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Democracia y lenguaje | Fidencio Aguilar Víquez
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Miércoles, 13 De Mayo De 2026 | Puebla

OPINIÓN

Democracia y lenguaje

Fidencio Aguilar Víquez

Es Doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana. Autor de numerosos artículos especializados y periodísticos, así como de varios libros. Actualmente colabora en el Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV).

Jueves, Febrero 19, 2015

“Él es capaz de desmontar sus convicciones

y volverlas a componer.”

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Elías Canetti, El suplicio de las moscas, I

 

Es impresionante la espuma que puede provocar una falacia. En la última sesión del instituto electoral local, por parte del representante del partido naranja éste señaló, en plan de profeta de la catástrofe, que con una serie de modificaciones al reglamento de transparencia, se le quitaba al consejo general la atribución de emitir los acuerdos de clasificación de información temporalmente reservada, y que, al otorgar el consejo esa atribución al comité de transparencia, que viene haciendo la revisión de que la información propuesta para ser clasificada cumpla los requisitos de la ley en la materia así como de los demás dispositivos legales, se impedía discutir de manera pública los acuerdos de reserva.

Esto no es así ni lo ha sido. La falacia consiste en lo siguiente: el consejo general delega su atribución, que no es lo mismo que quitársele. En eso tiene razón el representante naranja, ya no será el consejo el que emita los acuerdos de clasificación. Pero supongamos que esta premisa es verdadera, ¿de dónde se concluye que al delegársele al comité dicha atribución se impide discutir de manera pública los acuerdos de clasificación? La conclusión es falsa. Tan lo es que, desde siempre, las sesiones del mencionado comité son públicas, se invita a todos los integrantes del consejo general (consejeros que no forman parte del comité, representantes de partido y representantes de las fracciones parlamentarias del poder legislativo). Las decisiones seguirán tomándose en sesiones públicas y de manera colegiada por cuatro consejeros y consejeras electorales.

—Ah -dijo nuestro anaranjado personaje- ¡pero es que ahí no acude la prensa! ¡Y si no acuden los medios (de comunicación) hay opacidad! (¡Y eso es lo que ustedes quieren! –pudo haber continuado).

En realidad ese es otro tema. Los medios tienen su función en los sistemas democráticos. ¡Claro, si esos mismos medios, como ocurrió hace algunos años, publican documentos de gastos de ese partido, eso no se llama transparencia, sino filtración! Ahí sí, la prensa no es útil ni es fiel de la balanza para medir la transparencia.

Por otro lado, a nivel nacional, en el Instituto Nacional Electoral, los acuerdos de clasificación de información tampoco los toma el consejo general de ese ente electoral; existe una instancia que se llama órgano garante, presidida por una consejera electoral, una especialista y una directora jurídica y están invitados también los representantes de partidos así como los consejeros del poder legislativo; y existe también un comité de información conformado por funcionarios electorales que no son consejeros. Y no por eso se incumplen las obligaciones de transparencia,

Más todavía, quienes hacen la clasificación, según los lineamientos del órgano electoral federal, son los titulares de las áreas responsables de la información; el comité de información, donde ni siquiera hay consejeros electorales, revisa que se apeguen a las normas dichas clasificaciones y, si hay controversia, el órgano garante define si debe o no clasificarse la información. Y nadie acusa de opacidad ni se rasga las vestiduras porque no haya prensa en esas sesiones.

Como escribió José Woldenberg en el Reforma esta semana, de 1985 a 2015, en treinta años, en el sistema electoral mexicano han habido cambios importantes, relevantes, inimaginables en esos años –hace tres décadas-, la ciudadanización de los órganos electorales, el financiamiento público, el acceso a radio y televisión y la búsqueda de equilibrios, todo ello ha significado una serie de avances fundamentales. Pero está la otra cara de la moneda, la falta de credibilidad en los partidos políticos y en los políticos, la falta de confianza en el régimen electoral por parte de sectores amplios de la sociedad.

“No se requiere demasiada sagacidad para notar las profundas diferencias en las que transcurría y ahora transcurre el proceso electoral. Incluso el ánimo se ha agriado. Lo que ayer fue esperanzador hoy (para muchos) resulta rutinario y depresivo. Hay un humor público escéptico y desencantado.” (Woldenberg, “Lo que va de ayer y hoy”, Reforma, 19 de febrero).

O como también escribió otro estudioso de los sistemas electorales, Víctor Reynoso: “En un sector de la opinión pública se vive un profundo descontento hacia los partidos políticos mexicanos. Algunos han propuesto manifestar ese descontento por medio del voto nulo. Un mecanismo que ha probado ser poco eficaz. Una opción más realista, se dice, sería el voto en contra, en contra del sistema de partidos actualmente existente. Tal como se dio en 1988 contra el sistema del partido hegemónico.” (Reynoso, “Voto antisistema”, e-consulta, 19 de febrero)

A mi manera de ver, lo mejor es que caminemos en las circunstancias dadas, siendo conscientes de que hay mucho por andar y de que, poco a poco, la confección de una nueva credibilidad, más certera, más clara y más inteligente es factible. Hemos avanzado mucho, pero se han complicado también muchas cosas, y es ahí donde se requiere ojo clínico que vea más allá de lo que se ve, que dé cuenta de lo patente y de lo latente, sólo así se pueden evitar las falacias tanto en la opinión pública como en las instituciones de interés público.

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