Exigen revertir la suspensión indefinida de la evaluación docente “para así salvar la tan necesaria reforma educativa” (desplegado Mexicanos Primero), advierten que la decisión “atenta” en contra del marco legal del sistema educativo nacional en general, incluido el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señalan que en particular, transgrede principios establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente (comunicado 20 INEE, http://www.inee.edu.mx), reivindican de motu propio, derechos de niñas. niños y adolescentes, de suspirantes a ocupar una plaza de nuevo ingreso al servicio profesional docente, de autoridades educativas locales que no contarán con un instrumento adecuado para contratar personal “idóneo” y aducen violación a derechos humanos de todos ellos y pedirían en consecuencia, “formalmente la renuncia del titular de la SEP”(http://goo.gl/4Q8hCi) por incapaz y no aplicar la ley, pero ignoran, todos los anteriores, que la suspensión temporal de las evaluaciones permitiría la revisión de un tema que ha crispado a amplios sectores de la sociedad, incluidos maestras y maestros que a lo largo y ancho del país se han manifestado en contra de una reforma educativa que les ignoró, sin importar organización sindical que les represente.
¿Que la suspensión indefinida de las evaluaciones previstas en la LGSPD significaría el fin de la Reforma Educativa? ¿Qué los trabajadores y las trabajadoras de la educación se encuentran en contra de la evaluación de su desempeño? ¿Qué con la medida se quebranta la calidad con la que debiese educarse a los y las menores y a los y las adolescentes?, serían preguntas, que emanan de los cuestionamientos y exigencias manifestadas por diferentes actores del que-hacer educativo nacional, que no necesariamente tendrían solamente una contestación de acuerdo a la lógica con la que se plantean. Para responder tendríamos que ir por partes Gracia, y repreguntaríamos a efecto de seguir con el discurso, qué ¿a cual reforma educativa se refieren?, si a la consensuada con partidos políticos, anunciada por Enrique Peña Nieto con soporte en un Pacto por México y plasmada en modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales, constreñida únicamente al rubro laboral, o a la que
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la sociedad en su conjunto desearía en función de un proyecto de nación definido por consenso de acuerdo a fines y principios establecidos en el 3 de la Constitución. Para hablar de un cambio en la forma al educar, de una reforma educativa, tendríamos que referirnos a todo el proceso en su conjunto y no sólo a los y las que transmiten el conocimiento. De que serviría que las instituciones contaran con los mejores docentes, si planes, programas y contenidos curriculares se encuentran anquilosados, fuera de foco, si las escuelas carecen de la infraestructura mínima para el desarrollo de las actividades, de energía eléctrica, talleres y laboratorios, acceso a internet, si no existen programas de tutoría y acompañamiento para la actualización del personal docente y no se mejora la formación de los y las estudiantes de la escuelas normales, si los niños asisten hambrientos y cansados y si no cuentan con los útiles escolares requeridos. Centrar la reforma educativa sólo en la evaluación de los y las docentes sin tasar al resto del sistema es perverso y mal intencionado.
¿Que los y las docentes no se quieren evaluar?, mentira Gracia. Lo que no quieren es prestarse a simulaciones ahora reconocidas por la Secretaría de Educación Pública mediante el boletín 129 que circuló ampliamente por la red y que muestra la incapacidad de las autoridades educativas federales para iniciar una transformación educativa de fondo. Rechazan evaluaciones diseñadas para correrlos del servicio y tildarlos de “no idóneos”, pretensión de conspiradores para marginar del servicio educativo a personal docente mayor de 50 años y a normalistas recién egresados, quienes serían sustituidos con egresados de universidades, quienes por cierto, obtienen las mismas calificaciones en los exámenes de ingreso según informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Francisco Martínez, ex Director –fundador- General Adjunto del Instituto Nacional de Evaluación recuerda que a partir del 2008 se aplica un examen de ingreso al servicio docente, elaborado por representantes de todas las entidades y coordinado por la Dirección de Evaluación de la SEP cuya experiencia se fue al bote de la basura por que alguien en el INEE decidió contratar al CENEVAL -pingüe negocio- fuera de cualquier proceso licitatorio en contravención a la ley de adquisiciones, que las pruebas PRONAP y la evaluación de la escuelas normales se remontan a finales de los años 90 y al 2004 y que México participa, desde 1995, en las evaluaciones nacionales e internacionales de alumnos.
¿Que la suspensión de la evaluación atenta en contra de la calidad educativa? Estaría por verse Gracia si recurrimos al concepto definido en el parágrafo D) del inciso II del artículo 3 de la Constitución (Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;) que le norma. La descripción nos remite a un proceso de mejora continua (del sistema educativo) que imbricaría contar con un presupuesto educativo suficiente equivalente al 20 por ciento del Producto Interno Bruto, con una estructura educativa al servicio del alumnado, de la escuela, de la comunidad y de madres y padres de familia, con funcionarios de SEP, aún los del más alto nivel “idóneos” que aprueben evaluaciones de ingreso al servicio profesional y cubran el perfil, de las y por las comunidades escolares, con medios de comunicación que refuercen y no destruyan los principios y los fines establecidos en la Constitución. Creo que la suspensión de la evaluaciones Gracia, otorga una nueva oportunidad para construir mediante el diálogo y el consenso, la Reforma Educativa que todos querríamos y que México necesita, incluidas las pretensiones de quienes, empresarios, se encuentran embozados en asociaciones civiles.