Así como en 1985, un sismo de 8.2 grados puso al descubierto la fragilidad que subyacía en la capital del país en ese tiempo, ahora, hace apenas dos días, una contaminación ambiental que rebasó el límite tolerable de 150 puntos Imeca, exhibió públicamente la incapacidad de las autoridades para tener bajo control el envenenamiento atmosférico y evitar su elevación a niveles que pongan en riesgo la salud pública. También evidenció la ineptitud, ineficiencia y desorganización del gobierno de la Ciudad de México.
Un caos generalizado, avasalló a la capital del país, tras aplicarse, por primera vez, el programa Hoy no Circula ampliado, que decretó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al declarar en estado de alerta a la zona megalopolitana del Valle de México por la fase 1 de la contingencia ambiental.
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Se prohibió, el 6 de abril, el uso de la totalidad de vehículos particulares, que tuvieran hologramas de verificación 1, 2, 0 y 00 y placas terminadas en números 3, 4, 9 y 0, así como los que contaran con permisos para circular sin placas, con la finalidad de sacar de circulación, ese día, 2 millones de vehículos automotores.
Esa medida, que dicho sea de paso, no resuelve el problema de la contaminación ambiental, provocó que esa cantidad de propietarios de automóviles expresaran su inconformidad en todas partes.
Hubo aglomeraciones multitudinarias en todas las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús.
Millares de personas disputaron el acceso a todos los medios de transporte público disponibles. La demanda de servicio rebasó, infinitamente, la oferta de unidades colectivas.
Infinidad de gente esperó abordar taxi inútilmente a todas horas y en todos los rumbos de la ciudad. Los taxis también resultaron insuficientes.
La empresa Uber, que ha tenido aceptación entre los habitantes de la Ciudad de México, aprovechó la escases coyuntural de taxis, para elevar sus tarifas hasta en 500%. Su contraparte, Cabify, no cometió los abusos en que incurrió Uber.
Los traslados de los trabajadores a sus centros de labores se realizaron en recorridos cuya duración osciló entre 2 y 3 horas.
Por su parte, grupos de transportistas, con sus respectivos tráileres y camiones de carga, bloquearon durante más de 9 o 10 horas, tramos de las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, en señal de protesta porque no lograron entrar con sus vehículos a la ciudad para distribuir sus mercancías en los centros de abasto.
El bloqueo en la autopista México-Querétaro tuvo duración de 18 horas. Se inició a las 4:00 de la madrugada y finalizó a las 22 horas, cuando comenzaron a ingresar a la Ciudad de México.
Estas fueron, en resumen, las incidencias que surgieron durante las 16 horas que se mantuvo la prohibición de circular, en el Valle de México, a 2 millones de vehículos.
Mientras las protestas se replicaban en diversos puntos de la ciudad, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a través de algunos medios de información, dio a conocer las medidas de emergencia que se le ocurrieron para que su gobierno hiciera, según él, frente al problema de la contingencia ambiental.
De su chistera extrajo cartulinas ─impresas con antelación, en el color rosa mexicano que impuso como color oficial de la Ciudad de México─ con el sugerente texto de Más x coche.
Más x coche, según declaró Mancera, es un programa diseñado para optimizar el uso de vehículos oficiales, que obliga a todos los servidores públicos del gobierno capitalino, que tengan asignado un vehículo oficial, a compartirlo con personas cuyo recorrido sea semejante.
También, dispuso la gratuidad en el transporte de pasajeros que opera el gobierno capitalino y la reducción parcial en el precio del pasaje en el transporte (taxis y microbuses) concesionado.
Otra ocurrencia de Mancera, quien, igual que López Obrador, desde su toma de posesión de la jefatura de gobierno capitalina, anda en campaña para obtener la candidatura presidencial, consistió en pedir “enérgica y respetuosamente” al presidente Peña Nieto “cuando menos” 5 mil millones de pesos “para mejorar el transporte público.”
Pobre iluso. Tardó 3 años 5 meses en darse cuenta que el transporte público de pasajeros concesionado es un desastre y que él, en ese lapso, nada ha hecho para mejor el servicio.
Ni siquiera en el Sistema de Transporte Colectivo Metro que está bajo su (ir)responsabilidad.
Según reconoció el director de ese sistema de transporte, Jorge Gaviño (colaborador de Mancera) de 390 trenes que existen, 105 se encuentran fuera de servicio.
Esto significa, que en vez que la ciudad de México disponga ahora de mayor cantidad de trenes para atender la creciente demanda de los usuarios, el Metro, por negligencia e ineptitud de las 6 administraciones perredistas que han pasado por el gobierno capitalino, durante más de 18 años, ha visto disminuir 26.92% su parque vehicular.
Los vehículos propiedad del gobierno de la Ciudad de México, contribuyen de manera importante a elevar los niveles de la contaminación ambiental por el mal estado mecánico en que se encuentran camiones de basura, camionetas pickups, automóviles de modelos mayores a 10 años y los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP).
Otra contribución importante del gobierno de Mancera a la contaminación de la atmósfera, radica en tolerar la corrupción que existe en todos los centros de verificación, donde mediante la entrega (conocida como brinco) de 200 o 300 pesos, se otorgan indiscriminadamente hologramas que permiten, a ciencia y paciencia de policías corruptos, la libre circulación de vehículos altamente contaminantes.
Mantener almacenadas a la intemperie, en los centros concentradores, toneladas de basura, en espera de su traslado a los depósitos que existen en el Estado de México, permite esparcir, en el medio ambiente, millones de bacterias que se diseminan en el Valle de México e impulsan la contaminación que se padece en la capital del país.
Millares de baches y centenares de topes que están sembrados en la mayor parte de las vialidades de la Ciudad de México, también colaboran para que los índices de contaminación ambiental se eleven al entorpecer el libre y expedito tránsito de automóviles.
Los interminables plantones que permiten las autoridades capitalinas y provocan el ilegal cierre de calles (como ocurre con el plantón que desde hace 2 semanas se estableció cerca de la secretaría de Gobernación) también impulsan al alza los niveles de contaminación ambiental al provocar inacabables congestionamientos de tránsito con efectos expansivos que se extienden impunemente varios kilómetros a la redonda.
Todo estas irregularidades pasan desapercibidas para el (des)gobernante capitalino, por la obnubilación que le provoca su enfermiza búsqueda de la candidatura presidencial para 2018.
Adicionalmente a la prohibición que impuso la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que dejaran de circular 2 millones de vehículos, este órgano institucional determinó que las gasolinerías que no tengan instalado el sistema de recuperación de vapores, ni lo utilicen, tendrían que suspender, obligatoriamente, el suministro de gasolinas durante la contingencia ambiental.
De igual manera, la CAM, decidió que las empresas de los sectores farmacéutico, químico, de hidrocarburos, de generación de energía eléctrica, así como las que utilicen solventes en sus procesos de manufactura, deberán reducir sus emisiones contaminantes entre 30 y 40%.
Lo que no se dijo ni se sabe, es quiénes vigilarán que se cumplan ambas disposiciones de la Comisión Ambiental Megalopolitana. Únicamente se supo que existe un número indeterminado de gasolinerías que trabajan sin tener el sistema de recuperación de vapores y sin embargo, las autoridades les permiten operar en absoluta libertad.
¿Esto tendrá alguna relación con la corrupción que existe en los ámbitos gubernamentales?
Tampoco se conoce ningún estudio técnico que impulse la disminución de la contaminación. Ni se sabe de alguna medida efectiva que actúe eficazmente para mantenerla científicamente en niveles que causen menor daño a la salud pública de sus habitantes.