Esta semana el Procurador de la República anunció en conferencia de prensa los dictámenes del peritaje que confirmaban el asesinato de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos (forzadamente) desde hace 3 meses, lo que “concluyó” con el caso. Este dictamen oficial solo hizo público lo que muchos suponíamos, sin embargo, el caso no está resulto del todo. Ya que el asesinato de los 43 estudiantes solo fue la punta del gran iceberg de corrupción, delincuencia e impunidad que sufren muchos mexicanos. La pregunta que le faltó contestar al Procurador es la siguiente: ¿Cómo vamos a defender a los ciudadanos que viven en zonas controladas por el crimen organizado?
El crimen organizado ha ganado terreno en nuestras instituciones, las cuales permiten el crimen. La desaparición de 43 estudiantes nos permitió entender la magnitud de la problemática, policías, presidentes municipales, procuradores locales de justicia, todos involucrados con el crimen organizado a tal grado que la comunicación entre el Municipio de Iguala y Guerreros Unidos permitió cometer un acto terrorista contra su población sin que otras dependencias federales o estatales pudieran enterarse y actuar en pro de la vida –O al menos eso sostuvieron -.
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En esta ocasión el estado ha asesinado a 43 estudiantes y el recuerdo de crímenes cometidos contra estudiantes en el pasado impulsa a la ciudadanía a levantarse en protestas sociales. Sin embargo, en México han desaparecido alrededor de 22 mil personas entre 2011 y 2014, que no han sido investigadas con tanto rigor como los estudiantes y solo forman parte de una alarmante cifra llena de gente como tú y como yo, hij@s, padres, madres, herman@s que ya no están. El lamentable hecho de Iguala refuerza la tesis de que los Gobiernos han estado implicados en desapariciones forzadas sin que los ciudadanos puedan objetar por su libertad o su vida –“mátenlos en caliente” decía el dictador mexicano Porfirio Díaz-.
Lo que sufrimos hoy en día es un retroceso a la dictadura que se refleja en la nula impartición de la justicia, colusión de grupos poderosos en el Gobierno y un México que parece ser el mismo de hace 100 años, un México violento.
Vivir en México es un acto audaz y atrevido. Audaz porque la autoridad no puede garantizarte seguridad, salud, educación, trabajo, estabilidad económica o el cumplimiento de las leyes, entonces cada persona, familia o comunidad tiene que buscar la manera de acceder a sus derechos, por ejemplo las policías comunitarias, lamentablemente lo que sí puede asegurar nuestro gobierno es televisiones digitales; es atrevido vivir en el país porque el hecho de que la ley solo valga en ciertas ocasiones permite que grupos delictivos o adinerados (muchas veces son los mismos) tengan el poder de terminar con tu vida si les parece conveniente, entonces, hay que esperar que nuestras acciones diarias no sean atrevidas para algún individuo o grupo poderoso, por que podrían sumarte a los 22 mil desaparecidos sin ningún problema.
Por lo tanto, el crimen contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa no culmina con una sádica declaración del Procurador de la República. Ahora debemos de evitar que estas atrocidades vuelvan a pasar, porque de nada sirve saber que los han asesinado si no van a cambiar las prácticas criminales del Estado y propuestas para estos problemas no están en el decálogo del Presidente. Entonces, me permito continuar con el tema de los 43 estudiantes asesinados con una pregunta al Procurador de parte de los mexicanos ¿Cómo podría asegurar que no va a pasarle a otro individuo lo mismo que les pasó a los 43 normalistas? Esas son las respuestas que busca México, no un guión sádico de las muertes.