Los hechos de los días 18 y 19 de junio, en el estado de Oaxaca, sólo evidenciaron la política autoritaria y represora del Estado mexicano. El gobierno de Enrique Peña Nieto asesino flagrantemente a ocho personas, entre docentes y civiles; los encarceló en presidios de máxima seguridad, como delincuentes; reprimió las manifestaciones públicas; uso armas de fuego contra el magisterio; emboscó y encapsuló a docentes y pueblo en general, violando cualquier tipo de derecho; emprendió una campaña de linchamiento contra los encargados directos de la educación en este país; les impidió el paso a la capital de la república; los insultó, los vejó; uso la brutalidad, la fuerza de un gobierno decadente, sin legitimidad y carente de todo convencimiento con su pueblo. La represión contra las profesoras y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una violación no sólo de sus derechos, sino de la dignidad humana, la de todos. Simpatizantes o no del magisterio en lucha por sus derechos laborales y una educación pública y gratuita, el pueblo de México debe reconocer la violencia del Estado y la artera violación de los derechos humanos en el país. No hay tiempo de dudas, se está con el pueblo o se está con sus opresores; con quienes le quitan el último reducto de patria; con quienes venden a los extranjeros el futuro de sus hijos; con quienes golpean y disparan a su dignidad.
Las detenciones de Rubén Núñez y Francisco Villalobos Ricárdez sólo son evidencias que muestran la verdadera intención de Peña Nieto de imponer a fuerza de represión y muerte “la madre de todas las reformas”, como la ha denominado, no solo a las profesoras y profesores de este país, sino a todo el pueblo de México y, favorecer los modelos de capacitación, más que educativos, dictados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, así como de las grandes corporaciones transnacionales, además de mezquinos empresarios nacionales y, por lo tanto, en detrimento de los más de 25 millones de estudiantes y casi un millón de docentes.
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El saldo de la imposición de la “reforma educativa” es de 43 estudiantes normalistas rurales desaparecidos y dos ultimados; apenas los días 18 y 19 de junio de este año, ocho personas fueron asesinadas en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, hay 22 desaparecidos, además de presentarse decenas de detenidos al igual que de lesionados en la misma entidad, al igual que en Chiapas y Michoacán, sin olvidar los perseguidos y presos políticos del movimiento magisterial. Lo que acontece con las y los profesores en el país es un linchamiento y, en el sureste mexicano, es sencillamente una masacre, una aniquilación y un exterminio no sólo de la educación pública y gratuita como derecho humano, sino el intento de liquidar la organización magisterial hasta llegar a dar la muerte a las y los profesores.
Asimismo, los indolentes e hipócritas medios de comunicación oficialistas sólo se encargaron de legitimar la represión y apelaron a la opinión pública para crear un clima de hostigamiento hacia el magisterio. Bastaba ver sus noticiarios para oír la reproducción del discurso oficial, mientras sus propias videofilmaciones los contradecían. Policías federales golpeado y disparando contra maestras, maestros y civiles. Las propias autoridades falseando información, declarando que los policías no portaban armas, mientras que los jefes policiacos lo aceptaban. Esta fue la respuesta a la solicitud de diálogo que hicieran los docentes al gobierno federal: balas, golpes, muerte.
Los responsables de la represión y los asesinatos de docentes tienen nombre: Enrique Peña Nieto, jefe del poder ejecutivo nacional; Gabino Cué Monteagudo, jefe del poder ejecutivo del estado de Oaxaca; Aurelio Nuño Mayer, secretario de educación pública; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación; Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad.
Igualmente, se debe fincar responsabilidad jurídica al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quién violó los derechos de manifestación, expresión y tránsito de los docentes al impedirles el paso al Zócalo de la Ciudad de México. El señor Mancera, destacado en su sexenio por represor, de nueva cuenta muestra su sumisión y obediencia a Enrique Peña Nieto, con la finalidad de lograr su apoyo como candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A los docentes ya los insultaron, difamaron encapsularon, golpearon, encarcelaron, amenazaron, despidieron… ya los asesinaron. ¿Qué le pasa a este gobierno cínico, corrupto y asesino? ¿qué sigue? ¿quién sigue? ¿qué nos pasa a las y los mexicanos que lo podemos tolerar? El Estado de derecho en México es una verdadera ilusión, una quimera, una entelequia. En el país, se vive un Estado de ultraderecha, un Estado de excepción no declarado, pero vivido y, en algunos lugares, un auténtico Estado de sitio, donde la brutalidad gubernamental, policiaca, militar y paramilitar actúan con toda impunidad.
Ni perdón ni olvido en estos actos de represión y muerte por parte del Estado. Castigo a los agentes de Estado responsables de las arteras violaciones de los derechos humanos, de los derechos laborales de las maestras y maestros de México. Juicio político a los responsables y presentación de cargos en instancias internacionales por delitos de lesa humanidad a las autoridades gubernamentales que han avalado y ordenado esta brutal represión. Varios muertos, lesionados y desaparecidos de manera forzada ha dejado esta reforma laboral y administrativa neoliberal, supuestamente “educativa” que de eso carece de todo.
Picaporte
¿Y el gobierno federal también desestimará las declaraciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, sobre la persistencia de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares? Gobierno asesino.