El poder enferma la razón. Sólo una férrea costumbre política es la que insiste en llamar “elección” a procesos de estado donde los grupos del poder se disputan el control gubernamental y la ciudadanía mira estupefacta todo tipo de marrullerías que constituyen la “preparación” de la elección donde el voto –de una sociedad desarticulada y desorganizada a propósito- no decide, sino sirve de apariencia para cubrir decisiones cupulares tomadas de antemano para ungir al siguiente gobernante.
La democracia de partidos a la poblana es como un árbol. Tiene ramas que apuntan en diversas direcciones pero raíz y tronco son el mismo. El “poder del pueblo” se finca en lograr que la gente entregue copia de su credencial de elector y comprometa su voto a cambio de un tinaco, una devolución de cobro excesivo, beneficios de algún programa oficial; por amenazas de pérdida del empleo; con propaganda política de “yo soy el bueno” comparándose con peores; con parapetos lingüísticos que evocan a “los que menos tienen”; o, directamente, la compra del voto y otras ocurrencias que insultan y repudian todo sentido gramatical de la palabra “elección”. La contienda electoral ha sido convertida en “con tienda electoral” donde todo se vende y se compra.
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Lo importante, como intención manifiesta de tales modos, es lograr que la gente no reflexione sobre política ni en otras formas de gobierno u organización de la sociedad, sino inducir el voto aprovechando su pobreza económica y las circunstancias de vida que ello le genera. Las alianzas por alineamiento de los partidos políticos demuestra que el multipartidismo no es un fin, sino un medio. Es un mecanismo de división y control ciudadano sobre la base de esgrimir visiones parciales de la vida social y del funcionamiento del estado, en calidad de plataformas políticas para conseguir adeptos, ahuyentando la cosmovisión como base de análisis, juicio y decisión social.
Puentes, hospitales, museos, calles de concreto, remodelación de estadios, mototractores, ayudas económicas, etc., presentados como obra magna de gobierno; resultaron insuficientes para atraer desinteresadamente la voluntad electoral de los poblanos. Por encima de la obra sobresalió, impactante, el estilo personal de gobernar basado en la soberbia y la gandallez del autoritarismo. A juzgar por las acciones de campaña emprendidas y los desfiguros de los órganos electorales locales intentando el control absoluto del proceso comicial a través de lo que, hoy, se entiende por “aplicar la ley”; se aprecia claramente que, lo suyo, lo suyo, es la imposición.
Al mismo tiempo la vida de Simitrio pende, orgánicamente, de un hilo; y médicamente de la decisión del gobierno. Es probable que su salud le importe únicamente a su familia, amigos y agremiados de la organización de ambulantes que lidera. Pero que la gravedad de su salud sea resultado del estilo personal de gobernar del trio Morenovalle, Maldonado y Carrancá; con el objetivo de quitarle a la 28 de Octubre el carácter de movimiento social con un lugar legítimo en la vida social poblana, eso sí tiene que importarnos y preocuparnos a todos por las formas y métodos utilizados para conseguirlo. La mendacidad ha sido patentada como forma de hacer política y se ha contratado, para su buen resguardo, al señor Carrasco como custodio aprovechando su gran experiencia.
La obtención de las distinciones honoris causa tampoco parecen contribuir en nada a lograr altura de miras en la conducción estatal. La escritura es el mejor baúl para guardar la memoria y este gobierno tiene que ser recordado porque, sobre la ostentación de grados académicos elevados, se ha impulsado la ofensa de los principios constitucionales de certeza jurídica, de respeto a derechos humanos y de buena fe de las instituciones. Sólo el manejo discrecional, de rabieta, del aparato burocrático pudo dar pie a que, desde las instituciones encargadas de la gobernabilidad y la procuración de justicia, se impulsaran acciones jurídicas para hacer posible que una juez penal “revocara”, en perjuicio de Simitrio, un acto del gobernador; que se le encerrara en la prisión, primero, para hacerle saber los motivos después; que la revocación de su preliberación se castigue reimponiendo, sin ser oído en su defensa, la totalidad de la condena; que la juez de ejecución de sanciones le reimponga cumplir penas de prisión ya declaradas legalmente extinguidas; que se le acuse –con sus hijos- de actividades ilícitas sobre la base de llamadas anónimas que luego son sostenidas por policías ministeriales; o, que a su esposa se le procese por participar en una manifestación pacífica; por citar algunas que son ejemplificativas. Dan cuenta cabal que si alguien no está cumpliendo la ley, son los que dicen ser encargados de aplicarla.
Los galardones obtenidos no están moviendo a reflexión ni tampoco a rectificación. La prisión preventiva está siendo aquí, como con otros movimientos sociales inconformes, un arma de presión social, de disuasión o disolución de los mismos en manos del poder ejecutivo. La judicialización de los conflictos no está implicando impartición de justicia por los jueces sino ejercicio del poder a través de ellos. Quizá porque la constitución es política, los juzgadores federales que son definidos dogmáticamente como “órganos de control constitucional”, por extensión, en este tipo de conflictos, también ejerzan la función de órganos de control político. Este manejo institucional faccioso pretende ser motivo de herencia. Los poblanos pueden impedirlo y buscar nuevas formas de conducción y convivencia sociales. Las que nos han impuesto están deshumanizadas por mercantilizadas.