La seguridad pública, por su transversalidad social y la condición deficitaria que guarda actualmente, es el reto de gobernabilidad para el próximo ejecutivo estatal. El asunto no es menor. Hay un franco deterioro en el rubro. La tranquilidad se ha alejado de las familias poblanas. Los datos trascendidos de instituciones oficiales encargadas de la seguridad y las cifras de observatorios ciudadanos y organizaciones no gubernamentales apuntan una conclusión: nuestro contexto es de riesgo e incluso, en zonas del interior del estado, de alto riesgo para la integridad de las personas y sus bienes.
La criminalidad ha diversificado y ampliado sus espacios territoriales. Sus efectos son omni-abarcantes, llegan a todos los estratos sociales y cubren todas las regiones del estado. Nadie escapa al fenómeno delincuencial. Como no había ocurrido, la sociedad se volvió vulnerable en extremo. El paisaje poblano en la Mixteca, Sierra Norte, municipios adyacentes a la ciudad capital, es de zozobra, y en la región de Acatzingo y Tehuacán de violencia desmedida.
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Por si fuera poco, la sociedad, en su condición de víctima, tiene que cargar con los costos que provoca una pesada estructura burocrática ineficiente en su función administradora de impartición de justicia. No son pocos los abusos y corrupción que sufren las víctimas.
En la esfera del trabajo profesional de los abogados es cuenta corriente señalar que su principal obstrucción proviene de las prácticas informales que dominan a la burocracia encargada de impartir justicia.
Además del viacrucis que significa ser víctima, la sociedad paga altos costos por la ineficiencia de las políticas actuales de seguridad pública. Hay que señalarlo: el Plan de Desarrollo en el rubro de combate a la delincuencia se quedó corto, insuficiente y en algunos delitos como el feminicidio, ni siquiera las acciones han sido reactivas. Los agravios se han ido sumando.
Muy pocas esferas del orden social quedan al margen de la inseguridad pública. El fenómeno criminal atraviesa múltiples dimensiones, adquirió nuevas modalidades, se hizo brutal, espeluznante y a la vez sofisticado.
Las conductas delictivas alteran la vida de los individuos, hacen cambiar rutinas, dañan gravemente la convivencia social, generan desconfianza, aislamiento y malestar en contra de autoridades y todo tipo de instituciones. A su vez la reacción policial en escenarios de alta incidencia delictiva presenta una mayor potencial de violación de los derechos humanos, vulnerando el tejido social cuyas secuelas, agravios, heridas, corroen y descomponen aceleradamente la sociedad.
A la condición victimizada de la sociedad hay que agregarle lo que significa cargar con el peso de una estructura de administración estatal de justicia que lo único que hizo de innovador fue denominarse Fiscalía y enquistar una elite burocrática por 5 años más.
Sin embargo, el fenómeno delincuencial, la violencia delictiva, no es objeto de discusión, seria, argumentada, sostenida con datos duros. Las propuestas de los distintos candidatos y candidatas, tampoco consideran diagnósticos valorativos.
Dicho panorama puede inducir a pensar equivocadamente, que la delincuencia rebasó la capacidad de respuesta de las instituciones. No es así. Ningún individuo o corporación criminal, incluso por más globalizado que sea, supera los recursos del Estado. Es una falacia, es un razonamiento engañoso, pretexto interesado afirmar que la institución estatal ha sido superada por la delincuencia. No es así, los recursos del Estado son infinitamente superiores a los recursos con los que cuentan las organizaciones delincuenciales.
No es extraño que en nuestro país, de cuando en cuando salga a la luz la connivencia entre delincuentes y actores gubernamentales.
Hay elementos que apuntan mayor preocupación respecto al fenómeno de la violencia delincuencial en el estado. El tránsito es hacia un gobierno de corta duración en términos institucionales, en términos de ejercicio de poder, de modo efectivo tendremos un gobierno de ocho meses. El año restante, el 2018, es de confrontación política, de elecciones concurrentes, lo cual en sí mismo es generador de mucha debilidad en las funciones de la organización gubernamental, dada la incertidumbre a los que se verá sometida de modo inmediato, la elite de poder.
En pocas palabras, nos enfrentamos a un periodo de gobierno de extrema debilidad organizacional por su corta duración. Agravada dicha debilidad por el panorama nada optimista en cuanto a seguridad se refiere.
Es de primer orden reconocer el hartazgo social hacia la delincuencia y los mecanismos y prácticas de determinados actores institucionales que permiten su proliferación e impunidad y los límites que presenta la ley al respecto.
Se impone para el próximo gobierno genuina capacidad de interlocución con todos los sectores de la sociedad para prevenir el potencial desborde delincuencial. No existe otro punto de partida. En las sociedades contemporáneas es un imperativo voltear a la sociedad cuando el Estado se muestra insuficiente, limitado, escaso en resultados.
Elegir como política la exclusión de actores, liderazgos y organizaciones no gubernamentales, incrementa el potencial destructivo delincuencial y acelera el deterioro del tejido social. Si bien el contexto nacional es adverso, las prácticas de gobierno participativo son el único aliciente para contrarrestar estos fenómenos. De ahí derivan los ejercicios exitosos de gobierno en contextos semejantes al poblano.
La sociedad espera que la mini gubernatura no se convierte en un periodo perdido. Vale la pena empezar a discutir de modo amplio y argumentado sobre el tema.
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