Ni el final de la telenovela más exitosa de la Gaviota (Destilando Amor) fue tan predecible como la conclusión del Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade sobre el escándalo de la Casa Blanca. No hay delito imputable a la familia presidencial ni a Luis Videgaray, Secretario de Hacienda.
Un expediente de 60 mil páginas analizó el órgano federal para determinar que nadie cayó en conflicto de interés en la adquisición de sus costosísimas propiedades.
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Aunque el gobierno federal dio carpetazo jurídico a la investigación que develó el equipo informativo de Carmen Aristegui, es otro hecho que hunde a la figura presidencial y a las instituciones.
Es innegable que la difusión de la Casa Blanca cimbró el gobierno de Peña Nieto, de otra manera hubieran evitado la aparición malhumorada de la señora Rivera sobre el origen del "nido de amor".
A toro pasado, el Presidente dijo tras la clausura de la 38° Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública: "Les ofrezco una sincera disculpa por los hechos que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos.... La investigación muestra que tanto la conducta de mi esposa como la mía estuvieron apegadas a la ley".
Peña Nieto aceptó que el comportamiento de los gobernantes y funcionarios públicos no deben suscitar “sospechas ni malas interpretaciones” y señaló que los mexicanos han ido perdiendo la confianza en las instituciones.
Y, como era lógico Luis Videgaray secundó la acción de su jefe pero a través de Twitter: "Asumo la resolución de la Función Pública con humildad y perspectiva. Entiendo que mi actuación en el caso referido, si bien fue apegada a la ley y a la ética, generó una percepción que contribuyó a deteriorar la confianza en las instituciones".
La duda radica en que el primer círculo del poder en México goce de una fortuna que ha labrado desde el sector público, si bien es cierto que en los escalafones más altos del gobierno hay buenos salarios es difícil entender que esos niveles de riqueza sean ajenos a la corrupción y el tráfico de influencias.
Por otra parte, en el ánimo de transparentar los bienes personales y desactivar críticas a futuro, al inicio de la administración federal, Angélica Rivera debió informar los frutos de su carrera artística; si todo es legal, no había nada que temer.
En fin, el escándalo de la Casa Blanca ya es cosa juzgada en términos jurídicos, sin embargo la percepción es que la Secretaría de la Función Pública está muy lejos de garantizar el cumplimiento a la ley y sancionar el abuso de poder sin importar el rango del funcionario.
Lo mismo sucede en los estados y municipios donde los contralores actúan bajo el ordenamiento de gobernadores y alcaldes sin ninguna independencia, y diría que hasta asumen roles de complicidad según la gravedad del caso.
Definitivamente el nombramiento de los contralores no debe recaer en el Poder Ejecutivo ni tampoco en los Congresos sino en el seno de las universidades debido a su visión y anhelo de que en México la rendición de cuentas deje de ser una simulación.
Por lo pronto, otra vez no pasa nada. La ley de responsabilidades es letra muerta. No hay manera de sentar un precedente contra la impunidad en esas esferas privilegiadas. Los funcionarios se han acostumbrado a disculparse y dar vuelta a la página.
Lo peor es que la indignación ciudadana se diluirá en breve porque así somos; vamos transitando entre escándalos y tragedias. El país no se ha detenido por más pobres, 43 estudiantes desaparecidos ó la fuga del Chapo; mucho menos por una "sospecha infundada", ¿Verdad señor Presidente?
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