La historia política de los Estados Unidos se destaca por el reducido número de enmiendas que ha sufrido la Constitución de Filadelfia desde su promulgación el 17 de septiembre de 1787, mismas que hasta nuestros días alcanzan a sumarse un total de 24, aún cuando, en realidad, habría que reducir dicha cifra a tan sólo 14, ya que las 10 primeras enmiendas de la Constitución se expidieron como fruto de un sólo proceso de revisión constitucional, emprendido, por cierto, como consecuencia de arduas negociaciones entre los partidarios de la unión y las adversarios de ésta que veían en el texto aprobado por la asamblea constituyente una verdadera amenaza a la autonomía local de las antiguas provincias del Imperio Británico que se habrían sumado al Congreso Continental durante los días de la revolución encabezada militarmente por George Washington.
Resulta digno de destacarse que dos de las referidas enmiendas hayan sido expedidas en relación a una sustancia dañina para la salud humana, el alcohol para ser exactos, la primera, destinada a prohibir su distribución en todo el territorio de los Estados Unidos, se habría tratado de la decimoctava enmienda y fue puesto a la consideración del congreso el 4 de junio de 1919, propuesta que, tras el respectivo proceso conducente para su aprobación entró en vigor el 26 de agosto de 1920.
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La Vigesimoprimera enmienda por su parte, destinada a abrogar lo dispuesto por la enmienda número dieciocho, habría sido promulgada el 5 de diciembre de 1933, considerándosele una de las primeras medias emblemáticas del “Nuevo Trato” que el Presidente Franklin Delano Roosevelt ofrecía a los estadounidenses ante la devastadora crisis económica y social por la que atravesaba la Unión Americana a raíz del Crack Bursátil del jueves 25 de octubre de 1929.
En una historia en la que, tal y como se ha destacado, reformar la Constitución se erige en una “rara avis” de la vida política, resulta altamente significativa la existencia de una reforma destinada a abrogar otra, y deja de manifiesto el rotundo fracaso de política pública que la prohibición del alcohol con miras a proteger la salud humana trajo consigo.
La prohibición, esgrimida por los progresistas partidarios de secretario de estado y aspirante demócrata a la Casa Blanca, William Jennings Bryan, como una medida destinada a proteger el ingreso y sana convivencia de las familias de la clase trabajadora, generó en contrapartida el crecimiento exponencial del “crimen organizado”, que, al unísono de que extendió la violencia y la corrupción por toda la Unión Americana con episodios tan emblemáticos como el de la célebre matanza del “día de San Valentín” perpetrada en el estacionamiento de un edificio de Chicago; habría hecho del contrabando de alcohol una actividad habitual, dada la enorme plusvalía derivada de su propia ilicitud.
En fechas recientes, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo declarando inconstitucional diversas disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben la ingesta de marihuana en virtud de diversas consideraciones tendientes a preservan la salud humana y acaso también el ingreso de las familias trabajadoras en México, el fallo en cuestión, emitido a partir del proyecto elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar lelo de la Rea, puede, muy bien, ser considerado como un eco equivalente al trayecto de la vida social que se desplegaría en los Estados Unidos en el lapso que iría del liderazgo político de Bryan al de Roosevelt.