Tuvo que pasar más de un año y que fuera publicado en las redes sociales un caso de tortura que evidencia el proceder de la milicia y de las fuerzas policiales en México. El caso de martirio, suplicio, tormento, persecución y muerte que el Ejército Mexicano impone en los lugares en los cuales, supuestamente, contribuye a la estabilidad social, no sólo ha mostrado que dicha paz social la establecen a base de violación a los derechos humanos. El caso de tortura hacia Elvira Santibáñez, una mujer, civil, de 22 años, en febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por dos militares y una policía federal, es sólo una muestra de las atrocidades que ha implicado la militarización del país, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quien, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es el responsable de dichos actos, junto con el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Zepeda Cienfuegos, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Fco. Galindo Ceballos y, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Las prácticas de tortura, violación, desaparición forzada y asesinato son prácticas de las fuerzas castrenses y policiacas en la historia de este país; no tendría por qué ser esta la excepción. Durante las décadas que van de los 50 a inicio de los 80, los militares y las fuerzas policiacas, constitucionales y anticonstitucionales (como el Servicio Secreto) participaron en lo que se denominó la Guerra Sucia, lo cual se traduce en la desaparición y asesinatos de estudiantes, trabajadores, campesinos, profesores y grupos insurgentes en el país. Los hornos crematorios del Campo Militar No. 1, en el Distrito Federal, vieron desfilar a infinidad de luchadores sociales, críticos y opositores del gobierno, quienes por órdenes presidenciales, militares y policiacas, sin ningún tipo de juicio civil, eran cremados: vivos o muertos.
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En años más recientes, sólo hay que recordar el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, violada y asesinada en febrero de 2007 por presuntos militares, en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Hay que agregar los casos de Luis Enrique Machuca Martín de 19 años, y Abraham Rodríguez Martín de 20, quienes habrían sido detenidos y asesinados por elementos del Ejército, en Tepatitlán, Jalisco; los 21 asesinatos de jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2015; el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes murieron al ser impactados por disparos de policías federales al desalojar la autopista del Sol, en Guerrero, el 12 de diciembre de 2011; y; obviamente, el caso del asesinato de Julio César Mondragón y 43 estudiantes normalistas más de Ayotzinapa, quienes, presuntamente, estuvieron en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero, donde el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), se cuentan con crematorios.
El actuar de las policías federal, en su tiempo la Policía Federal Preventiva (PFP) –quienes además de reprimir a estudiantes universitarios y campesinos, como en Atenco, Estado de México, fueron semilla de secuestradores y asesinos- y el Ejército Mexicano, responden evidentemente a las formas de operación del priismo con el Servicio Secreto (SS), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), además de los “investigadores” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), grupos paramilitares (función actual del narcotráfico) y, operadores de policías norteamericanas, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA).
Entonces, ¿por qué creer en las disculpas de quienes han usado histórica, sistemática e institucionalmente la tortura? ¿por qué creer las disculpas cuando se rechazan las observaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que ha denunciado al Ejército y varias policías por tortura en México? ¿por qué creer a un gobierno y sus instituciones que han usado la tortura como política de Estado ante movimientos sociales, políticos y armados, así como violaciones, agresiones, y asesinatos de civiles? Curiosamente, Enrique Peña Nieto, usó las mismas tácticas para disuadir a los pobladores de Atenco, durante su gobierno. Ahora, no sólo reproduce e impone la militarización y la violación de derechos humanos como política de Estado, sino que intenta que gobernadores lacayos como Eruviel Ávila, del Estado de México, Miguel Ángel Mancera (en su momento), jefe del gobierno capitalino, Roberto Borge, de Quintana Roo y, Rafael Moreno Valle, impulsaran leyes que institucionalizaran la represión. Le Leyes Bala, protocolos de seguridad y Ley Atenco ha estado infestado este tiempo.
La militarización, auspiciada por el gobierno federal, rinde los frutos esperados por las instituciones: torturar, desaparecer y asesinar a la población civil. ¿Cuáles disculpas gral. Salvador Zepeda? ¿cuáles disculpas Enrique Galindo? ¿cuáles disculpas Renato Sales? Señor presidente, Enrique Peña Nieto, ¿usted también se va a disculpar por la institucionalización de la represión que ha impuesto?
Picaporte
Lo que acontece en Brasil evidencia los nuevos golpes de Estado, los golpes democráticos (ya no militares); ya no los dan militares sino representantes “populares”. El cerebro es uno, el gobierno de los Estados Unidos. Si los diputados y senadores brasileños se apegaran al artículo 85 de su constitución no habría este golpe de Estado, lo cual indica que han sido financiados, al igual que en Bolivia, Venezuela, Paraguay, Honduras y ahora, en Argentina.