En la fase actual del conflicto que la 28 de Octubre ha venido librando frente a la embestida gubernamental, la simulación y la mentira se vuelven a presentar, ahora, en forma de ofrecimiento de pláticas que tendrían por finalidad “resolverlo”. Las circunstancias concretas en las que surge la posibilidad de “resolver el conflicto” encierran dilemas sobre el alcance significativo que adquiere, para cada una de las partes, ese verbo. No se trata de un problema gramático conceptual, sino de orden político, donde serán los términos del acuerdo al que, en el supuesto caso, pudiese llegarse los que definirían su sentido específico.
Para intentar desentrañar el significado real de “resolver”, no es aconsejable olvidar que atravesamos tiempos electorales; que, de parte del gobierno, se observa la intención política de conservar el poder al costo que sea necesario y que para lograr tal objetivo ha puesto, como herramienta ejecutiva, un férreo control de la institucionalidad electoral, ministerial y de información pública, sin contrapeso alguno de los “poderes” legislativo y judicial, que actúan completamente domeñados. Que toda la acción institucional desplegada contra la 28 de Octubre ha estado marcada por el atropello político y jurídico, la bajeza moral y la deshonestidad intelectual.
Más artículos del autor
Se sigue jugando políticamente con la salud de los presos dosificándoles, a conveniencia, la atención médica y la ministración de los medicamentos pasando por alto las recomendaciones de los especialistas, a pesar de los graves riesgos que corre particularmente Simitrio. Si la ocasión lo amerita, el tratamiento médico es convertido en moneda de cambio para intentar inmovilizar, paulatinamente, a la organización. La infiltración y la cooptación están presentes todos los días como mecanismos provocados, o solapados, institucionalmente con la abierta intención de lograr la división y el debilitamiento interno de la agrupación buscando su desintegración o el sometimiento político. Siguen funcionando todos los mecanismos de Estado (es decir, provenientes de federación, estado, municipio) con el mismo objetivo: avasallar el perfil político popular que le caracteriza.
En el ámbito de la defensa legal, con ya 15 meses de encierro en la prisión, los jueces y magistrados federales han creado un embrollo jurídico en torno a los expedientes administrativo-penitenciarios y los procesos penales que se siguen contra Simitrio, sus hijos Xihuel y Rubén; poco menos, con el vocero Fernando Alonso; y, más reciente, el de Rita Amador, Luz María Gálvez, Sergio León y Silverio Montes. Tal enredo adquiere diversos significados dignos de cuidadoso análisis jurídico y político por el impacto que, en las actuales condiciones políticas y sociales de Puebla y el país, están y seguirán teniendo en las relaciones entre organizaciones ciudadanas y gobiernos. Ejemplos sobran. Nestora Salgado libre “luego de lograr su excarcelación tras casi tres años de prisión por secuestro y homicidio, delitos que nunca se le probaron”.
Jurídicamente, las formas utilizadas por jueces y magistrados federales tales como sobreseimientos, reposiciones de procedimiento o concesiones de amparo para efectos formales; significan un retardo para resolver las cuestiones centrales planteadas en los amparos, consistentes en las atrocidades autoritarias denunciadas como violaciones de derechos humanos. La inobservancia de principios constitucionales de prontitud y expeditez en la impartición de justicia proviene de ese poder federal. El aparente debate sobre las formas jurídicas tiende un velo que intenta cubrir los inmorales actos de autoridad con los cuales el gobierno local, fuera de toda ley, armó las coartadas para encarcelar y procesar a estas personas; también implica el alargamiento de los tiempos procesales que, a la vez, entrañan mayor tiempo de estancia en prisión “preventiva” que consume igual la vida sin existir sentencia judicial que la haya impuesto.
Políticamente, el uso “oficial” que se da a la prisión preventiva es abominable. De acusaciones fabricadas por la “procuración de justicia”, han hecho un polvorín de señalamientos mediáticos para calumniar impunemente a la 28 de Octubre señalando a sus presos de estar implicados en actividades de narcomenudeo y de practicarlas en el Mercado Hidalgo. Toda la abulia institucional mostrada para perseguir a la delincuencia social y organizada en la entidad, se transforma en obstinada cacería contra los veintiocheros llegando al extremo de propalar la versión de que el Hidalgo es el mayor centro de distribución de droga en Puebla. El Congreso local ha sido escenario -de algunos diputados y del Secretario General de Gobierno- para entonar el estribillo “en Puebla no hay presos políticos”, con afirmaciones directas hacia los presos de la 28, sin dar oportunidad a la organización de exponer sus puntos de vista sobre la situación jurídica de sus presos como exigiría un elemental derecho de réplica.
El colmo quizá lo constituya el discurso que los funcionarios esgrimen en las pláticas. Con los presos como rehenes, preguntas como ¿qué ofrecen a cambio? suenan a extorsión política. Ese lenguaje taimado que aparenta dejar en libertad de acción: “nosotros nunca les vamos a decir que no hagan manifestaciones, ustedes decidan si las hacen o no”; “tampoco les vamos a decir por quien deben votar”; “ustedes son libres de aceptar o no una supervisión de las autoridades al mercado” u otras por el estilo, tienen por objetivo colocar a la representación social de los ambulantes en posición similar a la de la víctima ante el ladrón que amenaza con hacerle daño si no acepta sus pretensiones. Cuando la víctima accede, el ladrón dice: ¡llegamos a un acuerdo! En estas circunstancias, si se diera ¿qué entenderían los poblanos por “resolver el conflicto”?
Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de marzo de 2016
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO