El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 incluye un nuevo Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y sus Municipios, al que podrán acceder los diputados federales, un total de 10 mil millones de pesos repartidos entre 500 legisladores.
Serán 20 millones que podrán disponer cada diputado de forma discrecional para el beneficio de los distritos que representan. Aunque en teoría los diputados en México, son representantes de la nación en su conjunto y no de una parte o distrito.
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La esencia del Poder Legislativo es la de crear y reformar leyes y representar a los ciudadanos, a través de la Cámara de Diputados como la institución donde se deciden las normas bajo las cuales nos debemos regir.
La praxis política de los electores y de sus representantes, ha confundido el quehacer y funciones del poder legislativo, por lo que los legisladores se han convertido en gestores de las demandas ciudadanas, como promotores de obras y servicios públicos, a costa de su eficiencia legislativa.
Bajo esta premisa se han escudado los diputados para justificar el disponer de 10 mil millones de pesos del presupuesto para cumplir con promesas de campaña, lo cual es un absurdo pues, si por eso fuera, con ese dinero, no alcanzarían a cubrir la gran cantidad de compromisos que adquieren con los ciudadanos, con tal de ganar las elecciones. Lamentablemente la percepción negativa que la sociedad tiene sobre el papel de los legisladores no va a cambiar.
Además de ser una asignación poco transparente, a esto se suma que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Ejecutivo prevé otorgar 56,653 millones de pesos a 23 programas con grandes problemas de opacidad y rendición de cuentas, de acuerdo a un estudio del índice de desempeño de los programas públicos federales 2015 INDEP, aunándose la falta de indicadores en el ejercicio del gasto, un problema que incluye a ramos del gobierno autónomos como son el Poder Judicial y el Legislativo, además de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia, que según este estudio se manejan con alto porcentaje de opacidad.
Sin reglas claras de operación, en las cuales se puedan establecer las características con las cuales se aplique este presupuesto asignados a los diputados, ya sean obras, servicios, inversión o fondo perdido, se presta a todo tipo de interpretaciones. También sobre quienes serán los beneficiarios, asociaciones civiles propias o fundaciones creadas exprofeso, además de organizaciones con preferencias partidistas o ciudadanas.
La escuela de la elección pública o public choice, concibe al Estado desde una doble perspectiva como un contrato social entre gobernantes y gobernados y como una organización monopolista.
Esta auto aprobación de 10 mil millones del presupuesto para ser ejercidos por los diputados, los coloca como parte de lo que en esta corriente de la elección pública se denomina, la teoría de la burocracia, que según sus principales autores, Niskanen, Romer y Roshental, asume que el gobierno es por definición una organización maximizadora del presupuesto público, en donde políticos y burócratas actúan en un mundo sin restricciones, presupuestarias, normativas y éticas y su conducta se rige por el egoísmo que se refleja en la maximización de sus intereses propios.
El modelo de Romer y Roshental, habla de que durante el proceso de aprobación del presupuesto, pueden surgir incentivos adicionales como estos, para que burócratas y políticos manipulen el presupuesto. Sin embargo; los diputados como poder legislativo y parte de Estado mexicano, deberían privilegiar que el Estado es resultado de un pacto social definido en la constitución a la que juramentaron respetar y hacer valer y no contribuir a la falta de credibilidad en nuestras instituciones.