La división de poderes en México se estableció como uno de los mecanismos para contribuir a las condiciones de democracia y así dar equilibrio a las funciones que el Estado realiza.
El Poder Ejecutivo administra los recursos públicos -y- a través de las diversas Secretarías presta los servicios para atender las necesidades de la sociedad; el Poder Legislativo por su parte tiene a su cargo la función de crear y modificar las leyes así como supervisar las actividades del Ejecutivo; finalmente el Poder Judicial tiene a su cargo la impartición de justicia en la solución de conflictos entre gobernantes y gobernados.
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Así es como funciona un estado ideal de derecho. Sin embargo, Puebla es la excepción a todos estos preceptos constitucionales ya que desde hace 5 años priva la ilegalidad, la represión, el terrorismo, la violación flagrante y constante de derechos humanos, la impunidad y el autoritarismo.
Bajo ese contexto y en medio de un proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla, en el gobierno estatal se observa que se ha echado mano de todos los recursos –claramente ilegales- para perjudicar y denostar la campaña de la candidata del Revolucionario Institucional y de todos los que no simpatizan con la continuidad del proyecto del actual gobernante.
Mediante el juego sucio y vil se cocina un fraude electoral. Vivimos una elección de Estado marcada por la inequidad, la ilegalidad y el uso indebido de recursos públicos.
Esta Elección de Estado pasa por varias etapas, empezando por la designación –a modo- de los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral así como de los Magistrados del Tribunal Electoral, lo cual arroja una clara desventaja para todos los 4 candidatos –Blanca Alcalá, Ana Teresa Aranda, Roxana Luna y Abraham Quiroz- con relación al candidato “oficialista” Antonio Gali Fayad.
En ese sentido, el PRI ha iniciado 32 procedimientos –penales, electorales y administrativos- así como 17 solicitudes de verificación que no han tenido respuesta por parte de la autoridad correspondiente, no así con las inconformidades del candidato de la coalición “Sigamos Avanzando”.
El Congreso del Estado también ha hecho su parte. Los diputados blanquiazules obedientes y sumisos a todos los caprichos y ocurrencias del Ejecutivo apoyan ordenamientos arbitrarios al servicio de la represión: La Ley Bala que permite a la fuerza pública disparar en contra de los que se opongan al régimen, ha cobrado la vida de José Luis Tamayo que sigue impune; la foto multa y la concesión del Sistema de Agua en Puebla son muestra de lo que los legisladores han hecho.
Asimismo, las instituciones encargadas de impartir justicia han olvidado que su labor debe ser imparcial, objetiva, apegada a derecho y se han convertido en el brazo represor de la autoridad estatal.
Desde la Fiscalía General del Estado, en complicidad con el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, donde se liberan –de manera exprés- y ejecutan órdenes de aprehensión hasta el cateo en vehículos e inmuebles identificados con la candidata del PRI, robando la propaganda y decomisando los vehículos que la transportan, sin mayor argumento que el autoritarismo.
El Órgano de Fiscalización es el garrote político para amedrentar a los presidentes municipales que no apoyan el proyecto de la continuidad y los deja en estado de indefensión.
De las Secretarías de Estado el problema no es menor. Todos los recursos y programas destinados a atender los problemas que aquejan a los poblanos, son destinados a la campaña del candidato azul, hecho que hemos denunciado y que sigue impune.
El espionaje telefónico es una más de las medidas terroristas de Casa Puebla pues se trata de una violación flagrante de derechos que vulnera a políticos, activistas, periodistas y todos los adversarios del gobernador. Esto sin duda, es un delito que debe castigarse; los poblanos no podemos vivir presas de la persecución y del terrorismo de Estado, es hora de decidir libres y conscientes de lo que queremos para Puebla.
El voto libre y razonado será el justo medio para contrarrestar esta Elección de Estado.