Las transformaciones al derecho público en las últimas cuatro décadas, junto con el nuevo derecho administrativo que se ha gestado de la mano con la transformación del Estado, han conducido a estrategias de modernización de los órganos administrativos de las Entidades Federativas estableciendo como retos, entre otros, ampliar los medios de defensa del administrado frente a las organizaciones de los entes públicos gubernamentales y no gubernamentales, para contar con mecanismos de control de legalidad a la actuación administrativa que no afecten la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas y delimiten la discrecionalidad de las autoridades administrativas, sin evadir la esfera de la autonomía propia de la función que les corresponde ejercer.
Derivado de lo anterior, se han promulgado distintos ordenamientos, Federal como Estatales, en un intento de “codificar” el Derecho y la Jurisdicción Administrativa, cuyas ventajas han sido percibidas en diversos países de Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos, entre ellas, la intervención urgente dentro del marco del derecho de la búsqueda de nuevas formas de legalidad administrativa, adecuando las estructuras jurídicas existentes a las necesidades reales o en su defecto la creación de nuevas, para proteger al individuo contra el abuso del poder de los gobernantes estableciendo un control jurisdiccional de los actos de la Administración Pública, por Tribunales Administrativos.
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En este sentido, desde 1968 con la instauración de la jurisdicción contenciosa administrativa en la Constitución Federal, se han establecido en México, con excepciones en algunos Estados, 29 Órganos de Justicia Administrativa que se encuentran distribuidos en “dos tendencias, … pudiendo ser órganos autónomos, incorporados en el Poder Ejecutivo; o bien, como órganos del Poder Judicial”, siendo la tendencia en más de 18 Entidades Federativas la autonomía; todos ellos encargados de la resolución de las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los Ciudadanos y las Autoridades de la Administración Pública Estatal y Municipal, a través de la impartición de justicia retenida en favor de los Ciudadanos.
El contar con un organismo autónomo que imparta justicia administrativa de una manera transparente, honesta, moderna, expedita y sin intervención de ninguna otra autoridad administrativa, garantiza la decisión política de enriquecer el imperio de la legalidad otorgando a un órgano especializado plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones y proteger a los administrados contra el abuso del poder.
Es un placer saludarles y continuar promoviendo la cultura de la Legalidad y la Transparencia. Estaremos dando seguimiento a las dudas que gentilmente nos expresan de estos y otros temas. Como siempre agradezco, con mucho respeto sus comentarios y sugerencias en: normapimentel@hotmail.com.