condujo al país a la situación de ingobernabilidad en que se encuentra hundido desde hace más de 36 meses.
Durante ese lapso, Peña Nieto no ha cumplido su obligación de respetar y hacer respetar la ley. De manera específica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Su aparato gubernamental, sistemáticamente, admite que decenas de millares de profesores afiliados a la CNTE, suspendan durante infinidad de meses la impartición de clases de educación básica, en escuelas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, cobrando ilegalmente sueldos que no devengan.
Y, por añadidura, cometan cuanto delito se les ocurre, bajo el pretexto de demostrar su rechazo a esa cosa que Peña llama reforma educativa.
Envalentonados, por la permisividad e impunidad que les obsequia cotidianamente el gobierno del priista Enrique Peña, los profesores de la CNTE han radicalizando sus marchas y plantones de protesta y escalado la magnitud de los delitos que suelen cometer.
Invocando que en esos eventos políticos ejercen su derecho constitucional de manifestación, a los profesores centistas no les importa violar el derecho, también, constitucional de libre tránsito de millares de personas que tienen necesidad de pasar en las calles que bloquean y en las plazas públicas que toman ilegalmente.
Hace un año, cuando el gobierno de Gabino Cué ─obligado por el presidente Peña Nieto─ arrebató a la CNTE el manejo y control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), muchas personas que tenemos acceso regular a espacios específicos en diversos medios informativos impresos y digitales, pensamos que, por fin, las autoridades federales y locales habían decidido recomponer, en Oaxaca, la educación pública básica y desbaratar la red de corrupción que durante más de 20 años ha saturado los bolsillos ─o cuentas bancarias─ de quienes han dirigido esa organización gremial de carácter delictivo más que magisterial.
Pero no fue así. No hubo de trascurrir mucho tiempo para observar que las cosas irían de mal en peor.
Ahora, la suspensión de actividades escolares continúa y se multiplica en distintos puntos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, a pesar que las autoridades educativas advierten que los profesores que falten a sus labores serán objeto de sanciones que van del no pago de los días no trabajados a la separación del empleo.
Además, los abusos y delitos que cometen los profesores centistas durante sus marchas y plantones, ya no solamente los llevan a cabo en la capital de esas 4 entidades federativas, sino las replican en otras ciudades y regiones. Sabiendo que ninguna autoridad ─federal, estatal y municipal─ hará nada por impedirlo y menos por sancionarlo.
La conducta delictiva de estos delincuentes, que deshonran la noble y respetable profesión de los verdaderos y auténticos maestros, se incrementa manifestación tras manifestación y plantón tras plantón.
Han causado daños multimillonarios al turismo, a la industria y al comercio de las entidades federativas de donde son originarios y también de la Ciudad de México.
Además frecuentemente cometen delitos como robo en pandilla al saquear almacenes comerciales, tiendas de autoservicio, casetas de peaje y oficinas públicas y ataques a las vías generales de comunicación al bloquear calles, carreteras, autopistas y destruir líneas y casetas telefónicas.
También incurren en la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad y secuestros, así como de intentos de homicidio al golpear con tubos y garrotes a miembros de las fuerzas públicas y arrojarles en el rostro bombas incendiarias.
Al mismo tiempo han cometido otros delitos como destrucción de papelería oficial e incendio de oficinas, vehículos y mobiliario de propiedad gubernamental y robo de equipo de cómputo y muchas cosas más.
Si en vez de vivir en México, donde, lamentablemente, cualquier grupo de personas puede hacer lo que le pegue la gana, sin correr el riesgo de enfrentar procesos penales, debido a que aquí prevalece la impunidad, que es consustancial a la debilidad y pusilaminidad de los gobernantes, si estos individuos vivieran en otro país, hace tiempo estarían encarcelados.
Para interrumpir el proceso de deterioro en que encuentra hundido el país, México necesita un Presidente de la República fuerte, respetable, capacitado para gobernar, vacunado contra el virus de la corrupción y dispuesto a restablecer el Estado de Derecho que conlleve a los mexicanos a vivir en una sociedad de mejor calidad.
El presidente Enrique Peña Nieto no tiene la estatura ni la talla del gobernante que necesita México para salir del atolladero en que lo han hundido gobernantes ineptos y corruptos.