Muchas han sido las ocasiones en que el Estado mexicano se ha visto envuelto en violaciones flagrantes a los derechos humanos. Ejemplo de ello es lo expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a través de las 22 recomendaciones que hace al Estado mexicano, relacionadas con la búsqueda y las investigaciones del caso Iguala así, como el respeto a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para evitar su revictimización, además de la disminución de la burocracia en las indagatorias, evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada así como evitar la fragmentación de los procesos. Asimismo, el GIEI mencionó la omisión de diligencias de la Procuraduría General de la República (PGR), la omisión de información relevante para la búsqueda de los normalistas, que ésta sembró pruebas, y, el grupo evidenció al menos 17 casos de tortura para obtener o crear información sobre el caso.
No obstante, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto manifiesta una cara pública en la que establece la necesidad de analizar el Informe final del GIEI, mientras que por otra parte evita que continúen las investigaciones y que, ante resultados no favorables para su gestión, las obstaculiza y, no sólo abandona al GIEI, sino que crea controversia ante su trabajo, dejando de lado su integridad y la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para esclarecer el crimen de Estado y el caso de desapariciones forzadas más importante en este país, en los últimos años.
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Obviamente, las investigaciones del GIEI echaron abajo la amañada “versión histórica”, la absurdez del incendio y cremación de Cocula, Guerrero, además de la versión sobre el narcotráfico y, por el contrario, evidenciaron una acción perfectamente organizada del Estado por criminalizar la protesta en el Estado de Guerrero, así como una ofensiva directa contra los normalistas de Ayotzinapa.
El informe establece como las corporaciones policiacas de municipios guerrerenses como Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, actuaron de forma coordinada para evitar que salieran de Iguala los normalistas de la Normal “Raúl Isidro Burgos”. Evidentemente, la noche del 26 de septiembre de 2014 existió una “coordinación perfecta” entre las fuerzas policiacas, municipales y federales, así como militares, con el objetivo de generar un círculo de control para evitar la salida de los autobuses de Iguala. Varias líneas de investigación deben ser esclarecidas ante el ataque, tales como el quinto autobús, presumiblemente cargado de heroína, la cual se trafica entre Iguala y Chicago (del cual no ha dicho nada el Ejército Mexicano); la represión contra los normalistas por parte del Ejército como parte de las políticas de tortura y amedrentamiento represor del Estado mexicano ante los opositores a la “reforma” educativa, entre otras.
El Estado mexicano parece ser el responsable directo por acción, por omisión y por aquiescencia. Su actitud ante el GIEI, el no aceptar la prórroga para que continúen las investigaciones por parte del grupo, así como la inasistencia a la presentación del Informe Final, el domingo 24 de abril, evidencian una fuerte molestia ante la evidencia del Estado represor que ha sido el sello de este gobierno. El Estado mexicano no está haciendo nada efectivo para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente (no 41, como señalan algunos medios de comunicación).
Del mismo modo, es necesario que el Estado mexicano se comprometa a la creación de una verdadera Ley general sobre personas desaparecidas en México, tomando en cuenta los informes del GIEI, así como la propuesta elaborada por familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en derechos humanos, en octubre de 2015. Así mismo, es necesario que la figura de desaparición forzada sea reconocida en el marco legal mexicano y evitar, como lo quieren diputados y senadores priistas y panistas, matizar el término por desapariciones a secas, lo cual le resta el carácter de justiciabilidad a las demandas contra el Estado. Asimismo, la sociedad debemos exigir castigo real, cárcel, a los funcionarios involucrados en la omisión y modificación de evidencias e información. ¡Fue el Estado! Cárcel para todos los involucrados: civiles y militares.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se va, deja un buen trabajo y la evidencia del represor y asesino Estado mexicano. Problema para quien está comprometido con un país mejor, con nombrar las injusticias que cometen las instituciones públicas, policiacas y militares. Al parecer para ellos y ellas sólo queda la zozobra de la muerte.
Picaporte
Curiosamente, los del Partido Revolucionario Institucional son quienes más se oponen a la Ley anticorrupción (¿por qué será?), mientras que aprueban leyes represoras como la Ley Atenco. Tan lejos de Dios y tan cerca de los priistas.