Después de permanecer prácticamente dormido durante más de dos años, parece que por fin despertó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En ese lapso, los profesores que forman parte de la disidencia magisterial, cometieron impunemente cuanto delito se les ocurrió en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, bajo el pretexto de repudiar la Reforma Educativa.
Parece que hasta ahora el gobierno peñanietista, por fin, despertó de su prolongada somnolencia al tomar la determinación de aprehender y encarcelar a cuatro profesores, de los miles de integrantes de la CNTE y CETEG, que cometieron infinidad de delitos como bloquear los accesos a los aeropuertos de Oaxaca y el Distrito Federal; impedir el tránsito de vehículos en carreteras; cerrar instalaciones de Pemex y de la CFE; tomar radiodifusoras; incendiar edificios públicos y vehículos oficiales; asaltar oficinas públicas, destrozar archivos y robar computadoras; impedir el levantamiento del censo escolar y robar e incendiar boletas electorales; cometer secuestros y robar fondos públicos al apoderarse de las cuotas de peaje en casetas de autopistas, así como robar autobuses de pasajeros y asaltar camiones distribuidores de alimentos.
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Los presuntos delincuentes magisteriales, siempre han actuado con absoluta libertad o, mejor dicho, con absoluto libertinaje. Jamás ninguna autoridad federal, estatal y municipal les impidió delinquir.
La fuerza pública, invariablemente ha permanecido como espectador pasivo. Observando la comisión de esas transgresiones a la ley. No obstante que varias veces, algunos policías fueron cobardemente agredidos por las hordas de la CNTE y, en no pocas ocasiones, han sido receptáculo de bombas incendiarias lanzadas por profesores afiliados a esa agresiva agrupación gremial.
Con la actitud contemplativa que asumieron las autoridades durante más de dos años y hasta la madrugada del jueves 29 de octubre, momento en que fueron aprehendidos los cuatro presuntos delincuentes magisteriales, el gobierno actuó, de hecho, como cómplice de todos quienes delinquieron.
Sin embargo, aunque tardíamente, el gobierno del presidente Enrique Peña está a tiempo de restablecer la gobernabilidad en el país. Gobernabilidad que se deterioró peligrosamente durante la primera mitad de su mandato, como nunca antes había ocurrido, ni aun durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Es el momento de aplicar rigurosamente el peso de la ley a quienes la han vulnerado y continúen vulnerándola. Se trata de abolir la estructura de impunidad que ha socavado el Estado de Derecho. Impunidad que hasta ahora ha permanecido intocable por la tolerancia demostrada por el gobierno ante quienes delinquen, como si se tratara de una efigie sagrada a la que sólo se le puede rendir pleitesía.
El subprocurador de Control Regional de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que se han girado 29 órdenes de aprehensión contra líderes de la CNTE que bajo el pretexto de oponerse a la Reforma Educativa y en particular, a la evaluación del desempeño docente, cometieron diversos delitos del fuero federal. Aprehensión que debe efectuarse sin distinción de ninguna naturaleza.
En el caso magisterial, como en cualquier otro, todas las personas que hayan cometido cualquier delito deben someterse a un proceso penal justo y estricto. Respetando el derecho de presunción de inocencia y el debido proceso de los inculpados, pero sin eximir a ninguno de ellos de la responsabilidad penal que corresponde a cada uno. Por supuesto que este proceso no sólo es aplicable a los profesores de Oaxaca, sino a los de Chiapas, Guerrero y Michoacán y de cualquiera otra entidad federativa, donde los docentes hayan transgredido la ley.
Para que no haya confusiones de ninguna índole, ni interpretaciones erróneas y menos aún, tergiversaciones dolosas y convenencieras, debe quedar claro que aprehender a presuntos delincuentes y someterlos a un procedimiento judicial donde se demuestre su culpabilidad, en los delitos de los que se les acusa, no significa criminalizar la protesta social. Se trata, simple y llanamente de aplicar la ley y sancionar penalmente las transgresiones cometidas.
En México, hay algo que hasta ahora es innegable. La existencia de la libertad de disentir y protestar ─justa o hasta injustamente─ por todo lo que se le ocurra a cualquier persona o grupo de personas. Libertad que los mexicanos tenemos obligación de defender a cualquier precio.
La mejor prueba que esa libertad existe y es tangible, es que los profesores de la CNTE han protestado por todo lo que se les ha ocurrido a lo largo de más de veinte años. Han protestado sin que nadie se los haya impedido. Pero como dentro del marco de su larga cadena de protesta social cometieron diversos delitos, ahora tienen que enfrentar procesos penales que habrán de llevarlos a la cárcel, una vez que se demuestre su culpabilidad y se les someta al debido proceso que corresponde a cada uno de ellos y se respete, también, su derecho a la presunción de inocencia.
Como es de esperar, ya saltó por ahí el principal líder de los disidentes del magisterio, Rubén Núñez, al declarar que la aprehensión de cuatro de sus compañeros de actividades delictivas, es un acto de presión contra los profesores de la CNTE.
No faltó tampoco el inteligente y engaña bobos que afirma que los profesores aprehendidos están desaparecidos y no encarcelados.
También se ha dejado ver públicamente el líder centista que acusa al gobierno de represor por la detención de los inculpados, pero convenencieramente pasa por alto que ese gobierno al que acusa de represor, a lo largo de más de dos años ha sido alcahuete de los profesores a quienes les ha pagado completo y puntualmente sueldos que no han devengado.
Ese mismo gobierno a quien los miembros de la CNTE caracterizan de represor, en realidad ha sido su cómplice porque en vez de separar de sus empleos a quienes han dejado de trabajar periodos mayores a los que permite la ley, al día de hoy, todavía los conserva indebida e ilegalmente en la nómina magisterial.
Parece que por fin hay disposición gubernamental, a nivel federal y estatal, para aplicar la ley y sancionar a quienes hayan cometido y cometan delitos del fuero común y del fuero federal, aduciendo insatisfacción con la ley educativa y exigiendo a la adjudicación automática de plazas docentes.
El día de ayer, 2 de noviembre, el Procurador General de Justicia de Michoacán, Martín Godoy, anunció que se cuenta con 28 órdenes de aprehensión giradas contra profesores y estudiantes normalistas que incurrieron en la comisión de diversos delitos.
Se espera que las autoridades michoacanas no den marcha atrás en este propósito y se continué apresando a quienes utilicen la legítima protesta social como parapeto para delinquir.