Hablar de un México democrático tiene que ver con la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar su raza, su credo o ideología. La ley como tal tiene es principio de observancia general.
Sin embargo, sabemos que transitar hacia esta igualdad ha sido un camino largo y complicado, del que vamos avanzando como sociedad y, en materia de leyes, poco a poco consolidamos una estructura firme y sostenida.
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Hace apenas unos días, junto con mi compañera diputada Silvia Tanús Osorio, presenté la iniciativa para reformar la Constitución local y la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades indígenas, con el propósito de que en ningún caso las prácticas comunitarias limiten los derechos políticos electorales de los habitantes de pueblos y comunidades indígenas.
Esta reforma tiene como objetivo establecer principios de igualdad y equidad con perspectiva de género en materia político electoral de mujeres y hombres indígenas.
También, determina la garantía de que las mujeres y los hombres indígenas ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados.
Asimismo, en la esencia de la iniciativa se incorpora que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
Se trata de llevar a su máxima expresión los derechos que una nación democrática debe garantizar, sobre todo si tomamos en cuenta que nuestro país es un mosaico pluriétnico del que no solo debemos comprenderlo sino respetarlo.
De manera particular, en Puebla, el estado reconoce que tiene una composición pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas: Náhuas, Totonacas, Mixtecas, Tepehuas, Otomíes, Popolocas y Mazatecas.
Estas etnias se asentaron en el territorio que actualmente ocupa el territorio poblano desde la época precolombina y conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que les son propias.
Es por eso que la iniciativa delimita las bases sobre las cuales, se establecen las medidas y procedimientos que permiten hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas, como se desprende del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Es por ello que siguiendo la ruta de reformas que se han ido consolidando en los últimos tres años, nos parece fundamental promover la igualdad de derechos electorales de los pueblos indígenas, respetando usos y costumbres sin vulnerar la ley.
Un México de igualdades, es un México de prosperidad.