La rendición de cuentas es uno de los principios básicos de nuestra Constitución Política. Explicar las acciones realizadas por autoridades de diferentes niveles de gobierno durante cierto periodo de tiempo se convierte en una herramienta de gran valor al momento de demostrar a la sociedad si en verdad se han cumplido las metas y objetivos prometidos desde que se asumió el puesto por el cual se presenta el informe.
Como lo exige cada vez más una comunidad enterada de lo que sucede en su entorno, con cada vez más medios de comunicación que permean en la opinión de todos los sectores sociales, es necesario que no solo el titular del poder que entrega el documento sea el objeto de escrutinio por parte de órganos legislativos, sino que su gabinete también muestre lo hecho y lo que faltó hacer.
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En el marco del reciente Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal, como lo marca la ley, en el Congreso del Estado hemos llevado a cabo, desde semanas anteriores, la glosa del texto, en donde cada uno de los miembros del gabinete presenta el informe particular de cada dependencia con la finalidad de aclarar en detalle las circunstancias en las que llegan al último año de la actual administración del estado.
Durante la comparecencia, en días anteriores, de la Secretaria de Educación Pública, y de los secretarios de Desarrollo Social y de Salud, fue mi turno de realizar algunos cuestionamientos sobre la política que actualmente se lleva a cabo en las áreas mencionadas.
Independientemente de las respuestas de los funcionarios, me parece importante destacar que para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, los asuntos públicos que están relacionados con la educación, la salud y el desarrollo social son prioridad, aún más cuando tomamos en cuenta los niveles de rezago que enfrenta nuestro estado, de acuerdo con las cifras que arrojan diversos indicadores nacionales y que, por tanto, implican no solo persistencia, sino imaginación y enorme coordinación para enfrentar estas problemáticas.
En ese marco, nos preocupa que todavía tengamos los mismos niveles de pobreza en los indicadores nacionales, incluso cuando hay una estrategia exitosa, como lo es la Cruzada Nacional contra el Hambre –que ha dado grandes resultados-, pues el estado también tiene que hacer su parte, porque es, finalmente, quien asume la responsabilidad directa de proporcionar bienestar a los ciudadanos.
Cuando hablamos de indicadores de pobreza, necesariamente nos tenemos que remitir a componentes como los de la alimentación y la salud. Si somos aún más estrictos, tenemos que agregar aspectos relativos a la educación como un todo integral que les permita salir del atraso a las comunidades del interior del estado y, por supuesto, a una gran mancha de la zona metropolitana.
Por lo anterior, consideré de vital relevancia abordar los temas relacionados con el avance de la Reforma Educativa para abatir los rezagos en infraestructura que presenta nuestra entidad. Asimismo, abrir un espacio para la temática de la calidad en los servicios de salud al interior del estado, al incluir el nivel de abasto de medicamentos. Finalmente, tocamos el tema del rezago en materia de pobreza en el estado.
Es así como nuestra responsabilidad de legisladores locales en plena vigilancia de las tareas gubernamentales cumple su cometido de cuidar los intereses de la ciudadanía al exigir cuentas y evaluar el desempeño de las autoridades.