El pasado 27 de abril del año en curso, académicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), entregaron al Presidente de la República Enrique Peña Nieto en el Museo de Antropología, el Informe y propuestas sobre justicia cotidiana en México, en el cual, una de las conclusiones más sobresalientes, es que la justicia en nuestro país es lejana e incompresible, debido a que personas entrevistadas opinan, que el sistema de justicia es corrupto y cuando los juicios avanzan es por la existencia de sobornos, además de que son largos y con una infinidad de obstáculos para su desarrollo y solución.
Como dato adicional de entre 99 países, México se ubica en el lugar 79 en el índice del estado de derecho. El informe en cuestión, se realizó como una estrategia a raíz del caso de Ayotzinapa.
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En el proceso para obtención de información y recomendaciones también participaron, otras instituciones académicas así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados.
El producto es un documento con 217 recomendaciones en materia de justicia cotidiana y un plan con 20 acciones que pueden efectuarse de forma inmediata, claro, si hay voluntad política y se le da importancia real y no se use este esfuerzo académico, como una acción mediática a propósito del proceso electoral que tenemos.
Son tres los temas de relevancia que requieren atención inmediata, según los especialistas que participaron en el estudio; el primero, es evaluar la política pública federal en materia de justicia, el segundo consiste en crear centros de asistencia jurídica para apoyar a quienes tiene un conflicto y el tercero, refiere a analizar los programas de formación de abogados y la regulación de su ejercicio.
Si bien es cierto, estos tópicos son problemas estructurales que en un sexenio no tendrán solución en su totalidad, dejar que sigan creciendo como se ha hecho hasta ahora por los gobernantes emanados de los diversos partidos políticos, abonarán al distanciamiento entre la sociedad y las instituciones del Estado.
Y es que los resultados obtenidos a través de esta investigación, evidencian el hecho que las “famosas reformas estructurales” que se han llevado a cabo, no han considerado las principales problemáticas que se han agravado a últimas fechas en México: la violencia y corrupción… pero entonces… el estado que guarda la justicia en el país, me lleva a reflexionar: ¿qué tipo de leyes están haciendo entonces los legisladores?, ¿bajo qué criterios hacen reformas y crean nuevas leyes?, ¿qué tipo de justicia imparten jueces y magistrados?, ¿qué tipo de instituciones han creado nuestras clases gobernantes?, ¿qué tipo de abogados se están formando en las universidades tanto públicas como privadas?, los hechos valen más que mil palabras, en fin… pero lo peor, es que quienes se desempeñan en la burocracia de la justicia y legislativa, ganan sueldos de más de cien mil pesos mensuales más mordidas y ¿para qué?, si los ciudadanos no confían en su trabajo, porque viven a diario las decisiones arbitrarias de quienes ejercen autoridad, los cuales entre otros factores, se aprovechan de la escasa o nula información que los individuos tienen para defender sus derechos.
Con todo esto: ¿no se supone que estamos en un sistema democrático en donde se privilegia el estado de derecho, donde impera la ley solamente? bueno, por lo menos eso es lo que frecuentemente escuchamos en los discursos de nuestros gobernantes en los tres niveles de gobierno, ¿entonces todo es demagogia, simulación?
Señoras y señores candidatas (os) de las distintas fuerzas políticas que aspiran llegar a San Lázaro, ¿seguirán el mismo patrón de sus antecesores? por favor, ya no queremos dobles discursos.
Lo positivo de esta compleja realidad, es que esperemos que las recomendaciones hechas por los especialistas en el tema de instituciones educativas de reconocido prestigio, aunque su observancia sea de lago plazo, sean atendidas y su trabajo sea un parteaguas para que se pueda abatir la violencia y corrupción que vivimos a diario…. Vale la pena que en Puebla se haga un ejercicio de esta naturaleza… ¿.lo permitirá el gobernador?.....¿ la BUAP reivindicará su espíritu critico ?. Aun sin la BUAP, ello puede ser posible, ojala exista una convocatoria o iniciativa para ello.
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