El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una vez más, ha demostrado ser un político más mañoso que un crupier marrullero, porque supone erróneamente que los mexicanos somos idiotas como él ha dado a entender en numerosas ocasiones. En menos de un mes, efectuó once cambios en su equipo de colaboradores. Diez –los no comprometedores– los anunció espectacularmente el 27 de agosto. Seis días antes de leer, en el Palacio Nacional, el mensaje correspondiente a su tercer informe de gobierno. El otro nombramiento –el comprometedor–, el del líder de la cola sucia del PRI inscrita en la nómina de la partidocracia con el nombre de partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Peña lo dio a conocer, casi clandestinamente, en medio de la oscuridad de la Secretaría de Gobernación, el 9 de septiembre a través de Miguel Ángel Osorio Chong.
Los nombramientos que no comprometen a Enrique Peña Nieto en ningún aspecto, son los de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, como secretaria de Relaciones Exteriores; Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo; Rosario Robles Berlanga (antigua y aguerrida perredista convertida ahora en domesticada priista), secretaria de Desarrollo Agrario; Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública; José Antonio Meade (panista transformado en priista) y de otras cinco personas.
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La designación de Escobar, en la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana ha sido muy cuestionada por ciudadanos y organismos sociales comprometidos con la defensa de los derechos ciudadanos, la lucha contra la corrupción, la delincuencia y la impunidad, así como con la trasparencia y rendición de cuentas.
Seguramente por esto, algún asesor político le aconsejó a Enrique Peña Nieto, dar a conocer a los mexicanos la designación de Arturo Escobar por conducto de otra persona que no fuera el propio Presidente de la República. Era de esperarse que esta afrenta del gobierno peñanietista causaría malestar y rechazo en los sectores de la población mejor informados.
Aunque el presidente Peña, en su mensaje del 2 de septiembre, en ocasión de su tercer informe de gobierno, enfatizó que “No es momento para empezar de cero, ni de improvisar o actuar a partir de ocurrencias”, le bastaron escasos siete días para caer en una contradicción que pone al descubierto, una vez más, su inconsistencia e incongruencia, entre el decir y el hacer. Al ocurrírsele pagar las complicidades y los servicios político-electorales que el PVEM ha proporcionado al PRI, con la designación de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la secretaría de Gobernación.
Es entendible que partidos políticos de diferentes tendencias ideológicas pacten alianzas, en determinados casos y circunstancias legítimas, para sacar adelante acuerdos en beneficio del país y los mexicanos. Pero es inmoral y deshonesto que las lleven a cabo para ayudar al partido más fuerte a conservar su hegemonía, a sabiendas que serán retribuidos con prebendas y cargos públicos, como ahora ha ocurrido con Arturo Escobar.
La designación de éste constituye una grosera burla de Peña Nieto a la sociedad. Desde ningún ángulo estamos frente a una medida presidencial inteligente y aceptable. Sino una sucia maniobra recompensatoria.
El administrador de las voluntades del PVEM, no es idóneo para ocupar la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, no por conocimientos ni capacidad y menos, aún, por cuestiones de autoridad moral.
Debido a las múltiples deficiencias e insuficiencias que tienen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación –que por cierto, los convierte en verdaderos bodrios– no se estipulan las funciones específicas ni genéricas que corresponden a la subsecretaría que Peña Nieto obsequió a Arturo Escobar.
Sin embargo, la terca cotidianidad revela que ese importante cargo público tiene que ver con actividades relacionadas con el combate a la delincuencia. Y Escobar, desde tiempo, camina plácidamente en el farragoso ámbito de la delincuencia política.
Durante un proceso electoral anterior fue sorprendido en el aeropuerto chiapaneco de Tuxtla Gutiérrez portando un millón de pesos en efectivo, presuntamente para comprar votos y pagar de inmediato. Más recientemente, en el proceso que culminó en las elecciones del inmediato anterior mes de junio, Arturo Escobar fue el artífice de los reiterados desafíos en que incurrió el PVEM, al violar sistemáticamente la ley electoral. Además se declaró partidario de incluir en la legislación mexicana la pena de muerte para delincuentes.
Sólo a Peña pudo ocurrírsele designar a Arturo Escobar y Vega, para que montado en la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de la Segob, aplique las políticas públicas, del gobierno peñanietista, destinadas a prevenir la delincuencia que asuela al país, cuando este delincuente electoral asoló a la nación entera violando el Código Federal de Procedimientos Electorales. ¡Vaya forma de mover a México, moviéndolo hacia la ilegalidad!
Es indiscutible que el Presidente de la República tiene derecho a designar a sus colaboradores, sin embargo, cuando hace una designación evidentemente inadecuada y absurda, como ésta, debe estar abierto a recibir las críticas de sus gobernados. En esa dirección transitan todas las inconformidades causadas por el errático nombramiento de Arturo Escobar.
Numerosas organizaciones sociales solicitaron a Peña Nieto la revocación del nombramiento de Escobar al considerar que éste personifica “la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad”.
Entre esas organizaciones no gubernamentales se encuentran: Asociación para el Desarrollo Integral de la Personas Violadas, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, Centro de Estudios Ecuménicos, Cause Ciudadano, Católicas por el Derecho a Decidir, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, Asamblea Popular de Familias Migrantes, Casa del Migrante de Saltillo y Sin Fronteras.
Once de esas organizaciones sociales acordaron romper su relación con la secretaría de Gobernación por considerar que Arturo Escobar está lejos, pero muy lejos, de reunir el perfil idóneo para tratar con él.
Muchos mexicanos nos preguntamos si el exlegislador del PVEM tiene la calidad y autoridad moral para garantizar que la subsecretaría a su cargo cumpla eficiente y escrupulosamente con los siguientes objetivos que tiene encomendados por el Reglamento Interior de la secretaría de Gobernación:
- Proponer, coordinar, implementar y evaluar políticas públicas, programas, estrategias, proyectos, protocolos y acciones en materia de participación ciudadana para la prevención social de la violencia y la delincuencia.
- Concertar la colaboración institucional entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de metas y objetivos en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia
- Proponer y promover ante las instancias competentes la inclusión de contenidos relativos a la participación ciudadana en la prevención social de la violencia y la delincuencia en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas implementados por las autoridades correspondientes y
- Participar en la suscripción de convenios y vigilar el cumplimiento de acuerdos y proyectos establecidos con los distintos órdenes de gobierno y los sectores social, privado e internacional en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Si Enrique Peña Nieto no quiere continuar metiendo en su maltrecho y atiborrado bagaje presidencial, más desprestigio, como el que le han acarreado la fraudulenta y fallida licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, los escándalos protagonizados por su gobierno con el Grupo Higa y la empresa española OHL, su ineptitud para esclarecer el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya y Tanhuato, el nulo crecimiento de la economía nacional, más el que se le acumule a partir de ahora, 21 de septiembre, al 1 de diciembre de este año –fecha en que cumple el 3er. aniversario de su gobierno–, debe rectificar el error que cometió al pagar, con el nombramiento de Arturo Escobar, una factura por los servicios políticos que le proporcionó el PVEM al PRI en las elecciones de 7 de junio.