La esquizofrenia política asentó sus reales en Puebla. La descomposición moral de las instituciones públicas está generando consecuencias dramáticas que se visibilizan en una acentuada descomposición social de dimensiones no vistas nunca antes. La crónica cotidiana de los medios de comunicación muestra con descarnada crudeza el hecho.
Los poblanos no deberíamos asumir, a pie juntillas, la creencia de que con el simple acto de acudir un día de junio a depositar una boleta cruzada en la urna, esa situación va a cambiar en automático. Se trata de algo más profundo que atañe a las formas y fines del ejercicio del poder político como mecanismo de organización y conducción social. De examinar los motivos por los cuales el poder institucionalizado tiene que cebarse sobre ciudadanos pacíficos convirtiéndoles, formal y materialmente, en presuntos delincuentes; y por qué, al contrario, se muestra displicente frente a aquellas conductas objetivamente delincuenciales. En esta dualidad de la acción estatal se encuentra la raíz, de arbitrariedad y prepotencia, que está originando múltiples rupturas en el tejido social de nuestra convivencia. Las puertas de la crueldad han sido abiertas; la barbarie trasluce ya su nefasta presencia.
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Tratándose del conflicto de la 28 de Octubre, hechos de esa naturaleza se perciben como lluvia sobre mojado. Este 28 de marzo, a las diez de la mañana, Rita Amador recibió una amenaza telefónica en la que una voz de mujer, desde el número telefónico 22-22-98-03-72, dijo: “Rita, desde el viernes te andan siguiendo, ¡aguas! ya le pusieron precio a tu cabeza”. Lamentablemente no es el primer incidente de esta naturaleza para ella. El pasado 18 de febrero, recibió una amenaza similar proveniente de un número telefónico inidentificable.
Lo paradójico, si acaso la amenaza proviniese del ámbito gubernamental, es que en las pláticas sostenidas entre la representación de la 28 de Octubre y funcionarios gubernamentales se habla de buscar acuerdos que contribuyan a distender la tirante relación existente entre ellos, derivada de la lucha de resistencia emprendida por la organización de los ambulantes contra las arbitrariedades jurídicas desatadas, por encargo institucional, desde la Procuraduría General de Justicia, para encarcelar injustificadamente –presos hasta la fecha- a Simitrio, a sus hijos, a Fernando Alonso; y procesar, sin motivo alguno, a la propia Rita, a Luz Gálvez, Sergio León y Silverio Montes acusándolos de ataques a las vías de comunicación por una marcha manifestación multitudinaria por las calles de Puebla, custodiada por policía municipal.
¿Por qué y para qué acudir a la amenaza contra Rita Amador?, ¿por defender al marido, a la familia, a la organización, a los comerciantes?, ¿por no negociar a espaldas de ellos?, ¿porque aun estando procesada penalmente, sigue su lucha?, ¿por denunciar los mecanismos de autoridad abusivos, jurídicamente corruptos y moralmente perversos mediante los que se fabricaron las acusaciones contra los presos y en su propia contra?, ¿o por qué?. Con llamadas anónimas se abrieron las averiguaciones para acusar y procesar a Simitrio y a sus hijos. Con una carta anónima se acusó y procesó a Rita y otros tres. Ahora, las amenazas anónimas. El anonimato legalizado convertido en patrón de acción para golpear judicialmente a una organización social, una familia, una mujer. En este contexto, la amenaza no solo es advertencia sino, adquiere visos de tortura psicológica para amedrentar y castigar empeños de búsqueda de justicia para los suyos. Amenazas como éstas son escupitajos a la cara de la sociedad. La ciudadanía merece una explicación satisfactoria sobre estos condenables hechos.
Enmarcadas por el conflicto al que el gobierno ha sometido a la organización, dan toda la impresión de provenir del mismo ámbito. Si no se tratara de una situación tan delicada y grave por la magnitud del daño esbozado, parece obra del humor negro gubernamental pedir que se presentara la denuncia correspondiente ante la autoridad “competente”. Tener que pedirle, a los mismos que la 28 de Octubre ha señalado como fabricantes de acusaciones inmorales, que ahora investiguen las amenazas de que es objeto doña Rita, es, por decir lo menos, garantía de “continuismo” según la expresión que se pondrá pronto en boga. A pesar de todo, la denuncia quedó asentada oficialmente ese mismo día. ¿Será necesaria una bola de cristal para saber qué ocurrirá con la investigación de esa denuncia?, ¿la nuevecita fiscalía estatal echará al bote de basura el control político de la acusación?, ¿ahora sí perseguirán eficientemente a la delincuencia? Por si acaso, nos sentaremos a esperar pa’ no cansarnos.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 3 de abril de 2016
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO