Aceptar que la corrupción está en el ADN nacional sería un error pero la ilegalidad ha ganado espacios en muchos ámbitos de la vida; lo mismo en una falta vial, una extorsión "periodística", contratos de obra pública, arreglos políticos, el negocio del fútbol, etc, etc, etc...
Un radioescucha preguntó esta semana a través del WhatsApp ¿Por qué si el gobierno roba, yo no? Le dije que su escala de valores le daría esa respuesta; lamentablemente no escribió más.
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La ambición es la sangre que corre en las venas de los corruptos (el que sugiere, el que ofrece, el que paga, el que acepta, el que repite la acción, el que convence a otros). Es un cáncer agresivo por muchas razones; aunque la ausencia de valores es el centro de la enfermedad.
Si en los últimos seis años, México ha caído 31 lugares - de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional- y en todas las entidades más del 65% de la población percibe corrupción en el sector público, hay un grave problema en crecimiento.
La investigación de María Amparo Casar (con respaldo del CIDE e IMCO) fue numéricamente reveladora, el 91 por ciento de los mexicanos percibe corrupción en los partidos políticos, el 90 por ciento en la policía, 87 por ciento en las oficinas públicas, el 83 por ciento en el Poder Legislativo y 80 por ciento en el sistema judicial.
En los últimos 18 años, el número de notas de la prensa sobre corrupción pasó de 502 a 29 mil 505; no quisiera pensar que los jóvenes que por primera vez emitirán su voto el próximo 7 de junio, irán a las urnas a elegir la opción menos corrupta.
Ni tampoco me gustaría creer que los uniformados que han deshonrado su deber público exigiendo ó aceptando "mordidas", siguen en activo ó ascendieron de puesto coaccionando a los recién graduados de la academia ó amenazando a los buenos policías.
Me gustaría pensar que los diputados no ponen precio a dictámenes de cuentas públicas ni los senadores venden votaciones contrarias a los designios de las mayorías.
Quisiera pensar que en México, todos los jueces y magistrados son autoridades honorables que jamás se atreverían a lapidar su profesionalismo ni la confianza ciudadana aceptando sobornos para retrasar sentencias, encarcelar a inocentes ó liberar a culpables.
Si la corrupción institucional lacera la economía, los pagos extraoficiales que realizan el 75 por ciento de las empresas mexicanas para agilizar trámites u obtener licencias y permisos también ha provocado fuga de impuestos y precariedad del empleo.
Los gobiernos que ponen el pie al empresariado propician voluntaria o involuntariamente la corrupción. No me parece justo que un comerciante de buena fe enfrente una pesadilla burocrática pero tampoco que una firma constructora reparta cheques a funcionarios públicos para obtener licitaciones a la mala.
Afortunadamente el dinero sucio tarde o temprano termina evidenciando a sus promotores, a través de investigaciones oficiales, notas informativas, denuncias en redes sociales, ó lo más actual, grabaciones ilegítimas que saltan al dominio público principalmente en coyunturas electorales.
Habrá quienes piensen que ningún esfuerzo será suficiente para detener la corrupción porque estamos muy resignados al "dejar hacer, dejar pasar"; en ese esquema ha basado su éxito el engranaje del sistema político mexicano; y también muchos ciudadanos que prefieren transitar por una vía corta que asumir sus responsabilidades.
Ahora que México ha celebrado la promulgación de la nueva ley anticorrupción, solo hay dos caminos: Aplicar la ley y castigar al delincuente sin importar su peso político o económico ó fingir que "no estamos tan mal" y seguimos en caída libre.
Lo ideal es que el corrupto no solo cargue con el desprestigio público sino que pise la cárcel. No hay más.
Mi cuenta en Twitter @estradapaty