Los golpes jurídico-políticos asestados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mediante las decisiones adoptadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que niegan “la protección de la justicia federal contra la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a maestros inconformes con el sistema de evaluación docente.” y la creación de un “frente común” en defensa de la Reforma Educativa, por padres familia, maestros, por la sociedad en su conjunto, Secretarios de Educación locales y por los tres órdenes de gobierno "Con el propósito de impulsar la calidad educativa, la equidad y la inclusión que alienta la Reforma Educativa, y priorizar el interés superior de la infancia y la juventud” (http://goo.gl/5VQFpJ), parecerían golpes mortales en contra de la disidencia magisterial, si no fuese por que la voluntad de trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, maestras y maestros manifiesta lo contrario; incrementan sus protestas y movilizaciones, definen estrategias y se preparan para llevar a cabo un movimiento popular y prolongado de resistencia civil.
Acusada la SCJN por "esta(r) sujeta a las órdenes de organismos empresariales como Mexicanos Primero y del gobierno de Enrique Peña Nieto" y por emitir un fallo que “ya esperaban” (http://goo.gl/VmGsVk), mediante el que declararan que la aplicación de los artículos 52 (evaluación obligatoria del desempeño docente, de dirección de plantel, supervisión escolar del la Educación Básica y Media Superior), 53 (causales para dar por terminada la relación laboral “sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado,”, esquemas de tutoría para quienes resulten no idóneos en las evaluaciones), 76 (separación del servicio por 3 faltas consecutivas o discontinuas en un lapso de 30 días “sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”), octavo transitorio (obligación para que quienes tienen nombramiento definitivo se “ajusten” a los procesos de evaluación y a los programas de regularización establecidos, se acojan a programas de retiro “voluntario” y quienes sean omisos al sustentar la evaluación y decidan no incorporarse a los programas de tutoría, sean separados del servicio “sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado,”), noveno transitorio (lineamientos para que quienes detenten una plaza sujeta a un nombramiento provisional continúen en sus funciones al término de la evaluación, sujetos en caso de reprobar, al término de la relación laboral “sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado”, cuando, o bien no participen “en los procesos de evaluación” o no se incorporen a “los programas de regularización”) era constitucional por prevalecer en todo momento, de acuerdo a criterios de la Corte, el derecho superior de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad, sobre los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la educación Gracia.
Más artículos del autor
Sin embargo Gracia, las victorias pírricas se desvanecen ante el rechazo mostrado por un número creciente de maestras y maestros ante la Reforma Educativa, del tiempo transcurrido en la instrumentación -de los tiempos políticos que vivirá la nación con vista a la sucesión presidencial del 2018 y de la ausencia de un contenido programático actualizado, acorde a la modificación de planes y programas de estudio.
Aparentemente derrotados por las medidas generales instrumentadas por las autoridades educativas federales avaladas por la corte y con la complicidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Juan Díaz de la Torre, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, maestros y maestras del SNTE y de la CNTE se manifiestan en repudio “a la evaluación punitiva” a través de redes sociales, marchas, manifestaciones y mítines. Determinan, que a pesar de los concursos de promoción convocados por la Coordinación del Servicio Profesional Docente (CGSPD) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los ingresos, ascensos y promociones autorizados oficialmente “no pasaran” y no permitirán, por lo menos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, el ingreso a sus escuelas, a quienes estén avalados por las Direcciones de Recursos Humanos de las dependencias educativas. Establecen que acudirán “a todos los medios legales y amparos ante instancias y organismos internacionales” para revertir el fallo, pero que sobre todo recurrirán a la alianza con madres, padres de familia y organizaciones sociales enfrentadas con los gobiernos locales y con la administración federal. Estudian en colectivo, medidas “contundentes” para frenar a la reforma educativa y “para revertir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Apuestan al desmoronamiento de una administración cuestionada por la corrupción del titular del ejecutivo federal y de sus principales alfiles que se reproduce en casi todas las entidades, a la ineficiencia financiera mostradas por la devaluación de la moneda mexicana, al encarecimiento del costo de la vida y de la canasta básica, al incremento de la inseguridad y a la violación flagrante de los derechos humanos, a las desapariciones forzadas, al boato mostrado por la familia presidencial y al cambio de gobierno y de administración gubernamental. Buscan imponerse a victorias fácilmente reversibles por la movilización social.