El combate a la corrupción en México es un problema inédito. No tiene precedentes en la historia del país. Nunca se le ha enfrentado efectivamente. Mucho se habla de ella, pero poco o nada se ha hecho por erradicarla. Se manifiesta en todos los estratos sociales, sin exceptuar a ninguno de ellos.
La corrupción es un fenómeno que está presente en todas las estructuras sociales, económicas y políticas del país. Las corroe de manera irrefrenable.
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Se produce y reproduce en los sectores de población económicamente más vulnerables. En todos los segmentos de las clases media y alta. Así como en la totalidad de los grupos empresariales y al interior de los poderes federales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los gobiernos estatales, municipales y delegacionales también están permeados por la corrupción.
El órgano creado en 1982 por el Estado Mexicano para contenerla ─no para erradicarla─, únicamente, dentro del ámbito de la Administración Pública Federal, es ineficaz. Jamás ha cumplido su objetivo fundamental. Es el símbolo arcaico de la inutilidad de una institución pública que debería ser ejemplo de eficiencia y honradez gubernamentales.
El 29 de diciembre de 2015 se cumplieron 33 años que el Diario Oficial de la Federación publicó la creación de lo que ahora se conoce con el nombre de secretaría de la Función Pública. Su creador fue el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien decidió constituirla con la finalidad de sancionar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones institucionales.
Con la idea de restaurar la imagen del gobierno federal, que el presidente José López Porillo dejó hecha añicos al finalizar su sexenio, el gobierno delamadridista creó la secretaría de la Contraloría de la Federación. Que años después pasó a ser la secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y, finalmente, la secretaría de la Función Pública.
Durante la hegemonía de los gobiernos priistas ─sexenios del propio Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo─ el combate a la corrupción gubernamental fue una ficción.
Cuando el panista Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, ofreció atrapar y encarcelar a altos servidores públicos corruptos, a quienes definió como peces gordos. Terminó su sexenio y no atrapó ni siquiera a un inofensivo charal.
El presidente que lo sustituyó, también originario del PAN, Felipe Calderón no hizo el menor intento de combatir la corrupción. Optó por gobernar en compañía de ella.
Mediante un decreto presidencial, emitido el 2 de enero de 2013, Enrique Peña Nieto anunció la desaparición de la secretaria de la Función Pública, que será sustituida por la Comisión Nacional Anticorrupción.
Cosa que al día de hoy, 8 de enero de 2016, todavía no acontece.
Sin embargo, cuando hizo crisis el escándalo de la Casa Blanca ─resguardada por militares del Estado Mayor Presidencial─, ubicada en Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, valuada en 86 millones de pesos, adjudicada, de manera notablemente sospechosa a la familia de Enrique Peña Nieto por su constructor y propietario original, señor Juan Armando Espinosa Cantú ─uno de los contratistas predilectos del Presidente de la República desde que era gobernador del estado de México─ el jefe del poder Ejecutivo Federal, en el intento fallido de acallar la indignación popular, resucitó el cadáver de la secretaría de la Función Pública, cuyo fallecimiento oficial había declarado dos años atrás.
En la misma ceremonia de resucitación el presidente Peña Nieto dio instrucciones al nuevo titular de la Función Pública, Virgilio Andrade, de investigar sí hubo o no conflictos de interés en las mansiones que él, su cónyuge y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron de empresarios de la industria de la construcción.
Desde el momento mismo que Peña ordenó a un empleado suyo, investigar el escándalo inmobiliario del que fue participe estelar, se supo que no habría culpables. Que los involucrados actuaron con impecable honradez. El secretario de la Función Pública dictaminó que no hubo conflictos de interés.
Para el sabueso Virgilio Andrade, pasó desapercibido el hecho ─suficientemente obvio, evidente y notorio─ de que el propietario del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, sea uno de los empresarios constructores a quienes se les adjudicó la construcción del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, después de ceder la Casa Blanca a la familia Peña Nieto-Rivera.
Han sido treinta y tres años de ineficiencia y complicidad del órgano del Estado Mexicano creado para luchar contra la corrupción gubernamental.
Mientras el gobierno federal sea juez y parte en el combate a la corrupción, éste pernicioso vicio ─o delito─ continuará existiendo y creciendo porque los servidores públicos que la practican saben que no serán castigados.
Por eso las tareas del aniquilamiento de la corrupción no deben estar a cargo del gobierno, sino de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y recursos financieros y materiales propios. Donde no intervengan fuerzas ni intereses de orden gubernamental y político de ninguna naturaleza.
Tendría que ser un organismo semejante a lo que en su origen fue el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
En materia electoral, durante el tiempo que el gobierno tuvo injerencia en los comicios, los resultados de las elecciones siempre fueron objeto de dudas y cuestionamientos. Adquirieron credibilidad hasta que el gobierno sacó las manos de ellos.
La tarea no es fácil pero ya es tiempo de emprenderla de manera eficaz. Urge sacar a México de la ignominiosa clasificación de los países más corruptos del universo. Categorización en la que el país ocupa uno de los primeros lugares.