Tamaulipas nunca ha dejado de ser noticia y desde que inició la guerra contra el narco se ha convertido en el termómetro nacional. Las últimas 48 horas nos recordaron que la política antidrogas, errada desde su origen, es un completo fracaso.
Ante los ojos del ciudadano común los acontecimientos recientes en tierras tamaulipecas nos indican que el problema del tráfico de droga y la delincuencia organizada dista mucho de ser solucionado.
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El Gobierno Federal y los gobiernos locales se han instalado en una estrategia comunicativa triunfalista y ridícula que informa logros mediocres en el combate a la delincuencia, sin darse cuenta que los criminales nos han rebasado.
Pero, ¿todo es mentira? No, en realidad sí hay logros; desde el 15 de diciembre del 2009, unos 20 capos mayores del narcotráfico han sido arrestados o abatidos por las autoridades mexicanas y más de 100 mil personas han sido arrestadas por cargos de delincuencia organizada.
Recordemos que los operativos antinarco comenzaron formalmente en diciembre del 2006, recién iniciado el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, pero es en el gobierno de Vicente Fox donde se estructuraron por primera vez, y precisamente Tamaulipas fue el motivo.
A mediados de junio del 2002, a dos años de gobierno del guanajuatense, alrededor de 150 soldados a bordo de vehículos militares apoyados por dos helicópteros fueron enviados a la frontera tamaulipeca por orden presidencial, con el objetivo de terminar con el narcomenudeo y capturar a cabecillas, desafortunadamente esta acción tuvo resultados nulos.
Todos sabemos que en este estado, como en otros donde se han descabezado cárteles, minigrupos criminales luchan por territorios, y los últimos hechos violentos ponen al día la idea de que ante el narcotráfico no hay rumbo, no hay creatividad y no hay elementos nuevos.
Lo peor es que estos grupúsculos están al mando de subordinados ignorantes y desequilibrados que poco saben de delinquir y matan por matar. Ese es el saldo.
PARA EL REGISTRO Organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana, así como un grupo de ciudadanos y voluntarios del país, consiguieron las 120 mil firmas de apoyo para la iniciativa de Ley 3de3 para que se discuta en el Congreso, y entre otras cosas, se obligue a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal de manera pública. Una vez entregadas estas firmas al Instituto Nacional Electoral, quien declarará válidas al menos 108 mil de ellas, se notificará al Congreso para que incluya la iniciativa entre sus discusiones. Los ciudadanos haciendo valer su voz. Enhorabuena. Gracias y hasta mañana.
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