Las condiciones de casi 1 millón 365, 000 personas en el país que son contratadas de manera indirecta, a través de empresas privadas u outsourcing, por empresas o instituciones de gobierno viven en situaciones realmente deplorables, ya que no sólo su salario es ínfimo (alrededor de $432 semanales, por jornadas de 8 horas por seis días de la semana), sino que carecen de todo tipo de seguridad laboral. Estas condiciones colocan a las y los trabajadores en circunstancias de vulnerabilidad de sus derechos humanos y laborales. Sin embargo, los contubernios entre las empresas de subcontratación con los departamentos propios de las instituciones públicas y empresas de capital privado provocan que esta condición de vulnerabilidad aumente, debido a que muchos de los trabajadores de limpieza son acosadas laboralmente.
Desde la década de los 70, en México comenzaron a operar empresas de subcontratación u outsourcing debido a que resultaba más económico y efectivo administrativamente para las instituciones contratar a una empresa intermediaria que se especializara en los asuntos de limpieza y seguridad, que desarrollar áreas específicas internamente. Posteriormente, para las siguientes dos décadas, además de los servicios de subcontratación mencionados, se sumaron las de reclutamiento, informática, entre otras.
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Las condiciones de empleo y remuneración de las personas subcontratadas favorecieron la sobreexplotación y la baja en la percepción de salarios, así como violaciones flagrantes a los derechos laborales. Asimismo, la subcontratación provocó que la corrupción aumentara, ya que, por ejemplo, una empresa contratada por una institución gubernamental que violaba los derechos de sus trabajadores al concluir su contrato de trabajo por licitación, sólo le bastaría cambiar de nombre y razón social, despedir a sus trabajadores (o mantenerlos con un cambio de uniforme) y participar nuevamente para ser contratada.
Asimismo, la pobreza, siempre en aumento en México, auspició que se creara un gran ejército de reserva para empleados y empleadas de limpieza y seguridad. Tan sólo el aumento en este tipo de trabajadores aumentó de 1998 a 2003 en 40%, mientras que de 2003 a 2012 fue de 95%.
La reforma al artículo 15, fracción A, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que buscó fiscalizar las prácticas de las empresas de outsourcing en tanto las condiciones de sus trabajadores, como la información de dichas empresas y sus obligaciones fiscales, no fue suficiente y, por el contrario, produjo un efecto inverso, es decir, favoreció “malas prácticas” como la corrupción o los tratos “debajo del agua” de instituciones gubernamentales y empresas privadas para que ambas se vieran favorecidas, aun en contraposición a los trabajadores y sus derechos.
El 30 de noviembre de 2012, el gobierno federal legalizó esta forma de sobreexplotación laboral con la modificación al artículo 15, en las fracciones de la A a la D de la Ley Federal del Trabajo. Con la “reforma laboral” impuesta por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto se avala y auspicia este tipo de contratación con intermediarios, lo que ha provocado graves lesiones a la dignidad de uno de los sectores de trabajadores más pobres del país.
La mayor parte de las instituciones del gobierno en México ha comenzado a echar mano de este esquema de contratación, tanto para proyectos especiales como en ciertas áreas de su operación cotidiana. Esto les ha traído beneficios financieros y administrativos, por un lado, pero a expensas de que la mayor parte de los trabajadores perciban el outsourcing como un modo de recortarles prestaciones y rebajar las responsabilidades del Estado para con ellos como patrón, así como: inestabilidad laboral, discrecionalidad en la selección de personal y en los despidos, reducción general de beneficios, acoso laboral, entre muchos más.
Según la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza (ANEL), el gobierno federal y el de la Ciudad de México son los principales contratistas de las empresas de limpieza. Esta asociación estima que en el país existen alrededor de 360 compañías de limpieza y que el 40% de los servicios se concentra en la capital del país y la zona conurbada. Este vínculo entre instituciones de gobierno y empresas de subcontratación provocan que ante cualquier muestra de inconformidad con las condiciones laborales, tanto los outsourcing, como las empleados de las instituciones contratantes acosen a los trabajadores. Tales acosos son la disminución de horas de trabajo, cambios de sus espacios de trabajo, disminución de niveles, amenazas y despidos injustificados.
De esta manera, las empresas outsourcing, como las propias instituciones gubernamentales, se suman a la violación de la dignidad y los derechos fundamentales de las y los trabajadores, ya que a pesar de que esa práctica vulnera sus derechos de los trabajadores, en la capital hay 9,500 empresas que subcontratan a 500,000 trabajadores. Empresas como Molt Net, Kasper, Limpieza y Mantenimiento, son algunas de las mayores beneficiadas por los gobiernos federal y de la Ciudad de México y, por lo tanto, las instituciones gubernamentales (como la Cámara de Diputados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, el Sistema de Transporte Colectivo –Metro-, Metrobús, la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral) a las que les da servicio deberían vigilar las condiciones laborales de las y los trabajadores y, en caso de que la empresa subcontratante, incurra en violación de derechos fundamentales, establecer restricciones a su contratación.
De nueva cuenta, las reformas “estructurales” en México se vuelcan contra los más pobres, violan sus derechos y su dignidad humana, mientras que unos cuantos usufructúan con la miseria, apoyados por las propias instituciones gubernamentales y las leyes neoliberales de este gobierno.
Picaporte
Aun con las modificaciones al programa Hoy no circula en la megalópolis, los niveles de contaminantes no han disminuido. Por el contrario, las reservas del gobierno de la Ciudad de México, por concepto de multas han aumentado, así como el precio de las “mordidas”. ¿Por qué en lugar de castigar a los ciudadanos no se ponen restricciones a las empresas y sus fábricas? ¿Por qué no se abren de manera gratuita las “autopistas de paga” y los servicios de transporte concesionado? Y sobre todo, ¿por qué no se suspende la verificación vehicular? Continuar verificando los vehículos y que aprueben las condiciones para circular, pero que el gobierno lo prohíba es sinónimo de certificar para después descalificar. Absurdo, pero dice el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que todos esos cobros son para reforestar. Curioso, debido a las obras viales en la Ciudad de México se ha talado un sinfín de árboles. ¿No será que esta modificación al Hoy no circula, es la caja chica para la elección futura?