El gobernador electo se encuentra ante una disyuntiva: o se emplea a fondo e inmediatamente en la administración pública, construyendo una agenda de gobierno inclusiva y pertinente, o bien opta por el camino más cómodo, administrar los 20 meses de gobierno con acciones insustanciales, secundarias, de mantenimiento, de administración de negativos y positivas de la actual administración.
No hay términos medios. La brevedad del periodo gubernamental apremia. El escenario social, económico y político no detiene su deterioro. Se requieren definiciones. Si en la confrontación política, el cuidado, atención, rapidez y contención de los adversarios gubernamentales fue permanentemente reactivo, dicha actitud no ha sido replicada en la esfera gubernamental para contrarrestar el quiebre social de los problemas económicos sociales y políticos del entorno poblano.
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Si bien la resaca poselectoral no acaba de concluir, entramos en una suerte de compás de espera respecto al trazo de la ruta de transferencia del poder estatal; salvo las declaraciones políticas, no de prospectiva administrativa.
Hace seis años de inmediato actuó el equipo de transición. La agenda de los ganadores contempló diversas actividades político-administrativas implementada sin dilación, especialmente en la cámara legislativa local. Fue una real, efectiva e inmediata transferencia del poder.
Si en esta ocasión sólo cambia el titular del ejecutivo, la transferencia y definición del programa de gobierno, tendría que ser más ágil; lo único que tenemos son los 22 compromisos firmados ante notario. Todos ellos acciones gubernamentales de carácter general, acaso importantes como referentes, nada más. En conjunto son sumatoria de buenas intenciones electorales, de carácter propagandístico, que adolecen de la precisión derivada de un diagnóstico objetivo, sustentado en datos duros, de los temas deficitarios del presente ejercicio gubernamental, que no son pocos.
Tampoco son menores las indefiniciones respecto al horizonte del próximo gobierno. Si bien heredan activos de política importantes, se requiere publicitar el sello de la próxima administración.
Una primera línea que necesariamente marcará diferencias de calidad es el criterio de que tanto se incorporan criterios de ejercicio gubernamental ciudadano; Antonio Gali Fayad es un actor sin filiación partidista lo cual puede representar un activo sustancial en la búsqueda y mantenimiento de la gobernabilidad en el estado, sustentada en estrategias de carácter inclusivo.
En los tiempos actuales las sociedades democráticas encuentran en los gobiernos de orientación ciudadana, la única perspectiva, el único horizonte para enfrentar con cierta eficacia y eficiencia el deterioro del tejido social, por el alto nivel de corresponsabilidad.
Ello implica construir mecanismos de información, análisis, diseño de políticas, seguimiento y evaluación que contemple dispositivos, cuyo origen y destino sea la sociedad. Origen en tanto, en el inter jurídico entre un periodo y otro, de la consulta ciudadana, la realización de coloquios con especialistas, universidades, asociaciones diversas, suplirían las deficiencias y límites que las elites políticas tienen respecto a información contextual y propuestas de solución expresadas en el próximo Plan de Desarrollo.
A final de cuentas, ese es el contenido y finalidad de los ejercicios democráticos participativos: planeación presupuestal, evaluación corrección y amplia publicidad de la participación social en todos los procesos, para un correcto ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados.
Gobierno ciudadano significa hacer desde la sociedad y con la sociedad. No hay mejor blindaje para el corto tiempo de las acciones de gobierno. Desde luego representa un giro radical para los modos de hacer política en Puebla. Provenimos de una larga tradición de ejercicios discrecionales, verticales de la cosa pública, el solo cambio, la incorporación de nuevas definiciónes, transformaría en un giro de 180 grados, para bien, el estilo de hacer política desde la oficina del gobernador.
Hay otro criterio relevante. Es una verdad de Perogrullo, sin embargo no deja de ser pertinente reiterar que las regiones del estado son de una complejidad distinta a la del municipio de Puebla capital. Se requiere mucha precisión para generar acciones de gobierno que impacten de modo inmediato en todas las regiones y localidades.
El municipio capital y su zona metropolitana viven tiempos diferentes al resto del estado. Por lo tanto sus demandas y perspectivas son de distinto orden. El modelo de desarrollo de la metrópoli poblana no ha podido ser ancla para el resto del territorio. Los indicadores de bienestar urbano se encuentran cercanos a la media nacional. Los indicadores de bienestar de las regiones restan y nos arrojan al sótano del país. Los efectos van haciendo crisis. El diagnóstico de las urgencias atraviesa una diversidad de temas. Los déficits se van acumulando.
La propuesta de desarrollo no puede ser la misma. Aunque es una oferta razonable dirigir el 70% de los recursos hacia el interior. Se necesita información segmentada para que el próximo plan de desarrollo tenga pertinencia. De todas formas de ocurrir la inversión del presupuesto, indicaría la corrección de una política gubernamental implementada por diversos sexenios que ha llegado a su límite como criterio dominante.
Se requiere audacia para definir prioridades. Amplitud de miras para reconocer los problemas más delicados que tensan los límites de la convivencia y han traspasado la línea de lo tolerable socialmente hablando. Me refiero a la violencia desmedida en territorio poblano.
La otra opción es hacer mutis, voltear la mirada y en última instancia definir una agenda minimalista, sin riesgos, sin sobresaltos, tendiente sólo a administrar problemas, no a resolverlos. Tal salida acercaría a las elites políticas actuales al peor de los mundos posibles. Los datos electorales indican que ya hay competencia. El candidato ganador no rebasó el 50% de la votación. La alianza gubernamental ganó perdiendo más de 300 mil votos respecto a los resultados para gobernador en 2010. El análisis segmentado, por distritos, indica que en dos años la competencia por el gobierno estatal se va a cerrar con actores emergentes e incluso ciudadanos en todos los niveles.
Es evidente, una agenda de gobierno de este último tipo, pone en desventaja las expectativas para repetir por el gobierno del estado. El único blindaje contra el desgaste de siete años de gobierno con 20 meses, es incorporando elementos sustanciales de participación social en la esfera gubernamental.
Fuera de ella no hay más expectativas que la disminución del capital político alcanzado en la pasada elección.
Gnares301@hotmail